Aníbal Charry González
Con los testimonios de los involucrados en el escándalo de corrupción en la UNGRD: Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, donde cuentan el iter criminis o camino del delito de la compra de congresistas por parte del Gobierno para que el Congreso aprobara sus reformas, que denominaron estrategia de los llamados “cupos indicativos”, que no son más que cupos delictivos y el más infame de los procedimientos de corrupción para que los mal llamados padres de la patria pudran la más elevada misión de legislar, señalaron sin rodeos al exministro del interior Luis Fernando Velasco como uno de los cerebros que dio la orden para la consumación del crimen, junto con el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González -hoy huyendo- quien convocara las reuniones con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y demás ministros, para explicar la venal estrategia de sobornar congresistas.
Y es que resulta necesario hacer referencia al protocrimen que ha sido consuetudinario de todos los gobiernos para asegurar la gobernabilidad producto de la podredumbre de la clase política, para destacar que resulta inadmisible que el gobierno del presidente Petro hubiese acudido a la dañada estrategia de comprar congresistas, cuando conocía la magnitud del delito en contra de la democracia y la sociedad, y había dedicado su dilatada trayectoria parlamentaria para denunciar y combatir la corrupción, cometiendo uno de los mayores yerros de su Gobierno que lo metió en el mismo barril putrefacto de la clase política tradicional que había que extirpar a como diera lugar, dando ejemplo de ejercicio limpio de la política, que es la mejor manera de educar a esta convulsionada sociedad, que no se podía justificar con el argumento de que los cupos delictivos eran una práctica normal de todos los gobiernos corruptos que hemos tenido.
Porque en esta abyecta compra legislativa es tan culpable el que peca por la paga como el que paga por pecar, y en las investigaciones penales deben tomarse las más ejemplares decisiones, como ya se hizo al ordenar la captura de los corruptos expresidentes de Senado y Cámara, Name y Calle, y deben proferirse las más duras condenas para esta fechoría de lesa patria, y cumplirse en cárceles comunes para todos los delincuentes involucrados, que son sin duda los más peligrosos para una sociedad con tantas necesidades que espera que el gobierno y la actividad legislativa sea en su beneficio, y no en el de las bandas criminales dedicadas a pervertir la política.
