El ministro Iván Velásquez Gómez reiteró el compromiso del Ejecutivo con la paz, al tiempo que enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades militares y policiales para contrarrestar la violencia generada por los grupos armados ilegales.
Durante una sesión especial ante la Cámara de Representantes, el ministro explicó que la disputa territorial entre estructuras ilegales, particularmente el ELN y las disidencias del frente 33, ha escalado hasta el punto de requerir medidas extraordinarias. En este contexto, la declaratoria de conmoción interior no solo abarca el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, sino que se extiende a los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
«Estas dinámicas de conflicto están afectando desproporcionadamente a la población civil y nos obligan a actuar con determinación«, afirmó Velásquez.
Operaciones militares y fortalecimiento de la Fuerza Pública
El jefe de la cartera de Defensa aseguró que tanto el Ejército como la Policía seguirán combatiendo a las estructuras criminales que amenazan la estabilidad de la región.
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En ese sentido, anunció el regreso de la Armada Nacional al Catatumbo tras ocho años de ausencia, con el despliegue del ‘Elemento de Operaciones’, compuesto por tres botes patrulleros y un bote de apoyo fluvial, con el objetivo de controlar las vías navegables utilizadas por los grupos criminales para el tráfico de drogas.
Así mismo, recordó que en 2023 se asignaron 25 nuevos pelotones a la región para reforzar la seguridad, asegurando que “no vamos a permitir que el ELN ni ningún otro grupo armado se consolide en la región”.
El ministro reveló que la actual escalada de violencia se debe en gran parte a la ruptura de una alianza entre el ELN y las disidencias del frente 33, ocurrida a finales de 2024. Este quiebre tuvo su origen en el aumento del precio de la cocaína, lo que permitió a las disidencias ganar control sobre las rutas del narcotráfico en zonas previamente dominadas por el ELN.
En respuesta, la guerrilla del ELN intensificó su violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales y habitantes del Catatumbo, en un intento por reafirmar su dominio territorial mediante la imposición de una hegemonía criminal.
Según Velásquez, 638 personas, entre ellas 32 firmantes del Acuerdo de Paz y 17 líderes sociales, han sido rescatadas y evacuadas, mientras que 580 personas han buscado refugio en 14 bases militares, desde donde han sido trasladadas a lugares seguros.
En el marco de estas acciones, 91 integrantes del GAO Residual-33 se han sometido a la justicia desde el 16 de enero a la fecha, entregando un arsenal de armamento que ha debilitado significativamente su capacidad bélica. Además, 20 menores de edad fueron recuperados de las filas de este grupo criminal.
El componente aéreo de la Fuerza Pública ha jugado un papel clave en el restablecimiento del orden en la región. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha realizado 177 horas de vuelo, transportando 127 toneladas de ayuda humanitaria y operando con cuatro aeronaves especializadas, incluyendo un avión fantasma, sistemas de inteligencia aérea y unidades de traslado aeromédico.
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