Para los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el Huila, afrontar asuntos de seguridad y orden público, al igual que las presiones de grupos armados, convierten la labor en todo un reto frente a una carente presencia del Estado a través de acciones e inversiones que permitan mejorar la situación social de las poblaciones. Claman por apoyo y ayudas para poder continuar con la labor que cada vez los expone a mayores riesgos.
Por: Francy Villarreal Ruiz
El riesgo de defender y liderar acciones por el respeto de los Derechos Humanos en el país y el departamento del Huila, se ha convertido en todo un reto para quienes cumplen con dicho rol social.
Desde diferentes agrupaciones sociales, en esta región se vienen visibilizando y denunciando las violaciones a los derechos de quienes defienden los Derechos Humanos y lideran causas sociales, sus comunidades, organizaciones y pueblos en esta zona del país.
Los riesgos son diversos, acumulados, continuos, se expresan en una multiplicidad de violaciones a los derechos y confluyen en un riesgo común que constituye una paradoja: ante la reivindicación y exigibilidad de derechos por parte de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales la respuesta atroz es un conjunto de violaciones a sus derechos que no cesa; pese a ello, la labor de defensa de los Derechos Humanos en el este departamento persiste.
Diario del Huila, hace un análisis desde el punto de vista detrás del liderazgo social, y la defensa de los Derechos Humanos en la región opita, William Calderón Vargas quien es coordinador de la Red de Paz – Redepaz en el departamento del Huila, y Edna Rocío Pinto vocera de la Mesa Departamental de Víctimas, ambos intrínsecamente manifiestan dentro del contexto de la región, la osadía de ejercer el rol social.
Conflicto en el Huila
Inicialmente, William Calderón Vargas, de Redepaz hizo un análisis de la situación de orden público y conflicto social, que viene afectando a la región huilense, por sobre todo a la zona occidente del departamento, con el accionar de grupos armados ilegales que vienen generando afectaciones a la comunidad.
“Nuestro pronunciamiento es que las autoridades todavía, a pesar del incremento de la violencia de las mal llamadas disidencias de los actores armados ilegales, no entienden que el tema es holístico, que, si hay que, si hay combates en municipio de La Bota, Caucana, la retaguardia estratégica de esos grupos armados se hace hacia el Huila. Entonces la incidencia es el lugar de aprovisionamiento, el lugar de reclutamiento ilegal de menores y otros y otros temas. Por ejemplo, en los últimos días, pues me ha llegado información acerca de profesores que han tenido que salir de la zona, unos amenazados, otros por miedo, pero se va incrementando el tema del miedo ante las situaciones dadas”.
Accionar de las autoridades
De acuerdo con Calderón Vargas, “Es muy necesario que se realice un encuentro donde las autoridades nos escuchen a las organizaciones de la sociedad civil; que trabajamos el tema de Derechos Humanos que podemos aportar sustancialmente para la resolución, por lo menos la mitigación de esta problemática, que es tan sustancial”.
Agregó que, como líderes y defensores de Derechos Humanos, continúan atentos, y haciendo llamados al gobierno nacional en este sentido para que también incremente su presencia.
“Aquí hay un delegado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero es que es una persona que no le pusieron ni oficina. Y entonces en esas condiciones es muy difícil tener una incidencia que trascienda frente a ese tema. Sin embargo, nosotros estamos muy esperanzados, estamos ya un tema que sale de año preparando la Semana por la Paz en su versión número 34, desde donde seguimos obstinados sembrando paz con mano ciudadana que es el eslogan de Redepaz”.
La Semana por la Paz, de acuerdo con el líder social, se cumplirá desde el próximo 9 de septiembre, donde en un espacio abierto se instigará a que la ciudadanía, independientemente de su color político, ideología, las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, hagan causa para conocer cómo se va afrontar la climatización de la paz.
¿Alertas tempranas sin atención?
De acuerdo con algunas autoridades, líderes políticos y representantes de las instituciones, las Alertas Temprana que emite la Defensoría del Pueblo, no son tenidas en cuenta, debido a que se conocen, y sin embargo proceden a ocurrir hechos lamentables que cobran la tranquilidad de los ciudadano, sin que se toman las medidas correspondientes, donde el común denominador siempre es el anuncio del aumento de la fuerza pública, aumento de personal uniformado en la zona, sin que realmente se haya esbozado al interior el conflicto que afrontan estos municipios del Huila, afectados por las acciones de violencia.
