Un espacio de encuentro por la verdad, la dignificación y el buen nombre de las víctimas y sus familias, donde el único objetivo era aportar a la reparación y reconstrucción del tejido social, en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
A través de un proceso restaurativo liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el marco del Proceso de Acompañamiento a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública, en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde vincula a víctimas acreditadas en el macrocaso 03 – Subcaso Huila, e integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la jurisdicción.
“Estamos en el acto restaurativo de las víctimas y comparecientes ante la jurisdicción especial de paz en el marco de estos hechos que se denominan ejecuciones extrajudiciales en el Huila, estamos acudiendo a una audiencia de la JEP donde estamos mostrando el resultado de casi un año de trabajo entre víctimas y comparecientes, donde se han puesto de acuerdo para realizar todas estas piezas”, sostuvo Andrés Restrepo Correa, coordinador de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN.
De acuerdo con el Coordinador, la restauración se volvió arte en el Huila y lo han convertido en una obra de teatro, pero también en separadores de libros que tienen historias a través de códigos QR para que se escuche la verdad de lo que realmente pasó.
“Hoy estamos afirmando, reafirmando que lo que decían las víctimas en el Huila era cierto, sus familiares no eran delincuentes, eran inocentes, y los responsables de esos crímenes lo están reconociendo públicamente, pero además están mostrando su arrepentimiento y su decisión y su llamada al país de que esto no se vuelva a repetir”, expresó Restrepo Correa.
Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, víctimas de ejecuciones extrajudiciales y comparecientes de la Fuerza Pública avanzaron juntos en un camino de verdad y dignificación de la memoria. Este proceso, participativo y consensuado, contribuye a la reparación y reconstrucción del tejido social, en cumplimiento del punto cinco del Acuerdo de Paz de 2016.
Restrepo Correa explica sobre la estrategia implementada por agentes del Estado para perpetrar y encubrir delitos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada, principalmente entre 2005 y 2008, basado en información de la JEP y aportes de los comparecientes. También, desde la memoria de las familias víctimas se hace un reconocimiento a las víctimas directas.
“Van a ver la verdad de lo que ocurrió en el Huila, pero buscamos que la gente se estremezca con esto, que como sociedad rechacemos lo que pasó como instituciones, como ciudadanía, todos, todas nos comprometamos a que esto nunca más vuelva a ocurrir en el país, hoy lo estamos viviendo, son 20 familias, igual que 20 comparecientes, pero también de sus organizaciones de víctimas, acompañantes, abogados, y más de 150 representantes de entidades e instituciones que estamos rodeando esto”, reveló el Coordinador.
En las ejecuciones extrajudiciales participaron tanto civiles como militares, incluidos integrantes de distintos niveles de la Brigada No. 9 del Ejército Nacional y sus unidades: Batallón de Infantería no. 26 “Cacique Pigoanza” (BIPIG), el Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena” (BIMAG), la Agrupación de Fuerzas Especiales No. 11 (AFEUR), Batallón de Contraguerrilla No. 9 “Los Panches”, Batallón de Artillería No. 9 “Tenerife”, GAULA Huila y el Comando Operativo 5. Civiles actuaron como informantes y reclutadores.
“Se cierra este primer proceso y también se cierra sus procesos judiciales ante la JEP, pero seguimos como ARN comprometidos con esto y vamos a abrir otros nuevos procesos, nosotros estamos cumpliendo un mandato del presidente en su plan de desarrollo, que nos pide como Agencia acompañar la comparecencia a estas personas y a las víctimas, hoy cerramos este proceso, pero en unos meses, semanas estaremos con otros nuevos comparecientes y víctimas empezando otro proceso”, dijo el Coordinador de la ARN.
Además, las ejecuciones extrajudiciales en el Huila, según el Auto de Determinación de Hechos y Conductas- 081 de 2023 de la JEP, evidencian un patrón sistemático de ataque contra la población civil, con operaciones militares planificadas que incluyeron uso desproporcionado de la fuerza letal, sevicia en la selección de víctimas y mecanismos de encubrimiento. Estas acciones fueron impulsadas por presiones institucionales para producir bajas, incentivos para los responsables, competencia entre batallones y uso indebido de recursos públicos. Entre 2005 y 2008 se llevaron a cabo 108 operaciones militares en las que fueron víctimas 208 personas: con 200 homicidios, 8 casos de víctimas sobrevivientes y 32 víctimas de desaparición forzada. Estos hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Nosotros sentimos que después de un acompañamiento y trabajo juicioso durante tantos meses, hemos logrado tocar las fibras del humano, dar un giro ético en ellos y avanzar en ese arrepentimiento y en la reconciliación y la convivencia, todos los comparecientes de la fuerza pública, de otros grupos de las extintas FARC, por ejemplo, están en esos procesos restaurativos”, indicó.
Homicidios y desapariciones forzadas cometidos sobre pobladores de la región por la estigmatización como integrantes o colaboradores de la guerrilla.
