Luego de que la Defensoría del Pueblo diera a conocer el informe donde indican los municipios que más alerta hay por las elecciones, queda un interrogante si hay posibilidad de que se realicen o no estos comicios en aquellas zonas del departamento.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un documento de advertencia que identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, antes, durante y después de los comicios.
El propósito de esta Alerta es orientar análisis y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes, con el fin de fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.
Además de prevenir la materialización de hechos violentos y vulneraciones, pero también fortalecer las garantías para que todas las personas, sin distinción, puedan participar en los diferentes procesos electorales de manera libre, segura y en condiciones de igualdad.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
En el departamento del Huila el panorama es alarmante, 22 de los 37 municipios se encuentran en alerta urgente y prioritaria por orden público, siendo el municipio de La Plata el que registra en llamado a la acción urgente.
Recordar que La Plata, Huila, ha sido víctima del conflicto armado, con un historial marcado por el desplazamiento masivo de personas a causa de enfrentamientos armados, especialmente del corregimiento de San Miguel, por temor a la violencia de grupos como el «Estado Mayor Central». La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la situación, y organizaciones como la Unidad para las Víctimas han realizado jornadas para la entrega de indemnizaciones y apoyo a los afectados.
Esta Alerta Temprana Electoral (ATEL) 2025-2026 advierte sobre los riesgos derivados de las dinámicas de hegemonía, consolidación, coexistencia o disputa territorial de los Grupos Armados Ilegales (GAI), en el contexto del conflicto y la criminalidad organizada, que pueden afectar los derechos fundamentales vida, libertad, integridad y seguridad, así como las libertades políticas y civiles, en los procesos electorales que tendrán lugar entre finales de 2025 y 2026.
Se entiende el proceso electoral en un sentido amplio, que abarca el antes, durante y después de los comicios. Esto comprende la definición e inscripción de candidaturas, las campañas electorales, las jornadas de votación y la posesión de personas elegidas. Bajo esta perspectiva, los procesos electorales incluidos en esta advertencia son: las elecciones atípicas, las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, las consultas interpartidistas, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), los procesos de recolección de firmas, así como las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Identificación del riesgo
La Defensoría del Pueblo adoptó un enfoque territorial, basado en una aproximación macrorregional, para analizar los riesgos de violaciones a los derechos humanos y a las libertades políticas y civiles en los procesos electorales 2025–2026. Esto permite una lectura diferenciada y contextualizada del país. Las siete macrorregiones que se consideraron son: Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, y el Archipiélago de San Andrés y Providencia); Nororiente (Santander, Norte de Santander, subregión del Catatumbo, Magdalena Medio y Sur de Bolívar); Noroccidente (Antioquia, Chocó , Córdoba, Sur de Córdoba, Bajo Cauca y Urabá Darién); Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca –excepto el municipio de Piamonte- y Nariño, así como el municipio de Litoral del San Juan del departamento de Chocó); Sur Amazonía (Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Vaupés); Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Guainía y Vichada); Centro andina (Bogotá D.C, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda).
La metodología para la clasificación de riesgo electoral se elaboró con el propósito de ofrecer un marco analítico riguroso y comparable entre municipios. Busca analizar los factores de amenaza, vulnerabilidad y capacidad que configuran escenarios de riesgo que pueden afectar los derechos fundamentales vida, libertad, integridad y seguridad, así como las libertades políticas y civiles, en los procesos electorales. Con base en este análisis, se consolida un puntaje que ubica a cada municipio en un nivel específico de llamado a la acción estatal, lo que permite orientar de manera diferenciada las medidas de prevención, respuesta y acompañamiento institucional.
Clasificación de llamado a la acción estatal
Según la intensidad de las violencias (variables de amenaza), fortalezas (capacidades) y debilidades (vulnerabilidades) institucionales y sociales identificadas, se formularon varios llamados a la acción estatal. Estos llamados se clasificaron en cinco niveles que buscan que las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales se focalicen de forma diferenciada en la disuasión de las violencias por medio de la acción de la fuerza pública, la mitigación de las vulnerabilidades y el fortalecimiento de las capacidades, según las necesidades puntuales de cada municipio o área no municipalizada.
