AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Nuestra alta Corte Constitucional y el desarrollo normativo vigente en Colombia, nos han llevado a concluir que el Derecho a la Salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable y que hace parte de todos aquellos elementos propios de la estructuración del reconocimiento de la dignidad humana, y, por tanto, se requiere el control, la administración, la vigilancia y la protección para que se asegure y se garantice éste derecho a todos los colombianos.
Desafortunadamente el manejo y la forma de prestación del servicio de salud ha terminado por ser un detonante de la realidad social, hasta el punto de que hace parte de un proceso político salpicado como ha sucedido a lo largo de la historia colombiana, de todas las formas de corrupción, manipulación, uso indebido y por qué no, fuente de enriquecimiento de castas políticas dominantes, y de que no todos los colombianos, gocen y disfruten de un servicio inmediato, ágil, oportuno y que se tengan garantías del correspondiente seguimiento en los controles y en la forma de proveer los medicamentos requeridos para que el ser humano, tenga una mínima calidad de vida y por consiguiente, social y económicamente pueda hacer parte de la sociedad en pie de igualdad como se pregona de nuestra carta política.
En nuestra forma de actuar, generando violencia y caos en todos los frentes de la realidad nacional, como ha venido sucediendo a lo largo de las rencillas partidistas y de los fenómenos políticos, hemos podido establecer que las entidades encargadas del manejo de la salud en Colombia, han terminado por ser el gran financiador de las campañas políticas y en muchos casos, la caja menor de los grupos o dirigentes políticos de turno, e incluso, de aquellos que han dejado los mecanismos y las formas de perpetuación en esa “vaquita de leche”, como se le dice a las instituciones encargadas del manejo de la salud y como se encubren las formas de contratación y manipulación de los recursos de la salud o para la salud.
Se pretende una reforma integral al sistema de salud, es urgente, se busca con toda clase de argumentos esa reforma a la prestación del servicio de salud, y sin lugar a dudas, es un reto que la sociedad en este momento no comprende y que la política y los grandes empresarios de la salud se encargan de direccionar hacia otros objetivos, pero con la única salida de que es el ciudadano, el usuario del servicio, el directamente afectado por la desidia y la forma precaria de un servicio de salud, que se ofrece en casos de urgencia o de un tratamiento adecuado e incluso de prevención para enfrentar las grandes epidemias o males que afectan la integridad física del ciudadano.
No podemos seguir siendo pasivos, es necesario que la sociedad civil adopte posiciones serias y concretas frente a la problemática que se vive con el sistema de salud en el país, y entre ellos, no podemos desconocer lo que muchas veces se ha denunciado por una parte, en la forma como se mancilla el régimen laboral de los médicos, enfermeros, asistentes y funcionarios de un centro de salud, hasta el punto de los mecanismos que se utilizan para fomentar lo que por muchos años ha sido una tercerización de la contratación, con grandes dividendos para empresarios que se lucran a costa de los servicios que se prestan, todo ello, aún sin una respuesta positiva o un control real que permita que dichos funcionarios de la salud, sean realmente reconocidos y valorados por el servicio que prestan.
Seguimos siendo víctimas de nuestra pasividad, la sociedad civil debe comprometerse y ejercer todos los mecanismos que sean posibles para que la salud se constituya en el epicentro de toda la gestión política institucional al servicio de todos, sin distingo de condición social o económica y que se nos procure la dotación de los elementos mínimos para garantizar un servicio bueno, y quizá “óptimo” en la búsqueda de una forma de vida digna y de respeto como se merecen todos los seres humanos, en este país de la violencia, del caos, de la inequidad y de la crisis de valores a la que hemos llegado, por y como fruto del quehacer político y politiquero de quienes se oponen a un cambio de estructuras y de la búsqueda de una paz que concite el valor patriótico de ser colombianos.
Por eso no olvidemos que como ha dicho la Corte Constitucional: “En cuanto a la salud como derecho fundamental, este debe ser prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad, con fundamento en los principios de continuidad e integralidad; mientras que, respecto a la salud como servicio, se ha advertido que su prestación debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.”
