De acuerdo con Indepaz, en Colombia se han reportado en un periodo de ocho años 354 homicidios de líderes sociales. En el departamento del Huila, la cifra es de 44 líderes sociales asesinados en 16 municipios, el más reciente el de Lina María Puentes Vega, reportado en el municipio de Baraya.
DIARIO DEL HUILA, INFORMES
Por: Francy Villarreal Ruiz
En rueda de prensa con medios de comunicación regionales, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en el departamento del Huila manifestaron públicamente la exigencia de justicia y garantías para el ejercicio del liderazgo social y la defensa de las poblaciones en la región opita.
La solicitud se realizó luego de conocerse el lamentable caso del homicidio de Lina María Puentes Vega, lideresa comunitaria y buscadora de sus hermanos desaparecidos, quien fue asesinada el pasado 31 de mayo en zona rural de Baraya, mientras celebraba una actividad con la comunidad.
Al unísono, los líderes sociales del departamento reclaman justicia por el hecho, a la vez que piden urgente protección real para líderes y lideresas sociales, así como la declaratoria de emergencia humanitaria en el Huila.
Líderes bajo fuego
Nadia López, vocera de la Mesa Territorial de Garantías del Huila, entregó una radiografía del contexto que enfrentan las poblaciones defensoras de Derechos Humanos en el territorio. Explicó cómo la reconfiguración del conflicto ha afectado a los liderazgos sociales y a la defensa de los derechos humanos, con amenazas y homicidios reportados en esta región.
«Veinte municipios del Huila están en riesgo por esta dinámica de reconfiguración del conflicto, donde los distintos actores, específicamente las disidencias y el ELN, intervienen. Toda esta dinámica del conflicto se mueve también alrededor de las rutas del narcotráfico, lo que afecta a las comunidades que habitan los territorios, especialmente en las veredas. Son los líderes comunales quienes deben estar allí, y a veces quedan en la mitad del conflicto», denunció López.
Entre los municipios más afectados están Neiva, Pitalito, Isnos, Algeciras, La Plata, Baraya, Tello y Colombia.
Para la vocera nacional, existe una sistematicidad de la violencia contra esta población, en la que se evidencia la falta de capacidad institucional y de acciones efectivas que realmente protejan la vida y la permanencia en el territorio de los líderes sociales, en particular de los líderes comunales.
Frente al tema de las amenazas, señaló que la situación es bastante incierta debido a un fenómeno de desconfianza, en el que muchos líderes prefieren no denunciar o no registrar sus amenazas ante las instituciones. No obstante, hay organismos que están acompañando este flagelo.
«Nosotros tenemos la Federación de Comunales, que en el mes de marzo, durante su asamblea, nos informó que había más de 500 líderes comunales en el departamento, sobre todo en la zona rural, amenazados con amenazas directas e indirectas. Pero también tenemos claro que existe un subregistro», manifestó la vocera.
Emergencia humanitaria
En este contexto, los representantes de los líderes han solicitado de manera urgente que se declare emergencia humanitaria en el departamento del Huila, para que se prioricen todos los planes, especialmente los de carácter preventivo.
«Hay que generar acciones que garanticen la vida de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, y no solo la vida, sino también la permanencia en sus territorios, para que puedan seguir ejerciendo el derecho a defender derechos», manifestó López.
«La paz no es cuestión de política»
Belén Alarcón, defensora de Derechos Humanos en el Huila, manifestó que, ante el panorama de orden público y violencia en el Huila, se debe hacer un análisis de las acciones e intervenciones por parte de las instituciones y los gobiernos.
«Lo que está sucediendo es sumamente grave, sumamente delicado, y esto reclama de la sociedad en su conjunto que haga un alto en el camino, que reflexionemos sobre qué está sucediendo, a qué estado hemos llevado un valor tan sagrado como la vida, que ya no nos conmovemos», expresó Alarcón.
Señaló que la política y la paz no deben estar definidas por el contexto de violencia, y que para que la paz se haga realidad, no debe depender de la política. Llamó la atención sobre el silencio de los políticos, tanto a nivel nacional como regional, frente al homicidio de la líder social y comunal Lina María Puentes Vega.
