Por: María del Carmen Jiménez
Esta frase bíblica (Juan 8:32) ha sido evocada en muchos contextos de dolor, violencia y búsqueda de justicia. Esta afirmación, en sociedades marcadas por conflictos armados, dictaduras o regímenes de impunidad, se convierte en un principio ético fundamental. En Colombia, país atravesado por más de seis décadas de conflicto interno esta verdad es un imperativo y condición indispensable para la reconciliación, la justicia y la reparación. Cuando se habla de verdad no se pueden ignorar las figuras de todos los actores armados, los determinadores, provengan de donde provengan, que han contribuido a profundizar la violencia y muerte en esta patria.
La verdad no solo libera a las sociedades del silencio cómplice, del miedo, de las narrativas impuestas por los poderosos. La verdad permite que las víctimas sean escuchadas, que los hechos sean esclarecidos, que las responsabilidades sean asumidas. Sin verdad, no puede haber memoria, sin memoria no habrá justicia y sin justicia, la paz y la convivencia son frágiles.
En Colombia la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz de 2016, identificó que las víctimas no solo fueron golpeadas por parte de las armas, sino también por el ocultamiento de los hechos, la negación de los crímenes y la ausencia de responsables. Por eso el derecho a la verdad es hoy uno de los pilares del Sistema Integral de Justicia Transicional. Sistema que ha sido vilipendiado y negado por algunos que desde el poder político y económico han aupado la guerra. Los exintegrantes de las FARC que suscribieron el Acuerdo de Paz y están sometidos a la JEP deben decir la verdad y reparar a las víctimas.
El expresidente Alvaro Uribe quien es una figura de poder, polarización y debate nacional, ha sido señalado por presuntos vínculos con el paramilitarismo, una maquinaria criminal que opero con el apoyo o connivencia de sectores del Estado, dejando a su paso masacres, desplazamientos, desapariciones. A pesar de las denuncias e investigaciones, gran parte de la verdad sobre esos presuntos vínculos y responsabilidades han sido obstaculizados y sigue pendiente su esclarecimiento por las autoridades competentes. La Corte Suprema de Justicia en 2018 lo vinculó a un proceso judicial por presunto “soborno a testigos y fraude procesal.” Después de adelantar el debido proceso, la Jueza Sandra Heredia quien sin duda alguna ha actuado con total imparcialidad, independencia y objetividad, emitirá el fallo definitivo el próximo 28 de julio de 2025. Lo observado por todos en este juicio permitió evidenciar que no se basó en diferencias políticas sino en una investigación judicial respaldada con pruebas documentales, testimonios, y actuaciones judiciales sólidas. Se demuestra que nadie está por encima de la ley.
Cuando se conoce la verdad, se esclarecen los hechos de manera transparente, se puede afirmar que la verdad no es un castigo es el primer paso hacia una libertad digna, una memoria sana y una sociedad justa. Colombia necesita la verdad para cerrar sus heridas.
