Dentro de los hallazgos se cuentan el polémico contrato con Sara LTDA, la denuncia de las muestras que permanecieron varios días sin ser analizadas, y las millonarias deudas de las EPS, que ponen en riesgo administrativamente a la entidad.
La Contraloría Municipal de Neiva en cabeza de Gilberto Mateus; con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados financieros de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva; esto en lo que corresponde a la vigencia del año 2024, y otros temas administrativos del ente de salud de los capitalinos.
El objetivo de la auditoria, fue el proferir un dictamen integral sobre la gestión fiscal realizada por la ESE del municipio; en el marco de los principios de eficacia, eficiencia y economía, de acuerdo con el resultado de la evaluación a los macro procesos de gestión presupuestal y gestión financiera.
Dentro del desarrollo de la auditoria llamaron la atención tres topicos, que indudablemente han generado polémica en la ciudad, desde el Concejo de Neiva; donde se han dado a conocer públicamente las situaciones, que se relacionan con el polémico contrato de vigilancia con Sara LTDA, la denuncia de las muestras que permanecieron varios días sin ser analizadas, y las millonarias deudas de las EPS, que ponen en riesgo administrativamente a la entidad.
El escandaloso contrato de vigilancia
Sobre el polémico contrato de vigilancia, se conoció públicamente el pasado mes de marzo, donde se indicaba que la ESE de Neiva, había beneficiado a una empresa de vigilancia, vinculada con grupos ilegales con multimillonario contrato, del servicio de vigilancia y seguridad privada de las sedes de la entidad estatal, a través del Contrato N° 00103 de 2025, suscrito entre el municipio de Neiva, la ESE Carmen Emilia Ospina y la empresa de seguridad Sara Ltda., por valor de $2.166.785.813, con fuente de financiación de recursos propios.
El ente de vigilancia, en este caso la Contraloría inició el proceso de revisión contractual, mostrando como resultados del proceso de auditoría que permitió verificar varios aspectos, que generaron fallas en el proceso administrativo, que hoy tiene en ‘el ojo del huracán’ nuevamente a la administración de German Casagua Bonilla.
Dentro del proceso, se solicitó que se certificara si se había realizado algún pago por parte de la ESE Carmen Emilia Ospina a la empresa Seguridad Sara LTDA, donde se conoció que a la fecha no se ha efectuado ningún pago, “quedando claro de esta manera que no existe presuntamente ningún tipo de incidencia fiscal, en lo que corresponde a esta territorial” dice el informe de la Contraloría.
Certificación vencida
Sin embargo, dentro del estudio al expediente contractual se observó que, dentro del pliego de condiciones de requisitos habilitantes y condiciones técnicas del proponente, en el que se incluye el certificado vigente de no poseer sanciones, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En caso de proponentes plurales, cada uno de los integrantes deberán aportar dicho documento.
Al verificar dicho documento según la Contraloría, se evidenció a folio 251 del expediente contractual, que el mismo había sido aportado al proceso por parte de la empresa de seguridad Sara LTDA, con fecha del 10 de enero de 2024, y en la misma se indicaba que la certificación contaba con una vigencia de noventa días a partir de la fecha de expedición, esto es aproximadamente hasta el 10 de abril de 2024, es decir, que para el 21 de enero de 2025 fecha en la que Jorge Oswaldo Castaño Galindo; representante legal de la empresa, presentó la propuesta con todos los anexos, dicha certificación se encontraba vencida.
Sin embargo, al momento de efectuarse la revisión por parte del comité evaluador delegado para el proceso de contratación simplificada de ofertas; al parecer este aspecto no fue tenido en cuenta y se procedió a la suscripción del contrato.
No cumplieron las condiciones
Frente a este panorama, según el informe de la Contraloría, se evidenció que existió un incumplimiento al pliego de condiciones establecido por la misma entidad.
Pues al suscribir el contrato de Prestación de Servicio N°103 de 2025, con el requisito técnico habilitante “4. Certificado vigente de no poseer sanciones, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En caso de proponentes plurales, cada uno de los integrantes deberán aportar dicho documento.”, estaba vencido.
De acuerdo con los resultados de la atención a la denuncia se estableció un hallazgo administrativo, y presunta incidencia disciplinaria, por parte de la entidad.
Las polémicas muestras
Otro de los requerimientos incluidos dentro del informe, fue el que se hizo público durante el debate de control político el pasado 3 de abril de 2025, en el recinto del Concejo Municipal de Neiva, donde la concejala Lourdes Paola Mateus Serrano, dio a conocer una situación relacionada con la toma de un significativo número de muestras que no fueron analizadas durante días, en el centro de salud de Neiva.
Frente al resultado del proceso de auditoría la Contraloría procedió analizar cada uno de los hechos relacionados evidenciando que; se reportó una falla en el servidor software Athenea el día 7 de enero de 2025, y que dejó aislado el laboratorio clínico del sistema de información de la ESE Carmen Emilia Ospina.
