Por: Ernesto Cardoso Camacho
La Constitución del 91 generada en virtud del proceso constituyente convocado por el expresidente Gaviria que revocó el congreso recientemente electo, decisión soportada en la llamada séptima papeleta; permitió un amplio consenso entre los partidos políticos y el M 19 que se desmovilizó para ingresar a la institucionalidad democrática.
Los medios de comunicación de la época actuaron como caja de resonancia muy eficaz para viabilizar la propuesta que movilizó cerca de 3 millones y medio de electores y eligió los delegados a la Asamblea Constituyente, la cual fue presidida conjuntamente por ALVARO GOMEZ HURTADO, HORACIO SERPA URIBE y ANTONIO NAVARRO WOLF, es decir, una presidencia que reflejaba las mayorías obtenidas en las urnas.
Dentro de los muchos innegables aciertos plasmados en la Carta Política, no obstante, el evidente desbalance entre derechos y deberes; luego de 33 años de vigencia y de sus múltiples reformas; es también evidente que persisten falencias institucionales específicamente en el sistema político y electoral; en el sistema de justicia y en la conformación de los organismos de control como Procuraduría, Contraloría; Defensor del Pueblo, etc.
El sistema político ha derivado en el clientelismo que practican los partidos con mecanismos como el aval; la circunscripción nacional para el Senado; las listas abiertas y con voto preferente; la financiación privada de las campañas; la conformación de partidos de gobierno, independientes y de oposición que estimula como lo estamos viendo hoy, la presión indebida que ejerce el ejecutivo sobre el legislativo para el apoyo de sus iniciativas; el origen y conformación del Consejo Nacional Electoral; en fin, el desgaste del sistema que acrecienta la corrupción y la pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano hacia el Congreso, los partidos y sus dirigentes.
En relación con el sistema judicial existen permanentes quejas acerca de la morosidad; la congestión; la impunidad; el vencimiento de términos que conduce a la prescripción de los procesos penales; el abuso de medidas como la detención preventiva o privación de la libertad; sonados casos de corrupción como el del “Cartel de la Toga” y desde luego el enorme problema carcelario. En este aspecto, existe un factor institucional de carácter constitucional que se localiza en el origen y designación de miembros de las altas Cortes, del Procurador, del Contralor, del Registrador, del Defensor del Pueblo y del Fiscal; pues es bien sabido el rol de intrigas y de intereses políticos que se suscitan en el Congreso para la nominación y/o elección de tales funcionarios y de magistrados de la Corte Constitucional.
En cuanto a los organismos de control basta con decir que la apabullante corrupción nunca ha podido ser castigada con el rigor ejemplar que ella merece, pues las investigaciones duran años y años engavetadas para proteger a sus protagonistas y los intereses políticos que estos representan.
En este claro escenario institucional es que se explica la agitación populista del presidente Petro, cuando insiste en convocar al pueblo soberano dado que es sin duda el constituyente primario que esta secuestrado por el secundario que es el Congreso; dado que cualquiera de las iniciativas de origen ciudadano como mecanismos de participación democrática, para modificar o cambiar el texto constitucional, inevitablemente debe pasar primero por la previa aprobación del congreso. Tenemos ahora la evidencia con el intento de acudir a uno de ellos como es la Consulta Popular del artículo 104 constitucional.
Ahora bien. Si observamos con atención y de manera objetiva, por encima de fanatismos ideológicos o políticos, la actual escalada de polarización; estimulada desde el gobierno pero secundada por la oposición; es inevitable aceptar que de acuerdo con los sondeos de opinión que se están conociendo, coinciden en mostrar una tendencia electoral que permite presumir varias cosas. La primera y quizás determinante, la aprobación de la gestión del presidente Petro se sostiene entre el 25 y 32 % así como su desaprobación oscila entre el 55 y 62 %. Estas cifras permiten presumir que para el congreso en marzo 26 la lista cerrada del Pacto Histórico podría obtener un 22 o 25 % de votos, hecho que se reflejaría en cerca de 20 senadores, es decir, manteniendo su actual representación; y cerca de entre 30 y 35 representantes. Con tales probables cifras, los partidos de centro y de oposición estarían por el orden de 57% de representación en ambas cámaras, más un10 o 15 % de partidos y movimientos de origen cristiano o independientes.
Estas probables cifras desde luego es muy posible que se reflejen en la primera vuelta presidencial, lo que permitiría pensar en que una coalición de centro izquierda con el petrismo, colocaría la opción de la derecha unida en serios aprietos para ganar en la segunda vuelta.
La insistencia del presidente en acudir a la soberanía popular mientras la derecha opositora rechaza abiertamente esa opción constitucional, podría rentarle electoralmente en marzo y mayo del 26, a pesar de los evidentes desaciertos del gobierno. Como dicen por ahí “el palo no esta para cucharas”.
Este escenario es el que permite describir la tragedia de nuestra democracia, porque es muy probable que la polarización se mantenga o incluso escale en intensidad luego del 26. Allí es donde cobraría vigencia institucional la imperativa necesidad de una Constituyente limitada a cambios estructurales en el sistema político y electoral; el de justicia y de los organismos de control.
