El miércoles anterior, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego sancionó la Ley de Reforma Laboral que fue aprobada de manera consensuada por las mayorías del Congreso de la República, luego de un tortuoso proceso de debates y del hundimiento de la iniciativa gubernamental presentada por el ejecutivo, que solo buscaba generar un deterioro del tejido empresarial del país, pero que luego de sendas discusiones y acuerdos con el sector gremial del país, se pudo dar luz verde a esta importante norma, que va a favorecer solamente a los trabajadores del sector formal de la economía. Infortunadamente no va a existir un aporte positivo al sector productivo a la generación de bienestar y al mismo recaudo de impuestos, por el incremento de los costos de las nóminas que se van a incrementar y que serán trasladados al consumo nacional, provocando con ello un aumento de precios y un aumento de la tasa de desempleo, así no lo quieran aceptar los áulicos que defienden la actual gobernabilidad del ejecutivo, que jamás han creado una empresa. Con ello se va a generar un aumento de la informalidad en el país, que actualmente sobrepasa los 13 millones de personas que se encuentran por cuenta propia y que por la mala aplicación de los instrumentos de política macroeconómica del actual gobierno, se incrementaron en 3 millones.

No estamos en contra de la implementación de esta nueva Ley que contribuye a fortalecer los exiguos ingresos de los trabajadores dependientes, porque ayuda a fortalecer el consumo nacional. Pero, por otro lado, es preocupante, porque los grandes empresarios que son los que generan el 80% del empleo formal, van a acelerar y a modernizar sus procesos productivos a través de la aplicación de robots y por ende, van a suplir la mano de obra con el fin de reducir los costos laborales en sus nóminas. Esto no es mentira. Los que van a salir afectados son los mismos trabajadores, algo que no aceptan los integrantes del equipo económico del alto gobierno, por sus sesgos ideológicos y por las retóricas baratas de gobierno nacional. Simplemente van a reducir sus nóminas. Algunos centros del pensamiento económico y del sector gremial, han expresado que se perderían aproximadamente quinientos mil empleos formales directos.  

Con ello, no queremos generar un rechazo a la implementación de esta Ley. Es importante que el gobierno nacional legisle también para las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas por la implementación de esta Ley, porque se impide su dinamismo de crecimiento y, por lo tanto, puede provocarles el cierre de estas iniciativas familiares. No es para nada una reforma moderna, parece sacada de textos del siglo XIX, cuando la economía estaba dominada por las industrias que hoy están en decadencia o amenazadas por la dinámica de países más productivos.