Colombia ha sido escenario de dos Pactos de Chicoral, separados por más de medio siglo, pero unidos por la disputa sobre la tenencia de la tierra. El primero, en 1972, puso fin a la reforma agraria del Frente Nacional, favoreciendo a los grandes terratenientes. El segundo, firmado en 2024 bajo el gobierno de Gustavo Petro, busca revertir ese legado y democratizar la propiedad rural. ¿Será este nuevo pacto el inicio de una verdadera transformación del campo colombiano o repetirá la historia de frustración campesina?
DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES
Por Alejandro Hernández Moreno
La historia de la tierra en Colombia ya soporta dos pactos de Chicoral. Si bien ambos eventos se definen como “Pacto”, existe una notable diferencia entre los dos: el primero, que data de 1972, se celebró para poner fin a la reforma agraria del Frente Nacional. El segundo, de febrero de este año, para “enterrar el nefasto legado” del primero, según expresión del presidente Gustavo Petro.
En efecto: el pasado 23 de febrero vimos al presidente en el acto de presentación del Pacto por la Tierra y la Vida, celebrado en Chicoral. En su discurso dijo que, en ese lugar, el 9 de enero de 1972, “enterraron la reforma agraria”; y recordó a su tío, quien le hablaba de las tomas de tierra en Córdoba protagonizadas en 1971 por los campesinos en demanda de una reforma agraria. Y de la marcha de cien mil personas a Bogotá que, desde la Plaza de Bolívar, le dijeron al Gobierno que el campesinado demandaba “tierra para el que trabaja” pero que el presidente Misael Pastrana Borrero “no escuchó”.
El Primer Pacto de Chicoral
Este pone fin a un proceso iniciado en 1960 por Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo y terminado en esa población tolimense el 9 de enero de 1972 por Misael Pastrana Borrero. Ese proceso fue un evidente esfuerzo por desarrollar una reforma agraria en Colombia: “tanto por razones de equidad social como por otras de utilidad económica, es necesario que el Estado intervenga en la defectuosa estructura de la propiedad rústica y en la mala destinación de la tierra desde el punto de vista de la explotación en muchas regiones”, según lo expresado por Lleras Restrepo en la ponencia del proyecto de ley que el gobierno encomendó al Comité Nacional Agrario.
En 1960, el presidente Alberto Lleras Camargo, mediante decreto 2061, creó el Comité Nacional Agrario (El Comité), cuya dirección defirió al Primer Designado a la Presidencia de la República, Carlos Lleras Restrepo, con la tarea de preparar un proyecto de ley de Reforma Agraria que fuera sometido a la consideración del Congreso de la República. El Comité fue integrado por veinticinco personas, varias de las cuales se retiraron por diferentes razones, políticas o impeditivas. Y, entonces, sesionó con catorce miembros que, entre el 8 de septiembre y el 21 de octubre de 1960, celebró 28 sesiones, al final de las cuales presentó el proyecto que se convirtió en la ley 135 de 1961 “sobre reforma social agraria”. Paradójicamente, -cuenta Carlos Villamil Chaux en su libro La reforma agraria del Frente Nacional -entre los integrantes del Comité estaba Hernán Jaramillo Ocampo quien intervino en las discusiones desde la cuarta sesión y quien después, como ministro de Agricultura del presidente Pastrana Borrero, “dirigió las actividades que llevaron al Pacto de Chicoral”. Es decir, Jaramillo colaboró en la redacción del proyecto de ley y, después, en su radical reforma.
En virtud de esa ley, la expropiación de tierras era posible cuando fuera necesaria para reformar la estructura social en el campo; mejorar la calidad de vida de los campesinos; incrementar la producción agrícola y pecuaria y promover el uso racional de los recursos naturales y la racional explotación económica de las tierras.
Según el informe de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad (CEV), “Con la presidencia de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), la reforma agraria no solo se frenó, sino que el Gobierno preparaba una contrarreforma. O por lo menos así lo percibieron miles de campesinos que el 21 de febrero de 1971 sorprendieron al país con la toma simultánea de 316 fincas en trece departamentos, en la que participaron 16.000 familias”.
Entonces, el primer Pacto de Chicoral firmado en enero de 1972 fue resultado de la iniciativa del presidente Misael Pastrana para responder a la movilización campesina protagonizada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Para calmar a los empresarios y latifundistas, inquietos por la posibilidad de una expropiación estimulada por la reforma social agraria de la ley 135 de 1961 Y, para mejorar la productividad y aumentar la exportación de productos agrícolas. Lo acordado se concretó en la ley 4ª de 1973.
La ANUC
Alejandro Reyes Posada recuerda en Guerreros y Campesinos: “en una manifestación de campesinos el presidente Lleras Restrepo les dijo que ‘si los grandes propietarios se oponían a la distribución de la tierra, los campesinos debían ocupar las haciendas para forzar la realización de la reforma agraria’, como en efecto lo hicieron. Y agrega que, ante la resistencia de los terratenientes, en una alianza política entre su Gobierno y los campesinos, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)”.
