La normativa, sancionada por el presidente Petro, prohíbe a las empresas de telecomunicaciones incluir cobros adicionales o penalizaciones sin justificación técnica directa, lo que representa un alivio para los bolsillos de los colombianos.
Redacción Web
Una noticia que beneficiará a millones de hogares colombianos fue anunciada este viernes: el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2485 de 2025, que establece un tope máximo de $1.000 para la reconexión de servicios de telefonía, internet y televisión suspendidos por falta de pago. Esta medida busca poner fin a los cobros excesivos que durante años han aplicado algunas operadoras.
La nueva normativa, que fue recibida con aplausos por parte de asociaciones de consumidores, obliga a las empresas de telecomunicaciones a ajustar sus tarifas y limitar los cobros únicamente a los costos técnicos y operativos reales del restablecimiento del servicio. Según explicó el senador Julio Elías Vidal, ponente de la ley, «las empresas no podrán incluir valores adicionales o penalizaciones que no tengan una justificación directa con la reconexión».
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Acceso equitativo
El objetivo principal de esta ley es garantizar un acceso más equitatio a los servicios de telecomunicaciones, especialmente para aquellas familias que han enfrentado dificultades económicas para mantenerse conectadas. «En un país donde la conectividad es esencial para estudiar, trabajar y comunicarse, esta norma busca que el acceso no dependa del dinero disponible en el bolsillo», agregó el congresista.
Aunque la ley establece un máximo de $1.000, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene la potestad de definir un monto aún menor luego de realizar un análisis técnico detallado. La entidad regulatoria será la encargada de supervisar la implementación de la normativa y definirá los casos específicos en los que se podrá cobrar, así como los valores máximos permitidos para cada tipo de servicio.
Reconexión remota
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es el reconocimiento de que, en la mayoría de los casos, la reconexión se realiza de manera remota, sin requerir desplazamientos ni trabajos adicionales, lo que implica un costo operativo mínimo para las compañías. «Durante años, los usuarios hemos pagado tarifas desproporcionadas por un proceso que, en esencia, consiste en un click desde la central de la empresa», señaló María González, representante de la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos.
Ahorro colectivo millonario
De acuerdo con cálculos preliminares, esta reducción representaría un ahorro colectivo cercano a los $450.000 millones anuales para los colombianos, dinero que hasta ahora terminaba en los bolsillos de las operadoras por conceptos muchas veces injustificados.
La implementación de la ley contará con la participación de los operadores, quienes podrán presentar observaciones técnicas antes de que se fije la tarifa definitiva. Sin embargo, el mensaje del legislativo es claro: se acabó la época de los cobros abusivos por reconexión, dando paso a una era de mayor transparencia y justicia para los consumidores colombianos.