- Llamado a la acción inmediata: Este nivel corresponde a escenarios en los que el riesgo se ha materializado y requiere una respuesta robusta del Estado. Supone el despliegue inmediato de acciones de seguridad y protección orientadas a contener los factores de amenaza materializados que afectan directamente el proceso electoral y a prevenir su persistencia.
- Llamado a la acción urgente: Este nivel se aplica en contextos donde existen amenazas en desarrollo o con alta probabilidad de materializarse, lo que demanda una respuesta rápida y coordinada del Estado. Requiere la activación urgente de medidas de seguridad, protección y articulación interinstitucional orientadas a prevenir la consolidación de hechos violentos o restrictivos de la participación electoral
Las acciones deben enfocarse en reducir las vulnerabilidades identificadas y fortalecer las capacidades institucionales y sociales con algún nivel de desarrollo, de manera que se contenga la evolución del riesgo y se proteja el normal desarrollo del proceso electoral, en esta clasificación es donde se encuentra ubicado el municipio de La Plata, el cual se encuentra en alto riesgo de amenaza.
- Llamado a la acción prioritaria: Este nivel corresponde a contextos en los que los factores de amenaza presentan una menor visibilidad o una afectación indirecta, pero donde persisten vulnerabilidades que podrían escalar si no se abordan oportunamente. La acción estatal debe centrarse en reducir dichas vulnerabilidades, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, y controlar los factores de riesgo identificados. Se requiere una intervención temprana y sostenida, orientada a prevenir el deterioro de las condiciones de seguridad y proteger los derechos y libertades políticas durante el proceso electoral.
En esta clasificación se encuentran 21 municipios del Huila, los cuales son: Acevedo, Aipe, Algeciras, Baraya, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga, Neiva, Oporapa, Palermo, Palestina, Pitalito, Suaza, Tello, Tesalia y Villavieja.
- Llamado a la observación permanente: En estas zonas, aunque existen capacidades preventivas, se requiere monitoreo constante para anticipar variaciones de riesgo y detectar cualquier cambio en el comportamiento que pueda afectar el ejercicio del proceso electoral, los derechos y libertades políticas.
En esta clasificación se encuentran 12 municipios del Huila los cuales son: Agrado, Campoalegre, Colombia, Paicol, Pital, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Teruel, Timaná y Yaguará.
- Llamado a mantener la acción ordinaria: En estos escenarios, no se encuentra un factor de amenaza asociado al conflicto armado o la criminalidad organizada que pueda comprometer de forma directa el proceso electoral los derechos y libertades políticas. Por lo anterior, se insta a las instituciones a continuar con sus funciones ordinarias. En este ítem se cuentan 3 municipios del Huila los cuales son: Altamira, Elías y Tarqui
Accionar de los grupos armados organizados
Cuatro grupos armados organizados amenazan el desarrollo de la contienda electoral en el contexto sur amazónico: El Bloque Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, ambos pertenecientes al EMBF, bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’; el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), comandado por ‘Iván Mordisco’; la Segunda Marquetalia (SM); y finalmente, los Comandos de la Frontera (CDF), pertenecientes a la Coordinadora Nacional del Ejercito Bolivariano (CNEB). A través de alianzas con estos grupos, actores del crimen organizado (locales y/o transnacionales) podrían también intervenir en los procesos y certámenes democráticos de 2025 y 2026 en esta región.
En escenarios de control hegemónico, el atentado perpetrado contra el congresista Julio César Triana el 14 de agosto en La Plata (Huila) ilustra el nivel de control ejercido por el Nuevo EMC. De acuerdo con diversas versiones, este GAO, a través del Frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo, controla materialmente el acceso a la franja que comunica los municipios Páez (Cauca) y La Plata, con recurrentes retenes ilegales, hurtos de automotores y cobros extorsivos. En este contexto, se evidencian dificultades para el ejercicio de la participación política, agravadas por otros hechos de violencia registrados en este municipio. Todo ello puede terminar afectando las actividades de proselitismo político, que dependen de la autorización del Nuevo EMC para ingresar al territorio.