En el sur del Huila y zonas limítrofes con el Cauca, campesinos, jornaleros y habitantes rurales fueron acusados sin pruebas de colaborar con la guerrilla de las FARC-EP, basándose en señalamientos de informantes anónimos, desmovilizados o pagados por la Fuerza Pública. A cambio, estos recibían incentivos económicos o beneficios en el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Estas acciones buscaban simular resultados militares y control territorial, mediante retenciones ilegales de las víctimas, homicidios y posterior ocultamiento.
Homicidios y desapariciones forzadas perpetrados sobre personas ajenas al territorio, en situación de vulnerabilidad.
Las principales víctimas fueron personas en situación de calle, desplazadas, desempleadas o con problemas de consumo de droga. Fueron engañadas con falsas promesas de ayuda o empleo en ciudades como Neiva, Pitalito y Garzón, luego trasladadas a zonas rurales donde las asesinaron y presentaron como miembros de grupos armados ilegales. La falta de vínculos familiares o comunitarios facilitó el ocultamiento de los crímenes, que incluyeron manipulación de documentos y participación conjunta de civiles y militares, revelando una red criminal estructurada y persistente.
Homicidios y desapariciones forzadas cometidos en operaciones desarrolladas contra supuestos miembros de la delincuencia común y/o milicias, en violación de los estándares del DIH y del DIDH sobre el uso de la fuerza letal, así como de la doctrina militar vigente al momento de los hechos.
Las principales víctimas fueron personas señaladas de pertenecer a grupos delincuenciales, en el marco de operaciones simuladas contra la delincuencia común y/o milicias. Estas acciones se sustentaron en denuncias falsas o información manipulada por informantes pagados o incluso por los propios comandantes. En varios casos, los crímenes fueron cometidos por integrantes de las mismas unidades militares, quienes luego responsabilizaban a civiles inocentes. Estas operaciones, que buscaban mostrar resultados y control territorial, incurrieron en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, al vulnerar el principio de proporcionalidad, así como en violaciones a los derechos humanos, mediante el uso excesivo de la fuerza letal, emboscadas sin justificación, montajes y engaños, y pagos irregulares para conducir a las víctimas a los lugares donde fueron asesinadas.
Magistrados opinan
Claudia Rocío Saldaña Montoya, Magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y formo parte de la Subsala Primera de Conocimiento y Decisión de la Sala
Está sucediendo algo histórico, algo hermoso, algo conmovedor, algo que le está enseñando a nuestro país, que podemos ir más allá de la venganza, que podemos ir más allá del dolor, que podemos superar las mentiras, que podemos superar la negación, que las víctimas en Colombia sí quieren la verdad, que las ejecuciones extrajudiciales sí ocurrieron y que Colombia tiene un gran corazón, como lo escuchamos hoy, ya no hay miedo. Ahora sí se puede decir la verdad.
La Jurisdicción Especial Para La Paz en articulación con la ARN están finalizando un proceso restaurativo donde la verdad se transforma en arte, donde el dolor de las víctimas se transforma en arte, donde las víctimas muestran su gran generosidad, donde muestran el corazón que tienen, donde muestran que la paz sí es posible, pero desde el amor, desde la reconciliación, desde la sanación, desde la verdad, desde la no repetición, no desde la venganza, no desde la negación.
Dentro de este proceso restaurativo, estamos evaluando precisamente el componente restaurativo del régimen de condicionalidad de los comparecientes que del Batallón Magdalena y del Batallón Pigoanza que están participando en el proceso, a quienes la sala de definición les va a resolver su situación jurídica definitiva de manera no sancionatoria desde tres componentes, la verdad, la reparación material o simbólica y la no repetición. Luego de esto, entonces haremos la audiencia para resolver la situación jurídica definitiva de estos comparecientes que pertenecieron a la fuerza pública.
José Miller Hormiga Sánchez, Magistrado de la Sala de definición de situaciones jurídicas,
Este es un ejercicio de reparación simbólica restaurativa a las víctimas que se ha ordenado en una diligencia judicial y que hemos contado con el apoyo de la ARN para poder hacer posible esa materialización de este acuerdo restaurativo entre comparecientes y víctimas.
Es muy importante entender que hay muchas formas de expresar estas formas de restauración, una principal es el aporte de la verdad, pero en este caso también cómo expresar esto a través de elementos artísticos, porque esto logra y permite quedar en la memoria permanente de la gente. Este es un ejercicio que se hace en el marco de nuestra justicia restaurativa y van a haber muchos más eventos en distintas partes del país, hay que valorar este espacio y mirar si cumplió con los fines restaurativos hacia las víctimas y esto les generó satisfacción y eso tendrá que ser valorado a fin de las decisiones judiciales que tenemos que tomar.
Municipios más afectados
ZONA NORTE
Neiva.
ZONA CENTRO
Gigante
Garzón
El Pital
ZONA OCCIDENTE
La Plata
La Argentina.
ZONA SUR
Pitalito
San José de Isnos.
Acevedo
Palestina
Altamira
Timaná
