Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, y Germán Casagua, alcalde de Neiva, se mostraron de acuerdo con la reforma al Sistema General de Participaciones, proyecto que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Ya que, según lo manifestado, el Gobierno es muy centralista a la hora de financiar obras públicas.
Diario del Huila, Huila
Por: Anderson Hernández
El Sistema General de Participaciones, es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos, recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
Este mecanismo está estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991. El SGP, se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
El centralismo
Ahora ante la reforma al Sistema en mención, aprobada en la Cámara de Representantes, quisimos conocer la posición de la institucionalidad, al respecto, Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, manifestó: “es algo que hemos venido liderando los gobernadores a través de la Federación Nacional de Departamentos. Enhorabuena, ya aprobado por el Congreso de Colombia y esto es hacer justicia, lo que previó la constitución de 1991 que hubiera un SGP, que le trasladara recursos a las regiones, hasta el 48% de los ingresos corrientes”.
El funcionario, develó que, las reformas de los años 2001 y 2007, se vinieron abajo esas pretensiones económicas.
“Ahora se tenía previsto llegar al 48% y lo que se vio, fue una posición regresiva que incluso estuvo en el 20%, y lo que hemos visto son pocos recursos y centralismo, frente a las decisiones para el financiamiento de las obras públicas e incremento de nuevas funciones”, resaltó el mandatario.
Esta reforma, iniciaría en el año 2027, y el gobernador destacó que se fortalecen los entes territoriales, en el decenio que llega.
Recursos para el Departamento
En este sentido, la región, recibiría el 23% de los ingresos corrientes de la Nación, distribuido a los municipios y departamentos.
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“Para educación ingresaron $600 mil millones, y cerca de $90 mil millones a salud, recursos, que llegan del SGP, pero nos faltan recursos especialmente para otras competencias que están llegando. Necesitamos que el ente territorial, sea autónomo y no dependa en demasía del orden nacional, porque por ejemplo para tramitar un proyecto de regalías, es un completo viacrucis y si no pasa el plan, hay que iniciar de ‘cero’ y en ese aspecto pueden pasar seis meses. La ‘tramitología, es algo que atenta contra los principios de eficiencia y eficacia”, puntualizó el gobernador.
Sin autonomía
Por su parte, Germán Casagua, alcalde de Neiva, manifestó que la Carta Magna, establece una autonomía de los entes territoriales, pero en la práctica, no se presenta.
“Existe un centralismo marcado, que nos afecta. Obviamente, al aumentar las transferencias del Sistema General de Participación, nos beneficia enormemente, disminuye esa concentración, ese poder que existe del Gobierno Nacional. Así que este aspecto lo vemos con optimismo, ya en el caso de Neiva, estaríamos hablando de un incremento de cerca de 2.5% en recursos”, resaltó el burgomaestre.
El alcalde, agregó lo siguiente, “desde que exista esa distribución de los recursos, de los impuestos que pagan los colombianos, y que lleguen directamente a los entes territoriales, allí los mandatarios sabemos ¿cuáles son nuestras urgencias o prioridades?
Y los recursos que llegarían al Municipio, se destinarían “para el fortalecimiento de la educación, y así disminuir las brechas de desigualdad. También, para aumentar los servicios de salud de la ciudadanía”, resaltó el alcalde.
Sistema General
En este sentido, el Sistema General de Participaciones, es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
Una reforma era importante para el SGP, y así cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo.
Hoy día, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN). La reforma constitucional presentada por el Gobierno Nacional, busca que en adelante los entes territoriales reciban el 46,5% de los ICN.
Aprobaron la reforma
En este sentido, el martes pasado, la Cámara de Representantes, aprobó con 124 votos, la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca redefinir y aumentar la distribución de recursos y competencias entre los territorios y la Nación.
Este proyecto de acto legislativo, prioriza recursos a las zonas más rezagadas del país, la promoción de la asociatividad territorial, la claridad de la necesidad de hacer una reforma administrativa para reordenar eficientemente competencias, entre todos los niveles de gobierno y la inclusión de los 3 años de preescolar dentro de esa destinación de recursos.
Es de resaltar que la opinión general de los representantes, es la de apoyar la intención de esta reforma, que busca lograr la descentralización y saldar una deuda histórica con departamentos y municipios, pues en la Constitución de 1991 se entendía que el principio del modelo centralista no permitía desarrollo en las regiones.
Aspectos negativos
Sin embargo, las voces de desacuerdo estuvieron sobre aspectos como; el plazo de 6 meses para la presentación de la ley de competencias, lo cual para muchos es apresurado e irresponsable. Una mejor delimitación entre recursos y competencias para no duplicar funciones, pero además para disminuir los riesgos de corrupción, un respaldo fiscal realista, delimitación de la responsabilidad frente a los recursos de educación, y el establecimiento del umbral del aumento de las transferencias.
Precisamente sobre ese porcentaje de aumento, la representante Katerin Juvinao defendió su propuesta de que “debía ser del 37%, porque esa fue la recomendación de la Misión de Descentralización, para garantizar la autonomía regional sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país”, sin embargo, esta propuesta fue negada.
Y durante la exposición de la ponencia, el representante Carlos Ardila resaltó que “siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”.
Esta sesión estuvo acompañada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y también hicieron presencia los gobernadores de algunos departamentos, entre ellos, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, quien respaldó la iniciativa y manifestó que a los actuales alcaldes y gobernadores “les ha tocado muy difícil la obtención de recursos que permitan obras de bienestar a las comunidades. Este proyecto no nos beneficiará a los que estamos, porque ese aumento en la transferencia de los recursos empezaría en 2027 y se implementaría gradualmente durante los siguientes 12 años, pero es una forma de proyectar una mejor atención a un futuro cercano para las regiones”.
Con el triunfo de esta reforma en su octavo y último debate, solo le queda ahora la etapa de conciliación.
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