Esta responsabilidad debe asumirla el municipio de Neiva a partir del 1 de julio con los privados de la libertad. Por fortuna, alrededor de 600 millones es lo que falta para completar los 1.400 que se requieren para dar cumplimiento con esta orden nacional.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
Desde el 1 de julio, el municipio de Neiva debe cumplir con la sentencia donde se estableció que la responsabilidad de la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria debía ser asumida por las entidades territoriales, es decir, por municipios y departamentos.
“La situación que vive nuestra ciudad no es ajena a la que vive la mayoría de ciudades capitales, que hoy están padeciendo el rigor de una ley de la República, la Ley 1709 de 2014, que le trasladó las competencias que tenía la Nación a los entes territoriales”, expresó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.
En cumplimiento de esta disposición, se expidió la Ley 2346 de 2024, que otorga a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la facultad de continuar prestando el servicio hasta el 30 de junio de 2025. A partir de esa fecha, las entidades territoriales deberán asumir en su totalidad dicha responsabilidad. La terminación de los contratos de alimentación por parte de la USPEC responde a factores legales, financieros y operativos.
“En virtud de dicha ley, las alcaldías y los departamentos tienen que construir sus propias cárceles, garantizar la vigilancia y ahora, a partir del primero de julio, darles la alimentación a las personas privadas de la libertad que se encuentran en condición de sindicados. Eso es un problema mayúsculo, ya que los municipios tienen que dejar de invertir en seguridad para invertir en la alimentación de estas personas. Ahí se genera una grave problemática porque la fuente de financiación no fue definida en la ley”, indicó el funcionario de gobierno de Neiva.
Es decir, se trasladaron competencias a los alcaldes sin asignarles los recursos o las fuentes de financiación, lo cual ha puesto en ‘calzas prietas’ a muchos mandatarios locales de Colombia, quienes, a través de la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Colombiana de Departamentos, han elevado su voz al Congreso, a la Corte Constitucional y al Gobierno Nacional para que o bien se prorrogue la entrada en vigencia de esta ley o se asignen los recursos a los municipios para poder cofinanciar esta difícil responsabilidad.
Neiva no contaba con los recursos
En el departamento del Huila, solo Neiva cuenta con centros de detención transitoria, tres en total, y a partir del 1 de julio de 2025 deberá hacerse cargo de esta obligación.
En ese sentido, al inicio, Neiva no contaba con los recursos para empezar a asumir esta responsabilidad. Sin embargo, gracias a las gestiones y al apoyo del gobierno departamental, actualmente se cuenta con una parte del dinero que se requiere para cumplir esta orden.
“Solo para el tema de la ciudad de Neiva, con una población estimada entre 400 personas privadas de la libertad que manejamos más o menos en promedio, tenemos un costo de 1.400 millones de pesos. Eso es una cifra supremamente alta para una ciudad que, con estos recursos, podríamos invertir en tecnología, en equipos, en movilidad, en investigación, en inteligencia policial, pero que ahora tenemos que destinar a la alimentación de estas personas”, manifestó Ducuara.
En Neiva funcionan tres centros de detención transitoria: uno ubicado en las antiguas bodegas de Alpina, otro en el barrio Bogotá (femenino) y el tercero en la estación de Policía de El Caguán, donde albergan en total a 400 personas privadas de la libertad.
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Apoyo del gobierno departamental
En las últimas horas, el gobierno departamental dio a conocer el apoyo que brindará para la gestión de los recursos en esta responsabilidad con las personas privadas de la libertad, aportando 400 millones de pesos.
“Hemos recibido una buena noticia por parte de la Gobernación del Huila. El señor secretario de Gobierno del departamento, el Dr. Juan Carlos Casallas, nos ha manifestado que la Gobernación ha aprobado recursos por el orden de 400 millones para cofinanciar esta obligación. Los 690 millones restantes a los 375 que disponíamos desde un comienzo en la Secretaría de Gobierno van a ser objeto de un traslado presupuestal, el cual tiene que ser aprobado por el honorable Concejo de Neiva para poder tener ya el cierre financiero. Es decir, ya tendríamos el cierre financiero, pendiente a aprobación de los recursos por parte de la Gobernación en el Comité de Orden Público y en el municipio, por parte del honorable Concejo Municipal, para poder darle cumplimiento a este mandato legal, que es la Ley 2346 de 2024”, expresó el secretario.
