Al menos cinco maestros han sido víctimas de desplazamiento forzado o extorsión por parte de grupos armados ilegales. La Adih denuncia fallas en el reconocimiento del riesgo por parte de la UNP.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
La situación de orden público en el departamento del Huila, particularmente en zonas rurales del sur y regiones limítrofes con otros departamentos como Caquetá y Putumayo, continúa dejando graves secuelas en la vida de los ciudadanos. Una de las más alarmantes, aunque poco visibilizadas, es la de los docentes que, en cumplimiento de su deber, se convierten en blanco de amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados por parte de grupos armados ilegales.
Según recientes denuncias de la Asociación de Institutores Huilenses (Adih) y la Secretaría de Educación Departamental, al menos cinco docentes han sido víctimas de desplazamiento forzado durante los últimos meses, debido a amenazas presuntamente emitidas por disidencias de las FARC. Estos hechos violentos no solo afectan directamente a los maestros y sus familias, sino que también tienen un profundo impacto en las comunidades educativas, muchas de las cuales quedan sin acceso al derecho fundamental a la educación.
Jean Jefferson Pacheco, vicepresidente de la Adih, expuso con preocupación que “nosotros en este momento tenemos cinco activaciones de rutas de los últimos días de maestros, de todas partes del departamento, por amenazas, lo cual produce desplazamientos”. Las amenazas, en su mayoría, son producto de extorsiones relacionadas con su labor como educadores en territorios controlados por actores armados ilegales.
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Territorios bajo control y miedo
El fenómeno del desplazamiento docente en Huila no es nuevo, pero en los últimos meses ha tomado una dimensión más crítica. Varias veredas ubicadas en zonas rurales y fronterizas con otros departamentos se han convertido en territorios de alto riesgo, donde el control ejercido por disidencias armadas impone restricciones a la movilidad, toques de queda informales y amenazas constantes a líderes comunitarios, campesinos y docentes.
Los maestros, cuya misión es llevar educación a los lugares más apartados del departamento, se ven atrapados entre su vocación de servicio y la necesidad de proteger sus vidas. En muchos casos, las amenazas se materializan en llamadas, panfletos o mensajes que les ordenan abandonar la zona, pagar sumas de dinero o cesar su trabajo en la comunidad. De no hacerlo, las consecuencias pueden ser fatales.
“Las denuncias que hemos recibido son por extorsión, por su labor. Los compañeros siguen una ruta la cual es poner en conocimiento de la Fiscalía la denuncia, y la Secretaría de Educación procede a valorar la ubicación de los compañeros dentro de las opciones que tienen, para ubicar al compañero amenazado al otro extremo del departamento, para cuidar la vida mientras se hace el estudio de riesgo”, explicó Pacheco.
La respuesta institucional: entre la urgencia y la omisión
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades departamentales han intentado actuar de manera diligente, activando rutas de protección y articulando esfuerzos con entidades nacionales como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. Sin embargo, desde la Adih advierten que existen serias fallas en el reconocimiento del riesgo, especialmente por parte de la UNP, lo que ha dificultado una respuesta eficaz y oportuna.
Casos concretos han demostrado la desprotección en la que quedan los educadores. “Nos parece grave que una vez la UNP valora el nivel del riesgo, dice que esa situación de extorsión no es producto del trabajo que el docente cumple. Está el caso de un docente que denunció extorsión, y producto de la denuncia capturan a los extorsionistas; tiempo después le matan un hijo, ahora nuevamente está amenazado, y la UNP no ha determinado nivel de riesgo. Al parecer, lo quieren volver a ubicar en el mismo lugar”, denunció Jean Pacheco con preocupación.
Estas inconsistencias en la valoración del riesgo no solo ponen en entredicho la capacidad de protección del Estado, sino que exponen a los docentes a una revictimización que puede costarles la vida. La burocracia y la falta de criterios sensibles al contexto territorial terminan siendo obstáculos para una protección real y efectiva.
Medidas de contingencia: traslados y convenios interdepartamentales
Con el fin de evitar tragedias mayores, la Secretaría de Educación Departamental ha activado medidas extraordinarias como el traslado de los docentes a otras regiones del departamento, generalmente al norte, o incluso fuera del Huila. Para ello, se han suscrito convenios interdepartamentales con entidades educativas de departamentos vecinos, que permiten la reubicación temporal de los maestros en instituciones más seguras.
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Edgar Martín Lara, secretario de Educación del Huila, señaló que “la Defensoría del Pueblo estuvo reunida con la Secretaría de Educación Departamental, verificando cada uno de los casos. Si se está atendiendo cada caso, se dan soluciones respectivas, y entendemos que hay un problema en el servicio educativo por esos casos, pero tratamos de trabajar de manera diligente”.
El funcionario también informó que, en coordinación con la fuerza pública, se han logrado avances significativos en términos de seguridad en algunos lugares del territorio. Esto incluye la captura de personas implicadas en los hechos de amenaza y extorsión, lo que ha permitido mejorar las condiciones de seguridad en ciertas zonas y prevenir nuevos desplazamientos.
El costo humano de la vocación
A pesar de las medidas, el panorama sigue siendo desolador para muchos educadores rurales. El miedo, la incertidumbre y el desarraigo acompañan a quienes se han visto obligados a abandonar sus comunidades, muchas veces sin poder regresar ni tener certeza sobre su futuro laboral. Además, el traslado repentino de docentes implica rupturas pedagógicas, afectaciones emocionales y la interrupción del proceso educativo de cientos de niños y niñas.
Muchos docentes se enfrentan al dilema de continuar ejerciendo su vocación en condiciones adversas o salvaguardar su integridad y la de sus familias. Una decisión que nunca debería ser necesaria en un país que se precia de tener un sistema educativo garantista y una política de paz territorial.
“Los docentes no están pidiendo privilegios, están pidiendo garantías mínimas para trabajar y vivir con dignidad. No podemos permitir que quienes llevan educación a las regiones más apartadas del Huila sean tratados como ciudadanos de segunda categoría frente al Estado”, concluyó el vicepresidente de la Adih.
Un llamado urgente al Estado
La situación de los docentes en el Huila pone de manifiesto la necesidad de una intervención más profunda y estructural por parte del Estado colombiano. No basta con activar rutas de protección reactiva. Es necesario diseñar una política pública de prevención y atención integral que reconozca los riesgos particulares que enfrentan los educadores en zonas rurales y de conflicto.
Asimismo, se requiere una reforma urgente en la manera como la UNP valora los niveles de riesgo, incorporando criterios territoriales, históricos y humanos que reflejen la realidad de quienes trabajan en contextos vulnerables. La voz de los docentes debe ser escuchada y tenida en cuenta en la construcción de soluciones duraderas.
El departamento del Huila, como muchas otras regiones del país, enfrenta aún los rezagos de un conflicto armado que sigue vivo en sus márgenes. Los docentes desplazados son un símbolo de esa violencia silenciosa que sigue truncando sueños, y al mismo tiempo, son también una muestra de la resiliencia y compromiso con el derecho a la educación.
Mientras no se garantice su protección integral, el país seguirá en deuda con quienes, a pesar del miedo, siguen enseñando.