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Acciones de seguridad
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, indicó que, tras un consejo extraordinario de seguridad en el que se abordó la situación de orden público y seguridad del municipio de Baraya, así como el homicidio de la lideresa social Lina María Puentes Vega, se definieron algunas acciones conjuntas entre las autoridades y la Fuerza Pública.
«Lamentamos profundamente esta situación, y se solicitó a la Fuerza Pública adoptar medidas, intensificar la inteligencia y, por supuesto, desplegar toda la acción ofensiva contra esta estructura que no solo delinque en el municipio de Baraya, sino también en Tello, Neiva e incluso en Colombia. Esto exige resultados por parte de la Fuerza Pública», afirmó Casallas.
Agregó que se solicitó a la Unidad Nacional de Protección que se apliquen las medidas de seguridad contempladas en los estudios de nivel de riesgo, para que el alcalde del municipio de Baraya pueda continuar desarrollando sus actividades en el territorio. Envió un mensaje a la ciudadanía asegurando que la Fuerza Pública sigue actuando.
Finalmente, resaltó que ya se logró la captura de dos de los sujetos que participaron en los graves hechos que le costaron la vida a Lina María Puentes Vega.
Exequias
Las exequias de Lina María Puentes Vega se cumplirán hoy miércoles en zona rural del municipio de Tello, donde se espera que familiares, amigos y compañeros de liderazgo le den su último adiós. A las 11:00 de la mañana se llevará a cabo la liturgia en la parroquia de San Andrés, en zona rural de Tello, y posteriormente será trasladada al cementerio local del centro poblado.
Asimismo, para el día jueves 5 de junio a las 11:00 de la mañana, en las instalaciones del Palacio de Justicia de Neiva, las organizaciones sociales comprometidas con la vida convocan a un plantón para exigir verdad y justicia en el caso de Lina María Puentes, así como garantías para ejercer el liderazgo social y la defensa de los Derechos Humanos en el territorio.
Contexto en Colombia
Un informe de Indepaz analiza las tendencias recientes en los homicidios de líderes sociales en Colombia entre 2016 y 2025, con base en el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, que a su vez se sustenta en la triangulación de datos oficiales, de organizaciones sociales y propios.
A pesar de una leve disminución en los casos registrados en algunos años, se evidencia que la violencia contra el liderazgo social sigue siendo estructural, focalizada territorialmente y funcional a intereses armados, políticos y económicos.
El departamento del Cauca encabeza el listado nacional con 354 homicidios, seguido por Antioquia, Nariño y Norte de Santander, lo que confirma que los territorios con alta conflictividad armada, presencia de economías ilegales y débil institucionalidad concentran el mayor riesgo.
Las causas de la violencia
El informe destaca que la persistencia de estos crímenes ocurre pese a la existencia de mecanismos estatales como la Mesa Nacional de Garantías, el Índice de Focalización de las Zonas Especiales de Garantías para el Liderazgo Social y la Defensa de los Derechos Humanos, y la Política Pública de DD. HH. del Ministerio del Interior, cuya inoperancia o débil implementación responde a una falta de voluntad política y capacidad institucional.
A ello se suman causas estructurales como el abandono del Estado, la expansión de la extorsión como economía de guerra y el reclutamiento forzado de jóvenes en zonas sin oportunidades.
Los líderes sociales se han convertido en objetivos estratégicos: asesinarlos no solo elimina a una persona, sino que busca desarticular procesos colectivos que cuestionan el poder ilegal, defienden el territorio o promueven derechos fundamentales.
Cauca, el más afectado
El Cauca lidera el listado nacional de homicidios de líderes sociales, con 354 homicidios registrados entre 2016 y 2025. Esta cifra confirma su condición de epicentro de múltiples conflictividades: presencia de grupos armados, economías ilegales, disputas territoriales y una fuerte organización social históricamente estigmatizada.
En el año 2016 y 2017 se reportaron 27 casos; para 2018, 49 casos; en 2019, 52 homicidios; en 2020, 66 casos; en 2021, 27 casos; en 2022, 23 casos; en 2023, 38 casos; en 2024, 29 casos; y en lo corrido de 2025 se han registrado 17 casos.
Algunos departamentos como Putumayo, Arauca y Nariño, aunque no siempre ocupan los primeros lugares en la agenda pública o mediática sobre violencia contra líderes sociales, registran cifras preocupantes que evidencian una alta vulnerabilidad.
