Por: Yamid Sanabria
La crisis estructural del sector arrocero exige encontrar los responsables de la falta de sostenibilidad en la cadena de producción. Hace cuatro meses se realizó un cierre de cinco días que terminó con acuerdos entre productores y el gobierno nacional, pero el regreso de los bloqueos demuestra que no se ha logrado una estabilización de los precios.
Los productores insiten que el gobierno debe intervenir con mayor severidad para regular los precios, mientras el ministerio de agricultura informa que existen múltiples problemas externos, como el contrabando y los TLCs. Es decir, hay unos “sacos rotos” donde el arroz está pasando sin control o desigual en precios, a tal punto, de la quiebra de pequeños y medianos arroceros con pérdidas que oscilan entre $2.500.000 y $2.800.000 por hectárea cosechada, que, según el DANE para el segundo semestre de 2024, la estimación del total nacional para el área sembrada en arroz mecanizado fue de 178.199 hectáreas.
Presuntamente el mayor punto de ingreso ilegal de arroz puede provenir de Ecuador, sumado con el lavado de activos que acrecienta el problema. Allí la DIAN tiene una tarea fundamental para establecer mayores controles fronterizos, así como una articulación con otras dependencias del estado para hacer de la evasión un enemigo común que perjudica la economía nacional de miles de familias campesinas.
Además, las importaciones de arroz por los tratados de libre comercio han deprimido los precios del mercado local, en el 2024, las compras externas ascendieron a USD141,41 millones, mientras que en el 2023 totalizaron en USD87,72 millones, lo que representó un aumento del 61,2%, el principal emisor es Estados Unidos con ventas por USD80,81 millones, en segundo lugar, el ya mencionado Ecuador, con USD48,25 millones y tercero Perú, con USD9,75 millones. Lo cual acrecienta la crisis nacional que sobrevive ante situaciones adversas para su cultivo.
Finalmente, los productores y comercializadores no dan espera, sus principales puntos de negociación son establecer un precio mínimo de $205.000 por carga de arroz paddy verde, tomar medidas concretas contra el contrabando de arroz, revaluar los Tratados de Libre Comercio, y en especial ejecutar de inmediato los acuerdos firmados con el Gobierno en marzo de este año. Hay que “sellar ese saco” con un proyecto de Ley que establezca el fondo de estabilización de precios del arroz, así como insentivar el consumo nacional, es un camino largo pero seguro.