La ANUC tiene su origen jurídico en la Resolución 061 de 1968 que creó la División de Organización Campesina del Ministerio de Agricultura con funcionarios encargados de la formación de promotores para concretar la organización campesina en todo el país. Jesús María Pérez, dirigente de la ANUC en la costa Caribe, refiere que la campaña superó dos etapas: la primera, durante la cual se hizo el registro de los usuarios actuales. Y la segunda, dedicada a la formación de las asociaciones. Adicionalmente, agrega, el 15 de julio se inició una campaña de divulgación sobre los objetivos de las asociaciones y otro de formación de los funcionarios del sector agropecuario con la tarea de promoverlas. El entusiasmo de Pérez sobre el proceso lo llevó a decir: “con esta representatividad a nivel nacional, tanto yo como muchos campesinos, aparceros y arrendatarios de las extensas sabanas de Sucre, nos sentíamos haciendo patria y por primera vez estábamos satisfechos porque pensamos que el Gobierno nos escuchaba”
La ANUC inició labores bajo la dirección de un comité operativo designado por el presidente Lleras Restrepo en abril de 1969 para que coordinara e integrara a las diferentes entidades públicas que operaban en el campo; diseñara el plan para organizar los servicios del Estado; iniciara la campaña de organización campesina y recomendara métodos con miras a lograrla.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad señala que el crecimiento de la ANUC fue diferenciado y fragmentado y que sólo, cuando en julio de 1970 celebró su primer Congreso, al que asistieron veinte mil campesinos, logró elegir su primera Junta Directiva.
El mismo informe refiere que “en adelante, la ANUC se estableció como interlocutora ante las entidades estatales para temas de tierras, especialmente con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria”. Lo cual no colmaba las expectativas de los campesinos que reclamaban tierra y no una intermediación con la burocracia del sector agrícola.
El segundo congreso de la Asociación, celebrado en Sincelejo el 20 de julio de 1972, ratificó el Mandato Campesino como una posición de absoluta independencia ante al Estado; como un instrumento que brindaba dirección política al movimiento campesino y como una respuesta al Pacto de Chicoral de 1972 que puso fin a la reforma agraria del Frente Nacional. Su efecto práctico más trascendental fue la toma de tierras en el territorio nacional, bajo el lema de “tierra p’al que la trabaja” y “a desalambrar”, como una ruptura con la propiedad privada. Obvio, no todos los dirigentes estuvieron de acuerdo con la toma de tierras. Varios preferían los procedimientos legales sobre las vías de hecho. La radicalización fue inevitable y muchos concluyeron que la lucha por la tierra y la toma de tierras eran la única vía hacia una verdadera reforma agraria.
Para el mismo 20 de julio de 1972, el gobierno citó a otro congreso campesino en Armenia y, así, se protocolizó la división de la Asociación: la ANUC, línea Sincelejo, seguidora del Mandato Campesino y la ANUC, línea Armenia, cercana al gobierno. Esta división representó, a corto plazo, la desintegración de la ANUC.
El departamento del Huila
El Huila no es ajeno a los conflictos por la tierra: Manuel Quintín Lame (1880-1967), líder indígena nacido en Popayán, es una de las figuras más representativas de la lucha por la tierra en Cauca, Huila y Tolima. Su persona despertaba tantos temores entre los grandes propietarios, que a donde llegaba lograba no sólo la movilización de las masas campesinas, sino también la de las autoridades civiles, militares y de policía. En un juicioso trabajo consignado en la obra Gente muy rebelde, Renán Vega Cantor refiere que Lame se autoproclamó líder de los indígenas en la lucha por sus derechos y, en esa actitud mesiánica, sufrió persecución y detenciones que no lo hicieron desistir de lo que consideraba su misión. Desde la cárcel, en 1919, escribió:
“Nuestros nietos buscarán la historia de aquel indígena llamado Manuel Quintín Lame, hombre de triste figura y de inmenso valor y de amor constante…Por medio de mi heroico patriotismo, hoy día me declaro el héroe, en favor de la defensa de todos mis hermanos; a pesar de haber sido abandonado absolutamente por el término de diez y ocho meses; pero si ustedes me han abandonado, yo los espero con los brazos abiertos, para estrecharlos sobre el templo de mi pecho, donde gire el interior, es decir, dentro de él, donde está oculto el santuario de mi corazón”
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De otro lado, Quintín Lame y con él los indígenas han considerado que sus derechos sobre la tierra son incuestionables porque les pertenece desde antes de 1492, cuando llegaron los españoles. Por eso Lame inició su liderazgo proclamando que los comuneros indios del Cauca no debían pagar terraje (una renta que pagaban a los hacendados por el hecho de vivir en un “encierro”, la parte de terreno que ellos les facilitaban dentro de la hacienda)”. También por eso las invasiones u ocupaciones son justificadas, tanto por indígenas como por el campesinado con la expresión “recuperación de la tierra” porque consideran que los usurpadores son los hacendados o grandes propietarios.