“Esto tiene que ver en el sentido de que las autoridades, porque hay que entender que la fuerza pública, los militares no entienden el tema holístico, que es que tiene que haber un trabajo conjunto. Nosotros como Redepaz hacemos parte de la mesa departamental de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos. Hicimos una sesión en La Plata precisamente ante el recrudecimiento del reclutamiento de menores de edad una semana antes de que explotara la moto cargada con dinamita, donde precisamente continuamos haciendo ese llamado a las instituciones y autoridades”.
Dejó claro William Calderón Vargas, que la Defensoría del Pueblo, se encarga de emitir las alertas tempranas; sin embargo, dejó claro que la obligación sin discusión ninguna, es que las autoridades pertinentes, civiles, militares, policiales, de inteligencia, tienen que atender esos temas.
“Nosotros como organización de derechos humanos, pues hacemos incidencia, capacitamos a las organizaciones locales en los municipios, en las veredas, a las organizaciones indígenas en el sentido de cómo tener, por lo menos el autocuidado para para poder afrontar esas ofensivas, pero sí es necesario tener mucha más coordinación”.
Consejo departamental sin funcionar
Un tema que incomoda a Redepaz, según el coordinador Calderón Vargas, es que no actualmente no funciona el Consejo Departamental de Paz del Huila, por tanto, no se les ha convocado por parte del actual gobierno departamental nunca a una sesión del Consejo.
“Entonces se supone que es una Ley Nacional con un organismo donde la sociedad civil se pone al servicio de la gobernación de cada departamento para poder apoyar, para poder asesorar, ilustrar para poder trabajar conjuntamente entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos, y aquí en el departamento del Huila no funciona”.
Municipios de especial atención
Para el líder y defensor de Derechos Humanos en el Huila, los municipios donde mantienen especial atención, son evidentemente los que corresponden al occidente, con especial incidencia con la región del Cauca.
“Pero sin duda, también nos preocupan municipios del norte del Huila, donde hemos estado con campesinas y campesinos de Baraya, quienes nos manifiestan que hay presencia en la zona de la cordillera oriental de grupos armados”.
Para Calderón Vargas, preocupa la característica que particularmente muestran las disidencias son móviles, y tienen mucha movilización, y si les hacen una ofensiva en el municipio de Baraya, entonces van para Colombia o se viene para Vegalarga y así sucesivamente, entonces nosotros sí entendemos ese tema de lo holístico, de lo integral, un tema fundamental para los defensores de Derechos Humanos.
Inversiones y presencia del Estado
La inversión social en la zona de conflicto, el tema de la prevención es sustancial, según el líder Calderón Vargas, este gobierno nacional hizo algo que ya se había hecho en la zona del Urabá Antioqueño en la década de los años 90.
Al igual que lo hizo en la zona del Catatumbo después de que las 20.000 personas que tuvieron que salir desplazadas por la guerra intestina del ELN con alguna disidencia y es el pacto social por el Catatumbo.
“Ese es el modelo a seguir, donde no solamente se desplieguen ofensivas militares, porque entonces uno sale corriendo para allá, el otro sale corriendo para allá y nos vemos para darnos bala más tarde, así no es, es con la inversión social, es con el desarrollo integral, es con que la gente vuelva a creer en las instituciones. Ese es el fundamento, esa es la paz con mano ciudadana”.
Seguridad para los defensores
El tema de seguridad, y amenazas a los líderes y defensores de Derechos Humanos, se convierte con certeza en una situación cotidiana que ya hace parte del paisaje, “Uno tiene miedo, no somos Superman, no somos de acero, somos humanos, pero bueno, somos proactivos, seguimos nosotros en esa brega, precisamente mi familia, mi esposa que es líder esa política en la Comuna Uno de Neiva recibió una amenaza, está buscando una audiencia con el secretario gobierno de Neiva, ya fuimos a la fiscalía y ya se expuso la situación”.
Alertó que continúan las amenazas; pero también como actores sociales, continúan sembrando paz con mano ciudadana, “Los buenos somos más, este país merece la paz y no es ideológica, y por eso es que tienen que trabajar los gobiernos”.
