Cada día se escuchan voces de desespero entre los comerciantes y empresarios por la forma como los grupos narcoterroristas están presionándolos para que les paguen vacunas, con el fin de sostener las actividades criminales en la región. Todos los agentes económicos no se sustraen de esta presión delincuencial, que tiene en ascuas a toda la sociedad civil. Miles de empresarios han tenido que cerrar sus negocios y migrar hacia otros países, para proteger sus vidas e integridad física de sus familiares. Las unidades de famiempresas, ni los tenderos se escapan de la presión de estas organizaciones que han establecido sus oficinas en las montañas de Colombia, haciéndoles competencia a las de la Dian en las ciudades. Infortunadamente este accionar ilícito, es producto de la desidia gubernamental para implementar políticas fuertes de seguridad ciudadana. La fuerza pública y los integrantes del ejército nacional, se sienten desbordados por este accionar irracional, producto del debilitamiento progresivo que han tenido desde que se posesionó el primer mandatario de los colombianos. Para la presente vigencia, se disminuyó en más de un 40% de los recursos destinados a la defensa nacional.
Vamos a completar los tres años de su gestión gubernamental y la política de la Paz Total, ha sido un rotundo fracaso. No ha traído un solo resultado para los ciudadanos. Al contrario, ha desarmado al Estado y entregado el país a los violentos. Recientemente, el propio presidente de la Corte Constitucional ha denunciado de una manera demoledora, este flagelo que corroe las instituciones democráticas del país: el repliegue de la Fuerza Pública, ordenado por la política oficial, facilitó el fortalecimiento territorial, económico y militar de los grupos ilegales. Todo, bajo la fachada de un discurso pacifista. Esta política pública, en vez de pacificar, ha armado más al enemigo. Ha deslegitimado al Estado, debilitando a las Fuerzas Armadas y empoderado al crimen organizado. En resumen, Petro ha hecho en casi 34 meses lo que ningún otro presidente se atrevió: ceder el Estado a quienes lo combaten.
Por este motivo, la extorsión se trasladó a las zonas urbanas de los municipios huilenses. Cualquier tienda de barrio, han empezado a pagar vacunas a estos grupos delincuenciales, sin que exista una reacción fuerte del gobierno nacional para contrarrestarlos. El Estado se encuentra desentendido de esta situación. Siguen divagando en la estratosfera y las estrellas, a través de sus discursos llenos de odios de clase y sesgos ideológicos, y afectaciones al sector empresarial entre otros, los cuales están alimentando una confrontación social, que no conduce a construir un sendero coherente para recuperar el crecimiento económico y por ende, al mejoramiento del bienestar de la sociedad colombiana. Mientras los violentos imponen su ley en los territorios, el presidente se dedica a atacar a quienes no lo aplauden y a las instituciones democráticas que no lo respaldan.
