Por: Carlos Tobar
Terminó la segunda parte del paro de agricultores productores de arroz. Un bis, que no debió suceder, porque con la información recabada durante el primer paro a los funcionarios del Ministerio de Agricultura debió quedarles claro, no solo la justeza de los reclamos de arroceros, sino el problema estructural que aqueja a este sector productivo.
Lo positivo de esta segunda parte de este conflicto social es que, por primera vez en muchos años, tal vez desde que empezara la nefasta “apertura económica”, el gobierno y los integrantes de la cadena de valor arrocera, tuvieron que abordar el problema que afecta a cada uno de ellos.
Me explico. En este acuerdo participan los agricultores productores de arroz representados por sus organizaciones: la tradicional Federación de arroceros, Fedearroz, y Dignidad Agropecuaria (Arrocera); los industriales (organizados en Induarroz) que procesan la materia prima de la que obtienen los subproductos, particularmente el arroz blanco, y el gobierno como regulador de las actividades productivas agrícolas.
Cada uno con sus dolamas. Con las dificultades que, en una economía desprotegida como la nuestra, son pan de cada día y de cada sector. Para los agricultores el precio de venta; los costos del crédito y los insumos; el costo del agua, el apoyo a la comercialización. Para los industriales la oferta distorsionada del producto, interferido por la diferencia de precios del arroz paddy nacional frente al importado, o peor aún, el de contrabando; los costos del apalancamiento financiero del negocio; las dificultades crecientes de venta del producto en los circuitos de comercialización de alimentos al consumidor final.
Hechos que se agravan por la falta de una política nacional de protección de la cadena de valor del arroz.
Al país le vendieron la idea falsa de que proteger el mercado interno era un exabrupto en la época del libre comercio. Qué debíamos someternos a la competencia mundial de manera abierta, así la producción de alimentos a nivel mundial estuviera fuertemente protegida, mediante multimillonarios subsidios, especialmente en los países desarrollados.
Las consecuencias están a la vista. La desaparición de renglones enteros de la producción interna, con la consiguiente pérdida de empleos y, sobre todo, de la capacidad de crear riqueza y acumular capitales indispensables en la inversión para el desarrollo económico y la prosperidad social.
La política de control de precios a la que se apela para empezar a proteger el mercado interno del arroz es la política correcta. Este es otro instrumento de política económica que estaba vetado por el neoliberalismo para el uso en los países en desarrollo. Afortunadamente, discusiones abiertas en tiempo reciente por economistas como Isabella Weber, recuperaron este instrumento de lucha contra la inflación de precios por abuso de posición dominante por actores dentro de las cadenas de valor.
El tema es altamente complejo y la pretensión de agotarlo en una cuartilla es un absurdo, pero creo que se empieza a abrir nuevamente la discusión sobre la protección del mercado interno como una condición necesaria para el progreso del país.
CODA: La protección de los mercados agrícolas en el mundo es tan fuerte que el subsidio a la producción de arroz en el Japón es del 220%!
Neiva, 28 de julio de 2025
