El debate sobre el papel del Congreso de nuestro país ha cobrado una relevancia sin precedentes en los últimos años. No es desconocido para nadie que, a pesar de ser un pilar fundamental de nuestra democracia, el Congreso se encuentra cada vez más deslegitimado. Escándalos de corrupción y decisiones polémicas han erosionado la confianza del pueblo en este organismo, y han generado voces que claman por su disolución o reformas drásticas. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre las implicaciones de tales propuestas y comprender la verdadera función que tiene el Congreso en nuestro sistema político.
Es innegable que el Congreso enfrenta un reto monumental. Los escándalos han dejado una huella profunda, afectando no solo la percepción pública, sino también el funcionamiento de la democracia misma. Pero, si bien es necesario reconocer y enfrentar estos problemas, no podemos olvidar que el Congreso fue creado para ser la máxima representación de la voluntad popular. Solemos caer en la trampa de pensar que, porque algunos legisladores han actuado de manera cuestionable, la institución en sí debe ser desmantelada o cerrada. Este es un grave error que podría tener consecuencias devastadoras para nuestra nación.
La idea de cerrar el Congreso es, en esencia, una propuesta que genera mucho riesgo; significaría eliminar la representación popular que tanto hemos defendido. El Congreso, aunque imperfecto, es el espacio donde se discuten y se toman decisiones sobre los asuntos que afectan a todos los colombianos. A través de él, los ciudadanos tienen la oportunidad de ser representados, de alzar su voz y de influir en la construcción de leyes que rigen su vida cotidiana. Al proponer su cierre, se corre el riesgo de anular esta representación, dejando al pueblo sin la capacidad de influir en el rumbo del país.
Uno de los aspectos que ha reavivado este debate es la reciente negativa del Congreso a aceptar ciertas consultas populares. Es aquí donde se pone de manifiesto la función que realmente cumple este órgano: tomar decisiones en nombre del pueblo. La facultad del Congreso de aceptar o rechazar iniciativas, incluidas las consultas populares, no sólo es un derecho constitucional, sino que es un deber que debe ser analizado y debatido. En un estado democrático como el nuestro, es completamente legítimo que el Congreso evalúe la pertinencia y viabilidad de estas consultas, y decida en consecuencia.
Claro está que la necesidad de renovación es innegable. La sociedad colombiana demanda un cambio. La falta de confianza en nuestros representantes nos exige buscar nuevas formas de hacer política y de elegir a nuestros líderes. Sin embargo, la solución no radica en desmantelar las instituciones, sino en fortalecerlas. Cualquier intento serio de reforma debe centrarse en mejorar la estructura actual, en lugar de erradicarla. El camino hacia una democracia más sólida se construye fortaleciendo nuestras instituciones, no debilitándolas.
