La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha encendido las alarmas en el sector de las telecomunicaciones. Cuatro de los principales operadores móviles del país —Tigo, Claro, Movistar y WOM— están bajo investigación por presuntas fallas en sus procesos de reposición de tarjetas SIM, negligencias que habrían abierto la puerta al temido SIM Swapping, una modalidad de fraude que ha dejado miles de víctimas con sus cuentas bancarias vacías y suplantaciones digitales difíciles de rastrear.
El organismo de control señala que los operadores habrían permitido que terceros solicitaran la reposición de líneas telefónicas sin una verificación rigurosa de identidad. En otras palabras, los delincuentes lograron engañar a las compañías para transferir el número de una persona a una nueva tarjeta SIM en su poder. Desde ese momento, los mensajes, llamadas y códigos de verificación bancaria llegan al dispositivo de los estafadores.
Lo que comienza con una pérdida repentina de señal termina en una pesadilla digital: acceso a correos electrónicos, redes sociales y cuentas financieras. La víctima, desconectada del sistema, solo se entera del ataque cuando ya es demasiado tarde.
Según la investigación, la SIC identificó tres fallas graves en las compañías: la ausencia de herramientas tecnológicas adecuadas para autenticar la identidad de los solicitantes, la falta de controles periódicos que garanticen la seguridad del proceso, y la entrega de respuestas deficientes a los usuarios que denunciaron reposiciones no autorizadas.
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Lo más preocupante es que, de acuerdo con la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, las empresas eran conscientes de las posibles vulnerabilidades en sus sistemas y aun así no habrían tomado las medidas correctivas necesarias.
El SIM Swapping no es un fenómeno nuevo. En 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ya había advertido que esta técnica se consolidaba como una de las principales herramientas del crimen financiero digital, afectando tanto a usuarios como a bancos y comercios que terminan involucrados en transacciones fraudulentas.
Ahora, las compañías investigadas tienen quince días hábiles para presentar sus descargos. Si la SIC confirma las irregularidades, cada operador podría enfrentar sanciones de hasta COP 21.345 millones —equivalentes a 15.000 salarios mínimos—, una multa que busca no solo castigar las omisiones, sino enviar un mensaje contundente sobre la urgencia de reforzar la seguridad en un entorno donde la banca digital avanza más rápido que las medidas para protegerla.
En un país cada vez más dependiente de los servicios digitales, la advertencia de la SIC es clara: la confianza tecnológica no puede sustentarse sobre protocolos vulnerables.
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