Ante el anuncio oficial de la ONU frente al cierre de oficinas en ocho departamentos incluido el Huila, Diario del Huila consultó a líderes sociales, autoridades de gobierno y el enlace de paz en la región para conocer desde diferentes puntos de vista las implicaciones de la decisión en el contexto se seguridad y orden público; que finalmente se atribuye a temas netamente financieros.
DIARIO DEL HUILA
Por: Francy Villarreal Ruiz
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos anunció el cierre de tres oficinas en Colombia, y el despido de 46 profesionales por recortes financieros. Ocho departamentos con altos niveles de violencia quedarán sin cobertura directa.
El anuncio se hizo a través de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ayer martes 24 de junio, donde se oficializó el cierre de tres despachos regionales y el despido de 46 empleados.
Las sedes en este caso con cierre inminente son Antioquia, Chocó y Córdoba donde dejarán de operar, al igual que su presencia en Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá. La ONU se retira de ocho departamentos en Colombia por falta de recursos.
La medida responde a fuertes recortes financieros, especialmente por la decisión de Estados Unidos de reducir su apoyo económico a iniciativas humanitarias. Solo en 2024, EE. UU. representó más del 70 % de la financiación humanitaria para Colombia, con más de 330 millones de dólares enviados, la mayoría a través de USAID.
Sin presencia en los territorios
El cierre deja sin acompañamiento directo a comunidades que han sufrido históricamente el abandono estatal y la violencia de actores armados ilegales. La ONU lamentó la imposibilidad de seguir cerca de defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Aunque la Oficina mantendrá su sede en Bogotá y cobertura en otras 13 regiones, la vigilancia en los territorios afectados se realizará de forma remota. “Iniciamos un proceso para hacer más eficiente nuestro mandato en Colombia”, expresó la entidad.
Organizaciones sociales expresaron preocupación. En varias de estas regiones, la presencia internacional ha servido como única garantía de derechos y protección.
Recorte de recursos
EE.UU. recorta fondos y ONU ajusta su operación en Colombia; La ONU se retira de ocho departamentos en Colombia por falta de recursos
La reducción drástica de fondos proviene, en parte, de la cancelación de programas de USAID ordenada por el expresidente Donald Trump desde marzo. Esto afectó a cientos de misiones en todo el mundo, y especialmente a Colombia, uno de los países con mayor apoyo financiero desde Washington.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA, más de 200 millones de personas en el mundo podrían perder asistencia si no se restablecen los fondos. En Colombia, las zonas más golpeadas coinciden con las regiones que perderán presencia directa de la ONU.
El mandato de la Oficina de Derechos Humanos en Colombia continúa vigente hasta 2032. Sin embargo, el recorte representa una alerta temprana sobre la fragilidad del respaldo internacional en tiempos de conflicto y crisis humanitaria.
Gobierno departamental se pronuncia
El secretario de gobierno del Huila; Juan Carlos Casallas Rivas, señaló que la decisión definitivamente afectará a la región sobre todo en medio de una situación de orden público como la que afronta actualmente, donde el conflicto armado viene afectando a las poblaciones de esta región con delitos como el reclutamiento forzado de menores, extorsión, atentados terroristas y homicidios; que trasgreden las garantías de los derechos humanos.
“La noticias la conocimos a través de los medios de comunicación, e indudablemente nos preocupa ya que veníamos realizando una articulación muy importante en procura de la garantía de los derechos humanos y afortunadamente la ONU venían haciendo una presencia muy importante en el territorio, especialmente focalizado en asuntos como la prevención del reclutamiento forzado y todo el tema que tiene que ver con la instrumentalización de que venían siendo víctimas la población civil, el seguimiento a los atentados contra y las violaciones de derechos humanos contra líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal”, expuso Casallas Rivas.
Asimismo, señaló el vocero departamental, que venían cumpliendo un papel muy importante dentro del departamento del Huila en una articulación interinstitucional, no solamente con el gobierno regional; sino con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, precisamente en gestiones humanitarias que el departamento del Huila, sin duda requiere.
“Hacemos un llamado desde aquí para que se haga un mayor esfuerzo por intentar mantener esa oficina que estamos seguros va a continuar contribuyendo de manera muy importante y decisiva precisamente en la garantía de los derechos humanos y en el cumplimiento del derecho internacional humanitario en las situaciones de conflicto que vive no solamente el país, sino el departamento del Huila”, dijo el titular de gobierno.
El secretario de gobierno indicó que la operación de la oficina desde la ciudad de Bogotá, como lugar centralizado no tendrá el mismo impacto, y que tampoco operará de la misma manera que haciendo presencia en el territorio.
“No tienen la misma incidencia, no pueden acceder a información que solamente se puede acceder desde el territorio teniendo contacto con cada una de las comunidades y las poblaciones afectadas y pues esto podría conducir a que eventualmente haya un deterioro en esa situación de la garantía de los derechos humanos, del derecho internacional o militar en las situaciones de conflicto que se viven en el departamento, y especialmente en lo que tiene que ver con la acción de estos grupos armados ilegales que tienen injerencia en el departamento del Huila”.
ONU en el Huila
Dentro del trabajo de la ONU en el departamento del Huila, se incluida el despliegue de acciones de prevención del reclutamiento forzado, consolidación de informes sobre violaciones de derechos humanos en el en el territorio, prestaban apoyo en el seguimiento de la ejecución de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, anunciando una serie de advertencias en materia social.
“No solamente al gobierno departamental, sino al gobierno Nacional, a la fuerza pública sobre la garantía de los derechos y sobre la necesidad de implementar acciones en el territorio eh para garantizar eh los derechos de la población”, expuso el vocero del gobierno del Huila.
