Este año 2025, de acuerdo con las autoridades regionales la instrumentalización de la comunidad para este tipo de hechos, genera toda una violación a los Derechos Humanos. En esta zona del Huila impactada por los grupos armados, se han registrado ya cuatro casos de intimidación a la comunidad para que exijan la salida del Ejército Nacional de la zona.
Por: Francy Villarreal Ruiz
Recientemente se conoció sobre una convocatoria realizada a través de un audio de WhatsApp dirigido a todos los habitantes de la vereda Belén, en zona rural del municipio de La Plata; en el occidente del Huila.
En el lugar, más de 150 personas se reunieron en la vereda para exigir la salida del Ejército, luego de que, en un audio de WhatsApp, enviado al parecer por disidencias de las Farc; quienes exigieron a los presidentes de Juntas de Acción Comunal del corregimiento ordenar a las comunidades salir para impedir el avance del Ejército.
En el audio referido se escuchó: “Buenas tardes, compañero, para que me le haga llegar este audio a toda la comunidad de Belén y veredas aledañas, para que asistan a un acompañamiento para retirar las fuerzas públicas, para no tener nosotros que entrar en confrontación con ellos y así que la población no quede en medio de fuegos cruzados”.
Asimismo, en el audio se escucha que la acción instruida es de carácter obligatorio y que todos deben salir, y quien no salga será multado.
Lo que se conoció es que esta estructura, del frente ‘Hernando González Acosta’, bajo amenazas de cobros extorsivos, exige hasta un millón de pesos y obliga a los campesinos del lugar, a que salgan para evitar la presencia a los militares.
Ejército se pronunció
El comandante de la Novena Brigada, se pronunció sobre lo ocurrido, a la vez que manifestó su rechazo de manera categórica los hechos ocurridos en el área rural del corregimiento de Belén, municipio de La Plata Huila, donde integrantes del grupo armado organizado residual Hernando González Acosta mediante amenazas e intimidación instrumentalizan a la población civil para impedir el cumplimiento de la misión constitucional de nuestro Ejército Nacional.
“Esta estructura bajo amenazas de cobros extorsivos hasta de 1 millón de pesos obligan a los campesinos a que salgan enfrenten a los soldados y les impidan la libre movilidad con la intención de expulsar a los soldados de este sector rural”, dijo Herrera.
Según el alto mando militar, al principio llegaron más o menos 50 civiles, donde se mantuvo un diálogo cordial con los soldados de la novena brigada. Pero debido a esta presión, en horas de la noche llegaron más de 150 civiles, donde no violentaron a los soldados, pero producto de estas intimidaciones asumían una actitud desafiante. para que nuestros soldados salieran de la zona.
“Contamos con el apoyo de nuestra fuerza aeroespacial colombiana, donde se hizo un sobrevuelo de reconocimiento para monitorear la situación y garantizar la seguridad de la población civil y las unidades militares. Hago un llamado a la institucionalidad, a los diferentes organismos de control a la Defensoría del pueblo, a la personería, a Naciones Unidas y a todos aquellos que abogamos por los derechos humanos de la población civil y del personal militar que en cumplimiento de su misión institucional están en territorio”.
El comandante de la Novena Brigada reiteró el compromiso indeclinable de los soldados para garantizar la seguridad la estabilidad y la protección de todos los campesinos en el área rural del departamento del Huila. Agradecemos a la población civil el respeto hacia el personal militar, al igual que cualquier información que permita a las autoridades anticiparse para proteger la vida de la comunidad y los militare”.
Gobierno departamental genera acciones
El secretario del gobierno del Huila, se refirió al nuevo caso ocurrido en la municipalidad plateña, zona del Huila que sin duda continúa acechando allí grupos armados armado pese a que el pasado fin de semana se dispusieron de especiales acciones y medidas por parte de las autoridades y la fuerza pública para ejercer control en la zona.
Sin embargo, y en contraste, lo ocurrido continúa alertando no solo a la comunidad, sino a la institucionalidad debido a los hechos de orden público, al respecto Casallas Rivas se pronunció.
“Toda la atención por parte del gobierno departamental y un rechazo contundente y categórico frente a estas acciones de amenaza, de constreñimiento, de intimidación, pero además de instrumentalización de la población civil producto de estas amenazas, que se ven obligados a concentrarse para solicitarle a la fuerza pública la salida de la zona o para limitar o impedir el desarrollo de operaciones eh en esta área del territorio”.
Sumado a esto, señaló el titular de gobierno que “Inicialmente, de acuerdo con las informaciones que teníamos, pues son los corredores de movilidad entre Huila y Cauca, al respecto de esas estructuras que tienen un amplio control territorial en el vecino departamento que se utilizan, ingresan al departamento”.
Cuatro casos
Lo ocurrido se convierte en el cuarto caso, que según Casallas Rivas se registra en lo que va corrido del año y, por supuesto, que genera toda la atención, preocupación y obliga a las autoridades regionales a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a la población civil.