Un panorama preocupante
Edna Rocío Pinto Serrato, coordinadora de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado, defensora de Derechos Humanos y líder social, también esbozó el contexto del impacto en las acciones sociales de defensa; el accionar criminal de grupos al margen de la ley.
Hizo énfasis la lideresa que actualmente, el panorama que vive el departamento del Huila es bastante complicado en lo que respecta a orden público y seguridad para quienes realizan la labor social en zonas apartadas de la región.
Manifestó que “han aumentado el tema de las extorsiones y lo digo por conocimiento de causa porque campesinos, líderes de veredas, algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal se han comunicado conmigo que son víctimas del conflicto armado a manifestarlo, como también el tema del reclutamiento forzado, el tema de los desplazamientos que se viven también de algunos municipios como lo son el municipio de Saladoblanco, Oporapa, Suaza, Guadalupe que han salido desplazados para otros departamentos, incluso algunos han llegado municipio también de Neiva, que es donde llegan como tal a salvaguardar sus vidas”.
Desaparición forzada
De otra parte, señaló Pinto que la desaparición forzada que se está viendo; sin embargo, por temor y amenazas; porque tomen represalias tanto para la familia como para los padres, han decidido no denunciar ante la Fiscalía.
“Digamos que el programa en estos momentos a nivel del departamento del Huila es bastante complejo y complicado. Sabemos que se cuentan con unas rutas como tal en el departamento, pero también no podemos hacernos los de la vista porque vienen como tal adelantando también procesos de extorsiones, homicidios que también se ven cada rato en las noticias en el departamento”.
Para la lideresa el contexto actualmente que en vez de mejorar cada día crece más, “es importante que cuando se generen acciones se puedan trabajar desde los presidentes de Juntas de Acción Comunal, direcciones comunales, porque están siendo carnetizados; porque son los que los están obligando a hacer cosas que ellos prefieren no hablar, no denunciar por miedo de represalia o por miedo de que les toque dejar sus tierras por miedo”.
Las cifras en Colombia y el Huila
En Colombia según Indepaz, desde el año 2016 con la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados en el país 1805 personas, en 31 de los 32 departamentos, de 411 municipios.
Entre los que se cuentan líderes campesinos, comunales, ambientalistas, comunitario, defensor de los derechos de las mujeres, sindical, víctimas, entre otros. De estos un el 11,6% eran mujeres y el 87,97 % hombres.
Para el caso del departamento del Huila, son 44 los homicidios en 16 de los 37 municipios de esta geografía entre los años 2016 y 2025. De los cuales las víctimas el 88.16% eran hombres y el 11,84% mujeres.
Por año en el 2016 dos casos, 2017 un caso, 2018 dos casos, 2019 un total de 7 casos, el año 2020 se reportó el mayor número de casos con 11, el 2021 con 5 casos, 2022 dos casos, 2023 fueron 7 casos, en el 2024 registran 5 casos y este año 2025 son 2 casos los ocurridos.
El rol de los defensores de DH en Colombia
En entrevista con la investigadora del Indepaz Juana Valentina Cabezas, explicó también el contexto actual que atraviesan los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el país.
“Es una situación sumamente importante en los territorios, ¿por qué? Porque son líderes y lideresas que representan procesos sociales, económicos, políticos, de defensa de derechos de las mujeres, de defensa de derechos de comunidades indígenas, campesinas y negras y también de derechos ambientales entre otros”.
Instrumentalizados por grupos armados
Adjuntó además la investigadora que “Estas personas movilizan, representan, organizan y fortalecen procesos históricos de comunidades que se han enfrentado no solo al Estado, sino también a los grupos armados ilegales por mantener el control de su territorio, lo cual choca con los intereses precisamente de los actores armados ilegales que usan como medio la violencia para obtener como fin precisamente el control de todo el territorio de las economías y eh mantener a la población inerme frente a lo que pueda hacerse en sus territorios”.
Sin embargo, claramente las comunidades a esto no le han temido, y es por eso también que el número de asesinatos de liderazgo sociales en el país va en aumento.
Además, esto sumado a una principal razón y es la desprotección que ha venido desde el Estado en garantizar la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades, en este caso, defensores y defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas que cada día buscan un mejor futuro para sus comunidades.