Finalmente afirmó el secretario que no se había hecho anuncio alguno sobre el cierre de las oficinas en el departamento, “no tenemos ninguna información. Nos enteramos por los medios de comunicación y con la difusión del comunicado de la ONU donde se expuso que la decisión se dio por temas relacionados a asuntos financieros.
“La situación que atribuyen la decisión es financiera por la falta de disponibilidad de recursos, pero recordemos que en días anteriores un grupo armado ilegal emitió un comunicado en el que le solicitaba a la ONU retirar o a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, no hacer presencia en ciertas zonas del territorio y esto pudo haber de alguna manera incidido también en esta decisión ante el inminente riesgo de la intensificación del conflicto”.
Implicaciones en el territorio
William Hernando Calderón Vargas coordinador de Red de Paz en el departamento del Huila, hizo una lectura desde lo social frente al anuncio hecho por la ONU al cierre de las oficinas incluido en el departamento del Huila; en un momento trascendental en la situación de orden público que tiene el país, y particularmente la región huilense.
“Nos llega la más negativa de las noticias que es el cierre administrativo de la sede de la ONU Derechos Humanos aquí en el departamento. Es la última agencia de cooperación internacional que tenía asiento en el departamento que se va de nuestro territorio. Estamos perdiendo bastante en la defensa de los derechos humanos, en la gestión de paz porque la ONU como organismo multilateral tiene mucha incidencia sobre todos los actores legales e ilegales del conflicto armado interno. Y al perder nosotros esa sede, pues tendríamos que recurrir solamente a la sede administrativa de Bogotá”.
Indicó que la agencia central de Redepaz oficiará un documento como organización, desde el orden Nacional solicitando la revisión de esa decisión, para agotar alternativas y buscar que la decisión se revierta.
“Vamos a decirle a los compañeros de las otras organizaciones de la de la mesa de derechos humanos, que también saquemos una declaración firmada por todas las organizaciones no gubernamentales que existimos aquí en el departamento del Huila, también en esa misma dirección, solicitando que reversen esa decisión porque esto nos dificulta la gestión en favor de los derechos humanos” afirmó Calderón Vargas.
Una decisión de carácter político
Según el defensor de Derechos Humanos la existencia de organismos que tiene la ONU en Colombia dependen de los aportes de los países miembros de la ONU; y uno de los de los países de mayor poder adquisitivo que aporta a la entidad es sin dudas Estados Unidos.
“Está claro que el presidente de Estados Unidos, anunció la desfinanciación del organismo de cooperación de ellos que es USAID. Ya prácticamente no existe en Colombia. Este año Estados Unidos no ha dado los aportes a la ONU y por eso se desfinancia no solamente en Colombia, sino en varios países la presencia”.
Efectos en el orden público
La decisión de cierre de las oficinas de la ONU no solo en el Huila, sino en otros departamentos que también limitan con la región, impacta de forma negativa el contexto de orden público y seguridad. Pues la no presencia de la ONU en los territorios recrudecería prácticamente el conflicto armado.
“Lo que nos llama es a fortalecer nuestras organizaciones no gubernamentales, a exigirle el gobierno departamental y a los gobiernos municipales, la puesta en funcionamiento, por ejemplo, de los consejos municipales de paz y hacer un reforzamiento de todo el tema tanto de las instituciones y de nuestras organizaciones” puntualizó el coordinador de Redepaz.
Preocupante decisión
Nelson Augusto Calderón Cuellar enlace territorial en el departamento del Huila de la oficina del alto comisionado para la paz, es preocupante para el territorio el anuncio del cierre de la oficina; sin embargo, esto representa para el vocero del comisionado de paz la ausencia de la organización en el territorio.
“Es una situación preocupante porque en estos momentos más que nunca se requiere y se necesita de organismos como como este para que nos ayuden a consolidar y aclimatar la paz en Colombia. Entonces, sí es preocupante esta reducción de estas oficinas porque va se van a ver afectados los territorios”, afirmó Calderón Cuéllar.
De la misma forma indicó, que la ONU son facilitadores del proceso de paz, y en esa medida pues y también verificadores del cumplimiento de los acuerdos, lo que sin duda terminará impactado por la medida se va a haber afectado.
Finalmente dijo que alerta también la crisis presupuestal que reporta la entidad, y argumenta el cierre de las oficinal, “a uno se le hace imposible que un organismo de talla mundial, pues diga que tiene crisis presupuestal; pero que esa es la realidad. Entonces, pues parece que ese es el motivo fundamental y preocupa porque si no tiene ellos los recursos, nos inquieta el saber cómo están las entidades nacionales que cumplen con esta función”.
¿Dónde seguirá funcionando la ONU?
En contraste, la entidad mantendrá oficinas y presencia permanente en Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico; zonas de especial influencia para la organización, en donde se adelantan importantes procesos con las comunidades.
En ese orden de ideas, la entidad adelantó que priorizará la eficacia en el cumplimiento de su mandato a pesar de las limitaciones y reiteró su compromiso con los derechos humanos en Colombia. “Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos comienza un proceso para hacer lo más eficiente posible su mandato en Colombia”, se expresó en la misiva, que comunicó una determinación que traerá consigo grandes desafíos en las poblaciones catalogadas en riesgo.
De esta manera, la organización multilateral lamentó “profundamente no poder seguir acompañando como antes a un gran número de personas defensoras, a comunidades en terreno que se verán afectadas por este recorte, en particular pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, y a las autoridades del Estado de varias regiones del país”.
Se enfatiza, en que la decisión podría ser considerada un retroceso en la labor de asistencia que cumplía la ONU a iniciativas humanitarias en el país, y los territorios afectados por la violencia.
