Por: Juanita Tovar
En las últimas semanas, las redes sociales se han convertido nuevamente en un campo de batalla donde la opinión y la información chocan de manera peligrosa. El detonante fue un hecho aparentemente deportivo: las afirmaciones de algunos “periodistas hinchas” en Twitter de que la Liga BetPlay estaba supuestamente “comprada” para que Millonarios F.C. ganara el título y consagrara a Radamel Falcao como campeón. Aunque estas declaraciones no contaban con ninguna prueba, el eco que generaron expuso una preocupante realidad: el papel de los medios de comunicación y las ciencias de la comunicación en una era donde la inmediatez prima sobre el rigor.
Las plataformas digitales han democratizado la opinión, permitiendo que cualquier persona con acceso a internet pueda expresar sus ideas. Este es un avance significativo para la libertad de expresión, pero también plantea riesgos cuando quienes opinan se confunden con quienes informan. En el caso de los “periodistas hinchas” que aseguraban la supuesta conspiración a favor de Millonarios, se observa cómo la opinión subjetiva de un grupo con influencia en redes sociales se percibe, erróneamente, como información fidedigna.
La diferencia es crucial: la opinión es libre, pero la información está sujeta a principios constitucionales como la veracidad e imparcialidad. La información, a diferencia de la opinión, tiene el deber de basarse en hechos comprobables y verificables. Sin embargo, en la era digital, esta distinción se ha vuelto borrosa, y en este caso concreto, una afirmación sin fundamentos generó debates encendidos, sospechas y desinformación masiva.
El problema de la confusión entre opinión e información no es exclusivo del ámbito deportivo. En política, la proliferación de teorías conspirativas en torno a elecciones presidenciales es un ejemplo alarmante. En Estados Unidos, la narrativa de un “fraude electoral” en las elecciones de 2020, alimentada por figuras públicas y replicada por medios parciales, tuvo consecuencias directas, como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
En el caso colombiano, durante el reciente debate sobre la reforma a la salud, se viralizaron afirmaciones que, sin sustento técnico, aseguraban que la reforma acabaría con el sistema de salud tal como lo conocemos. Muchas de estas afirmaciones provenían de figuras mediáticas y políticas que, al no diferenciar sus opiniones de hechos, contribuyeron a un clima de confusión y polarización.
La prisa por generar contenido también está jugando un papel fundamental en este fenómeno. La necesidad de captar atención en redes sociales lleva a que se privilegien titulares llamativos y afirmaciones contundentes sobre la investigación rigurosa. En el caso de los “periodistas hinchas”, es evidente que el sensacionalismo superó al compromiso con la verdad, desvirtuando el ejercicio periodístico.
Este fenómeno afecta tanto a los creadores como a los receptores de la información. Por un lado, el periodista o comentarista que opta por la inmediatez corre el riesgo de sacrificar el rigor. Por otro, la audiencia, al estar expuesta a contenido fragmentado y emocional, desarrolla percepciones distorsionadas de la realidad. Este círculo vicioso alimenta la desinformación y mina la confianza en los medios.
La formación en periodismo debe incluir herramientas para navegar en un ecosistema digital saturado de información y desinformación. Esto incluye no solo la capacidad de verificar hechos, sino también de reconocer y combatir los sesgos cognitivos que afectan tanto a quienes generan como a quienes consumen contenido. Además, es fundamental que las instituciones académicas promuevan una visión crítica sobre el impacto de las redes sociales y su relación con el periodismo tradicional.
La Constitución de Colombia, en su artículo 20, garantiza el derecho de toda persona a recibir información imparcial y veraz. Sin embargo, este derecho está en peligro cuando figuras con amplia influencia en redes sociales utilizan su plataforma para divulgar información sin sustento.
En este sentido, es imperativo que los medios de comunicación y los profesionales del periodismo recuerden que su función no es solo entretener o generar debates, sino también contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía bien informada. Esto requiere un compromiso ético que a menudo entra en conflicto con las presiones comerciales y la dinámica de las redes sociales.
Finalmente, es crucial que como sociedad trabajemos en el fortalecimiento de la alfabetización mediática. Esto significa educar a la población para que pueda identificar fuentes confiables, discernir entre opinión e información, y cuestionar narrativas que carecen de respaldo fáctico.
La alfabetización mediática no solo es responsabilidad del sistema educativo, sino también de los propios medios, que deben ser más transparentes en sus procesos y fomentar una relación de confianza con su audiencia. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de episodios como el caos generado por los “periodistas hinchas”, donde las emociones superan a los hechos y la desinformación se convierte en el verdadero protagonista.
La libertad de opinar es un derecho fundamental, pero no debe confundirse con el deber de informar. En un mundo donde las redes sociales amplifican tanto las voces responsables como las irresponsables, es más necesario que nunca proteger el derecho constitucional a recibir información veraz e imparcial. Esto requiere un esfuerzo conjunto de medios, instituciones educativas y sociedad civil para construir un ecosistema comunicativo que valore la verdad por encima de la inmediatez o el sensacionalismo. Solo así podremos garantizar una democracia informada y resiliente ante los embates de la desinformación.
