Después de siete años de haberse iniciado las investigaciones contra los integrantes del Secretariado de las antiguas Farc, cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo Renegociado de Paz que fue suscrito para buscar la terminación del conflicto armado que durante más de seis décadas, generó la más cruda violencia irracional contra las familias colombianas. Hay que reconocerle el esfuerzo que realizó el expresidente Juan Manuel Santos Calderón para buscar consensos que condujeran a consolidar la paz en el país. Dentro de lo acordado, estaba que los dirigentes de esta organización narcoterrorista que se desmovilizaron serían juzgados por este Alto Tribunal que fue creado para tal fin. Por lo complejo que ha resultado este proceso, la decisión de condenar a 8 años a siete integrantes, han generado duros cuestionamientos por las victimas del conflicto. Infortunadamente es un sapo que la sociedad colombiana debe tragarse por buscar una salida a esta problemática que nos acompañó desde el siglo pasado. En los medios de comunicación y en las redes sociales, abundan voces de inconformismo por esta decisión judicial, que ha sido considerada muy leve, frente a los graves delitos de lesa humanidad que cometieron estos criminales y desadaptados sociales y que ahora se reinsertaron a la civilidad colombiana.
Lo grave, de todo lo anterior, es que no todos los integrantes de la antigua Farc se sometieron a este Acuerdo. Las disidencias y otras organizaciones delincuenciales se fortalecieron durante el último trienio, aprovechando la debilidad del accionar gubernamental. A la fecha ya existen once organizaciones narcoterroristas, producto del sofisma que se inventaron de implementar la política pública de la Paz Total. Y el error fatal, fue promover el debilitamiento de los organismos armados del Estado, que han facilitado su fortalecimiento militar de la subversión. Los narcoterroristas ya poseen tecnología de punta como drones y las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública, no los poseen. Diariamente son asesinados soldados y policías en sus guarniciones militares, mientras el primer mandatario de los colombianos se encuentra estructurando estrategias para continuar con sus acostumbrados viajes al exterior, acompañados de una amplia fronda burocrática, cuyos gastos son sufragados por los impuestos que pagamos los colombianos. El ejecutivo se encuentra totalmente descontextualizado y solo piensan en propuestas interplanetarias. No han aterrizado a la verdadera realidad nacional, que es bastante crítica y caótica en que se encuentran viviendo las familias colombianas.
La próxima semana se espera que este Alto Tribunal, tome las decisiones de condenar o absolver a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública que están siendo sindicados por los falsos positivos que supuestamente se cometieron durante el conflicto. Se espera que exista un equilibrio y una ponderación al administrar justicia. Qu no se conviertan dichas decisiones acompañadas de sesgos ideológicos, como ha ocurrido en otras instancias judiciales cuando profieren fallos judiciales.