Este software había sido contratado durante toda la vigencia del año 2024; con la empresa Análisis Técnico Ltda. Sin embargo, este contrato había finalizado el 31 de diciembre de 2024 sobre el cual, en el momento del colapso no se presentaba ninguna renovación, haciendo que para el 7 de enero de 2025 no existiera profesional especializado en el software, ni tampoco ninguna obligación contractual del contratista para que pudiera atender la crisis, lo que según el informe generó la situación.
Interrogantes a resolver
La situación respecto al software, según el informe técnico emitido por la misma ESE, frente al colapso del sistema se derivó de la falta de mantenimiento preventivo al hardware del servidor, situación que ocasionó directamente su fallo.
Adicionalmente, el informe demostró debilidades estructurales como mantenimientos inadecuados o inexistentes en las UPS -Unidades de Potencia Ininterrumpida, esenciales para garantizar la estabilidad eléctrica de los equipos, y la ausencia de respaldos adecuados del software y su información, lo que impidió implementar un plan de recuperación ante contingencias.
Este cúmulo de omisiones según la Contraloría, puso en riesgo la integridad de la información clínica, y comprometió la continuidad de los procesos misionales de la ESE, afectando la atención a los usuarios y debilitando la confianza institucional.
Además, resulta alarmante que para el momento del incidente no existiera ningún contrato vigente para el año 2025, que garantizara el soporte técnico y operativo con la empresa que, además de suministrar reactivos, tenía a su cargo el suministro y mantenimiento de los equipos de laboratorio, así como del software Athenea.
Lo ocurrido, evidenció una clara falla de planeación institucional en lo referente a la continuidad operativa de los contratistas responsables de los procesos misionales dentro de la entidad, así como una deficiente gestión del riesgo tecnológico ante desastres o contingencias técnicas previsibles.
La no renovación oportuna del contrato con el proveedor histórico del sistema Athenea y los equipos asociados, dado a que el nuevo Contrato Nº037-2025 fue suscrito el día 16 enero e inició el 20 de enero del 2025, generó un vacío contractual durante el incidente presentado.
A esto se suma las fallas en el mantenimiento preventivo del hardware y las UPS, la ausencia de un plan de respaldo estructurado, desencadeno la afectación durante veintiún días, desde el 7 de enero hasta el 28 de enero.
Este lapso impactó directamente la prestación de servicios clínicos esenciales, comprometiendo la operación de los equipos del laboratorio que procesan las muestras, que corresponden a Hematología, Inmunología, Química, Uroanálisis, y Microbiología y demás procesos misionales de la entidad del Estado.
Riesgo en la gestión financiera
Otro de los aspectos que refiere el informe de la Contraloría, concierne con el manejo financiero, y capacidad de recaudo de la Ese Carmen Emilia Ospina, esto respecto al periodo comparativo para las vigencias 2023 y 2024.
Según el informe, señala que la ESE como resultado del ejercicio durante las vigencias 2023 y 2024 viene arrojando pérdidas por valor de $218.581.481 y $1.629.873.408 respectivamente; situación que pone en riesgo la sostenibilidad y estabilidad financiera de le entidad, en el corto y mediano plazo.
Asimismo, indica que en la rendición de cuentas realizada por la entidad, se reportó que tiene una cartera por valor $23.576.235.843, de la cual $12.802.248.208, representado en el 54.30%, corresponde a cartera de las EPS en liquidación como son Comfamiliar del Huila, Medimas, Cafesalud, Comparta, Coomeva, Convida, SaludCoop, Saludvida, Caprecom y Cruz Blanca.
Esta situación que impacta en los resultados financieros; una cartera de difícil cobro que excede el 50% del total de la cartera implica un riesgo significativo para la empresa, pues pone en peligro la sostenibilidad y estabilidad financiera de la ESE, que se soporta en evidentes debilidades en la gestión administrativa y financiera.
El riesgo en la sostenibilidad y estabilidad financiera de la ESE en el corto y mediano plazo es evidente; toda vez que los resultados en las vigencias 2023 y 2024 muestran perdida por valor de $218.581.481 y $1.629.873.408 respectivamente, y una cartera de difícil cobro por $12.802.248.208, equivalente a un 54.30%, convirtiendo la situación en un hallazgo administrativo.
Según la Contraloría, una vez analizada la variación porcentual entre las dos vigencias se obtiene que la disminución es significativa con un 87%, lo cual evidencia un avance progresivo en alcanzar de la estabilización financiera, pero aún no alcanza equilibrio financiero la ESE en el corto y mediano plazo.
Frente a esta situación, la entidad estatal debe diseñar y presentar con urgencia, un plan de mejoramiento que permita para subsanar y corregir las deficiencias administrativas comunicadas.
