El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que la próxima reforma tributaria incluirá impuestos al consumo de licores y tabaco, además de revisar beneficios tributarios del IVA y avanzar en cambios sobre renta, patrimonio y tributos ambientales.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El Gobierno de Gustavo Petro presentó ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, valorado en 556,9 billones de pesos. En este escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló las bases de la nueva reforma tributaria que el Ejecutivo radicará en los próximos días, con la que busca garantizar el financiamiento del gasto público y reducir el déficit fiscal.
Ávila fue enfático en que la canasta familiar no se verá afectada. Sin embargo, confirmó que se gravará el consumo de licores y tabaco, un punto que hasta ahora no había sido revelado oficialmente. “No vamos a tocar la canasta familiar en los ajustes tributarios que vamos a realizar para poder cumplir la senda de retorno y equilibrar el Presupuesto del 2026”, afirmó.
Presupuesto condicionado a una tributaria
Del monto total del presupuesto, 26,3 billones de pesos están sujetos a la aprobación de una nueva ley de financiamiento. Se trata del segundo año consecutivo en que el Gobierno condiciona la ejecución de recursos a la aprobación de una tributaria. En 2024, por ejemplo, se presentaron ingresos inciertos por 12 billones que nunca se materializaron, lo que obligó a congelar gastos.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, insistió en que la reforma debe ser integral y acompañada de una revisión seria del gasto público. “Es necesario avanzar en una reforma fiscal integral y en un proceso técnico orientado a la revisión del gasto inercial del Gobierno, así como a definir con claridad las competencias de cada nivel estatal para evitar duplicidades”, recalcó.
¿Qué impuestos vienen?
El ministro explicó que se revisarán los beneficios tributarios del IVA aplicados a bienes y servicios que hoy consumen principalmente los sectores de mayores ingresos. Además, el Gobierno pretende avanzar en mayores niveles de progresividad en renta y patrimonio, y en la actualización de impuestos verdes, como el de carbono y el de consumo.
“Consideramos que el país necesita hablar de un gran pacto fiscal para enfrentar la coyuntura que hoy vivimos”, subrayó Ávila.
En versiones previas del Marco Fiscal de Mediano Plazo se hablaba de incluir en la reforma tributos a los juegos de suerte y azar en línea, a plataformas digitales e incluso a las iglesias. No obstante, en esta nueva presentación el ministro no se refirió a esas propuestas.
Advertencias de la Contraloría
La Contraloría General de la República alertó sobre la alta dependencia del presupuesto frente a una reforma aún no aprobada. “El proyecto presenta riesgos fiscales y presupuestales, además de un crecimiento del gasto de funcionamiento sin un plan claro de racionalización”, advirtió el ente de control.
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También recordó que el Gobierno activó la “cláusula de escape” para saltarse temporalmente las metas de la regla fiscal, lo que permite aumentar el gasto pero sin un plan de ajuste creíble. Según sus estimaciones, el déficit fiscal alcanzará el 7,1 % del PIB en 2025 y se reduciría al 6,2 % en 2026.
Un gasto rígido y presiones fiscales
Ávila también señaló que el presupuesto nacional presenta un 91 % de inflexibilidad en el gasto. Solo el servicio de la deuda asciende a 102 billones de pesos, mientras que las pensiones representan 88,3 billones y la nómina del Estado llega a 46 billones, principalmente en sectores como defensa, justicia y órganos de control.
El ministro agregó que buena parte del déficit actual responde a decisiones heredadas. Entre ellas, los 80 billones de pesos destinados desde 2022 a subsidiar la gasolina, los 18,2 billones en subsidios de energía y gas, y los 22,9 billones asociados al crédito adquirido con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia.
“En medio de esta coyuntura tenemos que tomar decisiones de política fiscal que garanticen preservar la sostenibilidad macroeconómica del país, mantener el crecimiento y proteger el gasto social”, concluyó Ávila.
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