Según datos registrados por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 42 regionales en el país, el año pasado, 409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, lo que representa un aumento significativo respecto a los 342 casos registrados en 2023.
Los datos evidencian, asimismo, una concentración de casos de reclutamiento en ciertas regiones del territorio nacional, particularmente en zonas históricamente azotadas por el conflicto armado. El Cauca, con 300 casos reportados, fue el departamento más afectado.
Es importante precisar que el subregistro impide cuantificar con exactitud la magnitud del problema, así como presuntas responsabilidades.
Los ‘armados’ los perjudican
En relación a la violencia que viene afectando al país, a raíz del resurgimiento de grupos armados, entre ellos las disidencias, que afectan, incluso atropellan a los indígenas, dialogamos con uno de su líder que por razones de seguridad, no daremos su nombre, quien señaló: “el departamento del Huila, tiene una situación compleja dada su cercanía con el Cauca, sector occidente, donde casi todos los municipios tenemos incidencia del conflicto armado en los territorios. Es complejo”.
En términos humanitarios al Comité Internacional de la Cruz Roja, le preocupan los casos de incumplimiento de las partes en conflicto, respecto a la obligación de tomar medidas de precaución para proteger a la población y los bienes civiles de los efectos de las hostilidades.
Asimismo, los confinamientos y los desplazamientos de comunidades también se han intensificado. Según cifras oficiales entre enero y mayo de 22.024, 31.832 personas se confinaron.
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Reclutamiento de menores
En este sentido, el vocero expresó: “es complejo el reclutamiento de los menores, el ‘enamoramiento’ de los ‘armados’, esto hace que haya dificultades en los territorios indígenas. Y según nuestros registros hay 30 muchachos en esta situación, de edades entre los 14 y 18 años de edad”.
Y otra situación que genera conflicto, es el ingreso de jóvenes indígenas a las Fuerzas Militares.
Ahora, en torno al acompañamiento realizado a las familias de menores reclutados, el comunero puntualizó. “Sinceramente el proceso es lento, el tema humanitario ha sido difícil. Y acompañamos a Gustavo Petro, presidente de la República en el programa de ‘Paz Total’, pero debe ser implementado y articulado desde las bases sociales en los corregimientos, veredas, por ende, se debe trabajar para que esta problemática disminuya”.
Los datos evidencian, asimismo, una concentración de casos de reclutamiento en ciertas regiones del territorio nacional, particularmente en zonas históricamente azotadas por el conflicto armado. El Cauca, con 300 casos reportados, fue el departamento más perjudicado.
En cuanto a los grupos armados que más reclutan en el país, el Estado Mayor Central, fue el principal grupo identificado en el reclutamiento de al menos 135 menores, siendo enero el mes con mayor número de casos reportados.
El subregistro
En este sentido, Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, indicó, “el nivel de subregistro es realmente preocupante. Solamente las comunidades indígenas han denunciado que alrededor de 30 menores de edad de esta población, fueron víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados organizados en el departamento del Huila en el año 2024”.
Por esta causa, el Gobierno Departamental con los equipos de acción inmediata, administraciones municipales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Organización de Naciones Unidas, han realizado un trabajo coordinado y en el fin del año pasado, realizaron estrategias en articulación con Inderhuila, Secretarías de Cultura, Gobierno y Educación, sin embargo, se priorizaron solamente los entes territoriales perjudicados por esta problemática social.
Por su parte, Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Huila, manifestó: “la estrategia de reclutamiento ya cambió, no se los llevan a la fuerza, sino al contrario buscan incentivarlos, les dicen venga es que el estudio no sirve para nada, le puedo dar un celular o una moto, o ustedes pueden comprar o hacer lo que ustedes quieran con el dinero que se van a ganar”.
Voceros intimidados
Además, el líder indígena, denunció: “tenemos varios líderes amenazados en esta coyuntura, seis cuentan con medida de protección, y cinco se encuentran en proceso de tener seguridad”.
El representante, mencionó que hay congresistas y ministros que no dejan gobernar, que en su mayoría las apuestas que tiene el Gobierno Nacional para los territorios, no son aprobadas en el Congreso de la República. Necesitan que esos funcionarios ‘aterricen’ en la realidad de lo que vive en Colombia.
Desplazamiento 2024
En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), estableció que en lo corrido del 2024, al menos 175.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado (masivo e individual), de las cuales 128.459 personas se han desplazado de manera individual, persistiendo el subregistro ante la falta de denuncia de estos hechos en algunos territorios.
Adicionalmente, cerca de 46.700 víctimas (27%) son por causa de desplazamientos masivos con un leve aumento (3%) en el número de eventos y muchos con recurrencia en las mismas comunidades.
Asimismo, se identificaron 205 emergencias humanitarias masivas por causa del conflicto y violencia armada en 75 municipios de 20 departamentos. De estas, alarma las más de 125.700 personas víctimas de confinamiento debido a las restricciones en su movilidad prolongadas que limitan el acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales, siendo el 2024 el año con un gran aumento de las personas confinadas (93%) desde que se tienen reportes, y superando en un 42,5% el total de confinados en 2023.
Aumentaron los combates
Monitoreando otros indicadores y según los reportes, se identifica disminución de eventos en los ataques contra civiles como amenazas (-48%), atentados (-29%), al igual que las acciones armadas como bloqueos de vías y retén ilegal (-26%) e incursiones (-35%) e incluso las víctimas de minas antipersonal -MAP- (-21%).
También, se identificó disminución del 59% en los homicidios de lideres sociales y defensores, pero destacándose concentración en Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Meta, al igual que las masacres (-53%) , sin embargo, los mayores reportes se dan en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Huila, entre otros.
Contrario a esto, se ve un aumento considerable de los combates (51%) y hostigamientos (30%), mientras que los enfrentamientos entre los grupos armados no estatales mantienen la misma tendencia, al igual que las emboscadas y ataques contra infraestructura militar que tienen leve aumento.
Además, el control social y territorial a través de diferentes prácticas que imponen los grupos armados no estatales, entre ellos los paros armados en el Chocó, continúa generando muchas limitaciones de acceso a derechos fundamentales, y el temor a represalias conlleva a la falta de denuncia, naturalizando el impacto.