No obstante, el gobierno municipal continúa insistiendo ante el Ministerio de Justicia y ante la USPEC para que logren avanzar en cofinanciación y en la firma de un convenio con esta entidad que permita, en un tiempo récord, a través de un contrato interadministrativo, darle cumplimiento al mandato legal.
Por otro lado, Juan Carlos Casallas Rivera, secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del departamento del Huila, también se refirió a la buena noticia de apoyar con esta responsabilidad.
“Desde el año inmediatamente anterior, atendiendo un requerimiento que hizo el Ministerio de Justicia, se solicitó a cada uno de los municipios del departamento elaborar y presentar el plan de alimentación para la población privada de la libertad. Solamente obtuvimos respuesta por parte de siete municipios, quienes remitieron el plan de alimentación, la mayoría de los cuales expresó que, atendiendo la cantidad del promedio de población privada de la libertad en condición de sindicados que están recluidos en estaciones de policía, en centros de detención transitoria y que están a cargo de las entidades territoriales, en este caso específico de los municipios”, sostuvo Casallas Rivera.
Con base en esa información, el departamento logró establecer que el único municipio que solicitó apoyo y cofinanciación para garantizar la alimentación de esta población fue el municipio de Neiva, donde vienen articulando una cofinanciación de cerca de 400 millones de pesos para garantizar la alimentación en el segundo semestre de este año, cuando, de conformidad con las disposiciones de orden legal, le corresponde al municipio iniciar la prestación de este servicio.
En ese entendido, los demás municipios donde se cuentan con personas privadas de la libertad no requerían del apoyo financiero del gobierno departamental. Por ese motivo, se destinan los recursos de 400 millones para Neiva.
Hacinamiento
Respecto al tema del hacinamiento en estos centros transitorios, de acuerdo con la más reciente visita de la Personería con la Procuraduría Provincial, se obtuvieron resultados preocupantes.
De acuerdo con el personero Jerson Bastidas, los tres centros transitorios de la ciudad —de los cuales el más grande es el de las antiguas bodegas de Alpina— tienen un cupo para 100 personas y en la actualidad albergan a 278.
“No es un lugar acondicionado o creado originalmente para albergar personas y, como su nombre lo indica, es una bodega. De ahí se derivan una cantidad de situaciones por parte de las personas privadas de la libertad que desconocen esos mínimos esenciales de un ser humano, como por ejemplo la falta de luz natural para poder, de alguna manera, desarrollar la esencia biológica del ser humano, realizar algún tipo de ejercicio o actividad lúdica, compartir con sus familias… Ellos no tienen acceso a visitas, no tienen un sistema de ventilación o refrigeración, ya que allí se presentan temperaturas que pueden oscilar por encima de los 30 °C. Hay situaciones asociadas a la humedad, a la falta de atención oportuna por parte de médicos especialistas, atendiendo patologías de base”, agregó Bastidas.
Por otro lado, está el centro de detención conocido como el CAI del barrio Bogotá, donde reposan 38 personas de sexo femenino en un espacio que está diseñado para aproximadamente 15 personas.
“Tampoco es un espacio adecuado para la reclusión de personas, o por lo menos no en esa cantidad, y de ello derivan el mismo tipo de problemáticas. Este sitio tiene una problemática compleja con su red de alcantarillado producto del uso excesivo, pues es un espacio diseñado para una casa, un lugar seguramente diseñado para máximo unas 10 personas. Una familia, por numerosa que fuese, no superaría seguramente ese número, y están allí habitando un promedio de 40 personas. Esto genera que haya colapsos constantes en los sistemas de alcantarillado y, por ende, que los malos olores y las condiciones de habitabilidad de estas personas no sean las idóneas ni las propicias”, dijo el personero.
Frente al tema de hacinamiento, el secretario de Gobierno de Neiva enfatizó que han mejorado mucho en esta cuestión luego de un fallo por parte de las personas privadas de la libertad.
“Hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Cuando salió el fallo del señor Honorio Muñoz, conocido popularmente como ‘Súper H’, y 159 internos más, teníamos una población de cerca de 372 personas privadas de la libertad. Hoy tenemos un poco más de 270 en las bodegas de Alpina, reduciendo en 100 el número debido a traslados que hemos hecho a otros centros del municipio y de otras regiones del país para poder hacer un deshacinamiento y darles un poco de condiciones dignas a esta población”, concluyó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.
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