Durante los años sesenta, la presencia de la ANUC en el Huila fue intensa e influyente en el movimiento campesino. Pero su desintegración dio lugar a que la guerrilla ganara terreno. Aunque, como advierte el informe Análisis de conflictividad en el Huila, “continúo existiendo una fuerte presión organizada por la tierra. Ya en los 80, las movilizaciones rurales más intensas tuvieron lugar en regiones de colonización campesina con procesos de concentración de la tenencia; en enclaves agroindustriales o mineros con alta inmigración y conflictos por la distribución de beneficios y, además, en regiones dominadas por el latifundio improductivo, como el sur del Huila”.
El citado informe precisa que la violencia de los años cincuenta del siglo pasado expulsó gran cantidad de campesinos y llevó a los indígenas a refugiarse en tierras altas, no aptas para su agricultura, lo cual fue aprovechado por las FARC que se fortalecieron y expandieron en el territorio y usaron el departamento como zona de repliegue y de expansión a fin de ganar control sobre corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas. Agréguese a ello el arribo del paramilitarismo procedente de Cauca, Putumayo y Meta y la llegada del narcotráfico que, en un comienzo, dedicó sus esfuerzos a la compra de tierras, en especial, en Gigante, El Hobo, Rivera y Yaguará.
La presencia de las FARC en el territorio tuvo un doloroso y vergonzoso momento culminante con el secuestro, por varios años hacinados y encadenados en la selva, de reconocidos huilenses como Consuelo González, Jorge Eduardo Géchem, Orlando Beltrán, Gloria Polanco, su esposo Jaime Lozada y sus dos hijos, entre otros. Secuestro ajeno a la lucha por la tierra y a las reivindicaciones de los derechos del campesinado.
El segundo pacto de Chicoral
El Pacto por la Tierra y la Vida que lanzó el presidente Petro en Chicoral el pasado 24 de febrero se presenta como “un acuerdo social y político que busca unir al campesinado, las comunidades rurales, las organizaciones indígenas y afrodescendientes, así como a los sectores reformistas, democráticos y progresistas de la sociedad colombiana, en un esfuerzo por democratizar la propiedad de la tierra e impulsar una Reforma Agraria transformadora”. Y tiene como objetivo “enterrar el nefasto legado” del que aquí he llamado Primer Pacto de Chicoral de enero de 1972.
Se puede leer en la página web de la Unidad de Restitución de Tierras que El pacto, o Plan Decenal de la Reforma Agraria, pretende un amplio consenso entre sectores sociales y políticos en busca de una profunda transformación del campo colombiano; en busca de una hoja de ruta que sirva de base a la democratización de la tierra y en busca de la consolidación de la equidad y la justicia en el campo colombiano.
El documento final de este pacto, divulgado por el Ministerio de agricultura, contiene, entre los objetivos perseguidos más importantes: redistribución equitativa de la tierra; Justicia Agraria; restauración, recuperación y protección de suelos rurales; conectividad de cuerpos de agua y ecosistemas; representación e inclusión de las comunidades en la política pública; transformación del modelo de producción agrario y promoción de la soberanía alimentaria; protección de logros históricos producto de la lucha social y la búsqueda de la paz; reorganización y fortalecimiento de la institucionalidad agraria; garantías para la vida y fortalecimiento de las organizaciones y comunidades; reconocimiento e inclusión de las mujeres, las diversidades y juventudes rurales y transformación de economías en donde existen cultivos de uso ilícito de coca, marihuana y amapola.
En resumen
De cuanto se ha dicho hasta aquí se siguen, a modo de conclusiones, las siguientes: el Pacto de 1972 echó al traste cuanto se habría podido alcanzar con la reforma agraria, conocida como del Frente Nacional; antes del Pacto de febrero de 2025, el Segundo Congreso de la ANUC, celebrado del 20 de julio de ese año promulgó el Mandato Campesino, como respuesta a lo acordado por Pastrana Borrero con los hacendados y los empresarios y estimuló las ocupaciones bajo el lema “la tierra p’al que la trabaja”. En la misma fecha se protocolizó la división de la ANUC, entre la gobiernista y moderada de la línea Armenia y la radical, promotora de las tomas, de la línea Sincelejo. El Pacto de 2025 también se promueve como respuesta al de 1972. Y si bien es ambicioso, hasta ahora es un proyecto cuyos resultados, como es obvio, aun no se conocen.
Queda por verse a qué puerto llegamos y qué puede lograrse de los doce puntos-meta del pacto lanzado por el presidente Petro en febrero de este año.
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