La Fiscalía General de la Nación expresó su rechazo a la orden de captura emitida por una sala judicial de Guatemala en contra de la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, por hechos relacionados con su participación en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En un extenso comunicado, la entidad calificó la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del país centroamericano como una violación a normas del derecho internacional, que pone en riesgo la cooperación judicial en la región y atenta contra quienes luchan contra la corrupción.
“El Tribunal desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales”, señaló la Fiscalía, advirtiendo además que los funcionarios de la CICIG, como Camargo, gozan de inmunidad conforme al Acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala en 2006.
La Fiscalía colombiana aseguró que lo que ocurre hace parte de un “contraataque sin precedentes” contra quienes lideran investigaciones anticorrupción en la región, y recordó que estos señalamientos se fundamentan en una interpretación descontextualizada del caso Odebrecht en Guatemala, cuya investigación —dirigida por la CICIG y el entonces fiscal Juan Francisco Sandoval— permitió rastrear pagos de sobornos y establecer una indemnización por más de 16 millones de dólares al Estado guatemalteco.
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El comunicado también hizo eco del informe de la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, quien recientemente alertó sobre un patrón preocupante de criminalización de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala.
“Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional (…), me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, expresó la fiscal general Luz Adriana Camargo en el documento.
Por último, la Fiscalía colombiana reafirmó su compromiso con la cooperación judicial internacional, tras formalizar acuerdos de colaboración e investigación conjunta con Chile, Paraguay, Bolivia y Panamá, durante la más reciente Asamblea de la AIAMP. Además, destacó que cuenta con el respaldo de países europeos y de los Balcanes que también enfrentan retos por delitos como el narcotráfico y la trata de personas.
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