En las zonas bajo control hegemónico de las disidencias pertenecientes al EMBF, particularmente en Huila y Caquetá, por su parte, el control que ejerce el actor armado podría facilitar mayor margen para el proselitismo a quienes abanderan políticas que aseguren la continuidad del actual proceso de negociaciones de paz, mientras coacciona expresiones políticas que no se alineen con esta apuesta. En este sentido, se incrementa el riesgo de instrumentalización e interferencia del grupo armado en procesos organizativos de diversa naturaleza, como las guardias campesinas, colectivos vinculados al componente comunitario y social de los diálogos de paz, y dignatarios/as comunales, entre otros.
En Algeciras, único municipio huilense donde se realizarán elecciones para la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, por ejemplo, la población firmante del Acuerdo Final de Paz ha reducido ostensiblemente sus agendas de construcción de paz, por temor a amenazas del Frente Iván Díaz. Esto crearía riesgos elevados de abstención, donde las personas firmantes podrían inhibir su inscripción como candidatas o donde evitarían hacer campaña abiertamente por alguna de las candidaturas.
Los mandatarios de La Plata, Baraya y Palestina han denunciado amenazas. Actualmente sesionan los Comités de Seguimiento Electoral en Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Vaupés. En el caso de Caquetá, se resalta una articulación significativa entre el nivel nacional y el territorial, con la participación continua de un delegado del Ministerio del Interior. Estos espacios permiten socializar calendarios, organizar aspectos logísticos y generar canales de coordinación interinstitucional.
Panorama nacional
El informe de seguimiento resalta la materialización de riesgos contra liderazgos y candidaturas: entre enero de 2023 y junio de 2025 se registraron 71 homicidios de personas defensoras de derechos humanos con participación política, el 90 % de los cuales ocurrieron en municipios advertidos por la Defensoría en la AT 030-23. A ello se suman amenazas y ataques contra precandidatos, candidatos, militantes, colaboradores de partidos y autoridades locales.
El informe también evidencia la persistencia de la brecha de coordinación entre entidades del nivel nacional y autoridades locales, que reduce la capacidad de respuesta frente a riesgos de seguridad y participación. A estas se agregan factores de larga data en los procesos electorales colombianos, como la estigmatización y polarización política, la concurrencia de delitos electorales y las dificultades de articulación entre nación y territorio, aunque también es importante destacar la demostrada capacidad histórica del país para realizar elecciones incluso en contextos difíciles.
Algunos de los riesgos identificados en la AT 030-23 se materializaron en distintas regiones del país. Tras los comicios de 2023, las acciones de los grupos armados ilegales fueron especialmente violentas contra autoridades locales electas —concejales, alcaldes y sus funcionarios—, así como contra candidaturas y personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y liderazgos sociales vinculados al proceso electoral. Las presiones y amenazas por la expansión de los grupos armados ilegales que afectan el ejercicio de las funciones de alcaldes y alcaldesas, concejales y personas que ejercen la función pública constituye un aspecto en el cual poner especial atención de cara a las elecciones de 2025 y 2026.
El control social se identificó como una de las principales herramientas de los grupos armados ilegales para interferir en el desarrollo de los procesos electorales, mediante cooptación violenta, coerción de la población advertida e imposición de normas de conducta. A esto se suma la persistente debilidad institucional en la aplicación de enfoques diferenciales, particularmente el étnico, en las políticas de garantía electoral.
Recomendaciones y entidades responsables
El documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado.
- Ministerio del Interior: fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.
- Ministerio de Defensa y Fuerza Pública: garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
- Unidad Nacional de Protección (UNP): implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
- Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral: asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.
- Procuraduría, Personerías y demás órganos de control: vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.
Poblaciones en especial condición de riesgo
La Alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a
- Precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias.
- Servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales.
- Defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
La Defensoría del Pueblo reitera que la Alerta Temprana Electoral no tiene un carácter político ni partidista, sino un enfoque preventivo y democrático. Su objetivo es aportar a la protección de la ciudadanía y a la preservación de la tradición democrática del país, en la que históricamente se han celebrado comicios incluso en escenarios de adversidad.
