Por. EDWIN FERNANDO PISSO ESCALANTE
Dentro del marco de la consulta popular sobre la reforma laboral que el Gobierno Nacional ha propuesto, surgen temas cruciales que afectan profundamente a los campesinos y campesinas de nuestro país. Específicamente, quiero centrarme en las preguntas 8 y 12, que abordan la posibilidad de establecer un régimen laboral especial para los trabajadores agrarios y la creación de un bono pensional para los campesinos. Si bien ambas iniciativas tienen buenas intenciones, es vital analizar sus ventajas y desventajas antes de dar un paso decisivo en esta dirección.
La “pregunta 8” se refiere a la posibilidad de implementar un régimen laboral especial para los trabajadores del campo. Este enfoque podría ofrecer una serie de ventajas, comenzando por la mejora de las condiciones laborales. En muchas zonas rurales, los campesinos enfrentan desafíos significativos en términos de explotación laboral, sueldos bajos y falta de acceso a beneficios básicos. Un régimen laboral diseñado específicamente para ellos podría garantizar salarios justos, seguridad laboral y acceso a beneficios sociales, lo que no solo elevaría su calidad de vida, sino que también fomentaría un ambiente de trabajo más justo y equitativo.
La implementación de un régimen laboral especial implica costes adicionales para los empresarios del campo, quienes ya lidian con múltiples desafíos, como el acceso limitado a crédito y la fluctuación de los precios de los productos agrícolas. Estos costos podrían llevar a algunos empresarios a reducir sus plantaciones o incluso dejar de producir, lo que a su vez afectaría el empleo en el sector. Además, la complejidad administrativa de crear y gestionar un régimen especial podría generar retrasos y dificultades en su implementación. Finalmente, existe el riesgo de que esta regulación pueda impactar negativamente la productividad, si no se diseña adecuadamente, creando un entorno poco favorable para la inversión en el sector agrícola.
Por otro lado, la “pregunta 12” plantea la posibilidad de establecer un fondo especial para otorgar un bono pensional a los campesinos. Este bono podría ser vital para reconocer el arduo trabajo de los campesinos y su contribución al desarrollo económico del país. Muchas veces olvidados en las políticas públicas, los agricultores merecen un apoyo que les asegure una calidad de vida digna en su vejez. Este bono incentivaría la permanencia de los jóvenes en el campo, promoviendo así un desarrollo sostenible en nuestras comunidades rurales.
Aun así, esta propuesta presenta desafíos significativos. El costo y el financiamiento de un bono pensional requieren una planificación cuidadosa, ya que debe ser sostenible a largo plazo. La creación de un fondo debe considerar las fuentes de financiamiento adecuadas para evitar cargas adicionales al Estado y a los contribuyentes. También es crucial abordar la cuestión de la equidad y la focalización, para asegurarnos de que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, evitando que grupos no elegibles se beneficien de un sistema diseñado para proteger a nuestros campesinos.
Es esencial diseñar políticas que respondan a las necesidades reales de los trabajadores agrarios y campesinos, priorizando su bienestar y promoviendo la justicia social. Sin embargo, la politización de la reforma laboral plantea serios riesgos. Nos enfrentamos a un escenario donde intereses políticos pueden distorsionar la esencia de estas propuestas, transformando lo que debería ser un diálogo constructivo en confrontaciones.