“El día domingo a las 11:00 de la mañana, el gobernador del departamento participó en un Puesto de Mando Unificado con la presencia del viceministro del Interior, de los asesores del Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y, por supuesto, de las autoridades militares, de Policía, y Fiscalía, en donde tuvimos ocasión de analizar la situación y las conclusiones evidentemente son que la acción de la fuerza pública, y la presencia de la fuerza pública va a continuar en el territorio para cumplir la misionalidad, no es nada diferente de proteger a la comunidad”.
Indicó que para el caso tanto la Policía y el Ejército no van a entrar en confrontación con la población civil, porque es de conocimiento de las autoridades que los pobladores se encuentran bajo amenazas, y que están actuando movidos por el temor y por esta intimidación y coacción que ejercen estos grupos armados ilegales, pero también se tiene la responsabilidad de fortalecer las capacidades de inteligencia para identificar los responsables de estas amenazas.
Disidencias afectan la zona
“Recordemos que esta estructura, ‘Hernando González Acosta’ es la responsable del atentado terrorista en el mes de abril en el casco urbano del municipio de La Plata con la detonación de una motobomba y adicionalmente a eso también es la responsable de la masacre ocurrida el pasado fin de semana en zona rural de este municipio y la responsabilidad y el compromiso que tenemos es el de acompañar a la población civil, decirles que no están solos, que hasta allá vamos a llegar y es el compromiso que se asumió en el marco del puesto de mando unificado”, puntualizó Casallas Rivas.
Indicó que frente a la situación se desarrollan reuniones con el propósito de a través de una mesa de seguimiento a los compromisos del Puesto de Mando Unificado, y hasta el territorio se hará presencia por parte de las autoridades, precisamente para llevar un mensaje de solidaridad, de presencia institucional, de acompañamiento y a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos legítimos de esta población.
Casos de presión a la comunidad
Según reporte de las autoridades, este hecho que se convierte en el cuarto registrado en el municipio de La Plata, convirtiendo la localidad en el epicentro de estas situaciones en donde la población civil es instrumentalizada y obligada a utilizarse para eh evitar que el ejército eh y la fuerza pública en general desarrolle actividades u operaciones en la zona durante estos siete meses del año.
En el Huila, el año 2024 se reportan dos casos similares de presión a la comunidad para no permitir el ingreso de los militares, uno ocurrido en zona rural de Neiva, en el sector de Pradera, en límites entre Tolima y el Huila; donde se produjo una sonada y la comunidad fue obligada a manifestarse para reclamar o intentar recuperar los cuerpos de miembros de este grupo armado ilegal que habían sido dado de baja durante un operativo.
Igualmente se registró un hecho en el municipio de Algeciras, en el que la fuerza pública logra la captura de uno de los disidentes, conocido con el alias de ‘El Indio’, y también la comunidad fue obligada a movilizarse para intentar impedir la extracción eh de este miembro de este grupo armado ilegal.
“Sin embargo, especialmente esta situación se ha venido siendo recurrente en zona rural del municipio de La Plata, precisamente por toda la injerencia que viene ejerciendo y el dominio territorial que tiene especialmente este grupo armado ilegal en el vecino departamento del Cauca, en todos los corredores de movilidad eh que tiene este grupo armado ilegal para movilizarse”.
¿Confinamiento?
De acuerdo con las autoridades departamentales, un promedio de cerca de 16 mil personas estaría en riesgo de confinamiento en la zona de Belén, en la localidad de La Plata a raíz de la situación de seguridad.
Las amenazas e intimidaciones que provienen de la estructura armada residual ‘Hernando González Acosta, disidencia de las FARC, que viene ejerciendo presión sobre la población civil.
Según el Gobierno Departamental, esta estructura ilegal ha emitido mensajes intimidantes, ordenando el cierre del comercio y restringiendo la movilidad de los habitantes, lo que ha generado una parálisis casi total de la vida cotidiana en la zona.
Último Consejo de Seguridad
Durante el último consejo de seguridad cumplido el pasado 27 de julio, luego de la masacre que dejó cuatro jóvenes sin vida, las autoridades se reunieron y definieron acciones para tomar el control de la zona, entre estas se cuentan:
- Refuerzo de operaciones: reforzando las operaciones en las zonas afectadas.
- Puestos de control: Establecimiento de puntos de control estratégicos en las principales rutas hacia Neiva y el Cauca.
- Inteligencia y cooperación: Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la coordinación entre las diferentes autoridades para hacer frente a los grupos armados ilegales.
- Investigación judicial: Asignación de un fiscal especializado para adelantar las investigaciones y dar con los responsables de los crímenes.
- Recompensas por información: Evaluación de la posibilidad de ofrecer recompensas a quienes suministren información clave para capturar a los responsables del ataque.
