Por: Felipe Rodríguez Espinel
La reforma pensional se ha convertido en un caso paradigmático de cómo las buenas intenciones legislativas pueden verse comprometidas por deficiencias en el procedimiento democrático y la coordinación institucional. Lo que debería ser un debate sobre la justicia social y la sostenibilidad del sistema pensional se ha transformado en un laberinto jurídico que expone las fisuras de nuestro sistema político.
La decisión unánime de la Corte Constitucional de suspender la reforma no es un capricho judicial, sino una respuesta necesaria ante la violación flagrante de los principios básicos del debate democrático. El denominado pupitrazo en la Cámara de Representantes no fue simplemente un error técnico, sino una abdicación de las responsabilidades constitucionales que el Congreso tiene con la ciudadanía.
Cuando los representantes aprueban un texto sin debate real, sin análisis de proposiciones y sin la deliberación que exige la democracia, no solo violan la Constitución, sino que traicionan la esencia misma de la representación política. La reforma pensional, independientemente de sus méritos de fondo, quedó manchada por este vicio procedimental que la Corte no podía ignorar.
Si bien la Cámara cumplió formalmente con la orden judicial, las denuncias sobre irregularidades en la convocatoria extraordinaria plantean interrogantes sobre si realmente se subsanó el problema original o si, por el contrario, se crearon nuevos vicios; ilustrando la precariedad jurídica que rodea todo el proceso. Esta situación revela una preocupante descoordinación entre las ramas del poder público y una gestión gubernamental que privilegia la urgencia política sobre la solidez institucional.
Ahora, la solicitud del Banco de la República de aplazar tres meses la implementación de la reforma, en caso de ser declarada exequible, debe analizarse desde una perspectiva técnica y no política. El Banco no está haciendo oposición al gobierno, como sugiere el presidente Petro, sino cumpliendo con su responsabilidad institucional de advertir sobre los riesgos operativos de una implementación precipitada.
Todo esto, ha evidenciado las fracturas profundas de nuestro sistema político. Por un lado, tenemos un gobierno que, movido por la urgencia social legítima de resolver el problema pensional, ha mostrado una preocupante indiferencia hacia los procedimientos institucionales. Por otro lado, observamos una oposición que, en lugar de proponer alternativas constructivas, se ha limitado a explotar las debilidades procedimentales del proceso.
La reforma pensional nos recuerda que la democracia no es solo votar, sino deliberar. No es solo decidir, sino hacerlo bien. El gobierno del presidente Petro, con su legítima agenda de transformación social, debe entender que las instituciones democráticas no son obstáculos a superar, sino herramientas a utilizar correctamente. Los colombianos necesitamos una vejez digna, pero también necesitamos confiar en que sus instituciones funcionan correctamente.
En última instancia, el destino de la reforma pensional será también el destino de nuestra democracia. O aprendemos a hacer las cosas bien, o seguiremos navegando en el laberinto institucional que nosotros mismos hemos creado.
