Con el objetivo de modernizar y agilizar el sistema judicial penal en Colombia, fue sancionada y promulgada la Ley 2477 de 2025, norma que reforma de manera estructural aspectos clave de los procesos penales y que ya rige como parte del ordenamiento jurídico nacional.
La iniciativa —promovida conjuntamente por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación— introduce modificaciones sustanciales a las leyes 599 de 2000 (Código Penal), 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) y 1121 de 2006 (seguridad ciudadana), en un esfuerzo por garantizar una justicia más oportuna, eficiente y centrada en las víctimas.
Principales cambios
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es que fija plazos máximos entre 1 y 12 meses para la resolución de procesos penales, en contraste con los tiempos actuales que pueden superar los 10 años. También busca reducir significativamente los casos que prescriben por demoras procesales.
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Entre otros avances se destacan:
- Mecanismos de indemnización integral a las víctimas, con enfoque en la justicia restaurativa.
- Fortalecimiento del principio de oportunidad, que permitirá priorizar la investigación de delitos de alto impacto y optimizar el uso de recursos estatales.
- Beneficios judiciales por aceptación de cargos, para incentivar la confesión, reducir la congestión judicial y acelerar sentencias.
Impacto esperado
Con la entrada en vigor de esta norma, el Estado busca responder a una de las principales demandas de los ciudadanos: un sistema de justicia penal que no solo sancione a los responsables, sino que garantice los derechos de las víctimas y evite la impunidad.
La ley fue tramitada con amplio respaldo en el Congreso, y se perfila como un paso crucial hacia una justicia más cercana y eficaz, capaz de ofrecer resultados en plazos razonables, reducir la carga procesal y restituir la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
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