El ambicioso proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro enfrenta su momento más crítico. En medio de una escalada de violencia y fracasos en los diálogos con grupos armados, el Gobierno ha girado hacia una línea más dura en seguridad, marcada por el liderazgo del nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro, una de las promesas más emblemáticas de su mandato, parece haberse desinflado en medio de una creciente ola de violencia en Colombia y un giro radical en la estrategia de seguridad del Ejecutivo. A casi tres años de haber llegado al poder con la bandera de dialogar con todos los grupos armados y transformar la doctrina militar del país, el mandatario ha optado por una línea más dura, liderada por el general en retiro Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa.
Este viraje, ampliamente analizado por el diario El País de España, coincide con la peor crisis humanitaria desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Pese a ello, el Gobierno insiste en que Colombia no vive un caos de violencia. “No hay un caos de violencia en este Gobierno”, afirmó recientemente el presidente Petro, en una alocución donde estuvo acompañado por los altos mandos militares, pero no por su ministro de Defensa, quien se encontraba de visita oficial en el Comando Sur de Estados Unidos.
La figura de Pedro Sánchez ha sido clave en esta transición. Conocido por su liderazgo en el rescate de los cuatro niños indígenas extraviados en la selva del Guaviare, Sánchez es el primer ministro de Defensa con formación militar desde la Constitución de 1991. Aunque asumió el cargo como civil, su enfoque es marcadamente operativo y contundente: no habrá ceses al fuego con grupos armados ilegales, y el Estado utilizará toda su capacidad para recuperar el control del territorio.
Le puede interesar: Petro defiende suspensión de extradición de alias ‘HH’
Desde su nombramiento, Sánchez ha encabezado varias iniciativas que marcan una ruptura con la política de diálogo. En mayo de 2025 condenó un atentado en Cali que dejó tres policías heridos, presentó una estrategia nacional contra la minería ilegal, ofreció recompensas por amenazas a mandos militares y sostuvo reuniones con líderes locales como el alcalde Alejandro Eder. Asimismo, ha tenido que desmentir versiones sobre su eventual salida del gabinete, aclarando que el presidente solo le exige que cumpla con su misión.
El endurecimiento del discurso oficial se produce en un contexto en que la Defensoría del Pueblo reporta al menos 12 crisis humanitarias activas en diferentes regiones. Paralelamente, el informe más reciente de Colombia Risk Analysis (CRA) destaca que Sánchez se ha convertido en el eje de un “plan de choque” que combina operaciones militares con intervención social, pero abandona la estrategia de ceses unilaterales al fuego, uno de los pilares iniciales de la Paz Total.
Este cambio también implica tensiones internas. Durante los dos primeros años de Gobierno, Petro defendió a su anterior ministro, Iván Velásquez, quien apostó por la depuración institucional y el control civil sobre la fuerza pública. Sin embargo, los escasos resultados en los diálogos con actores armados y la persistencia de ataques armados precipitaron un cambio de rumbo que muchos consideran una concesión a la lógica tradicional del poder militar.
Expertos como María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), consideran que, aunque la Fuerza Pública ha retomado la iniciativa, esto no garantiza una solución estructural. “Recuperar zonas como el Catatumbo o el Cauca requiere más que decisiones tácticas: se necesita coherencia institucional y recursos, dos elementos que han sido escasos en este Gobierno”, afirmó.
En definitiva, la apuesta por una paz negociada ha perdido fuerza, y la administración Petro parece haberse rendido, al menos parcialmente, a una visión más jerárquica y operacional de la seguridad. Para un Gobierno que prometió transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía, este giro representa no solo un desafío operativo, sino un dilema político de fondo: ¿puede un proyecto progresista sostenerse sin cumplir sus promesas de paz?
Puede leer: Contraloría subastará más de 100 bienes embargados este año
