La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su “horror” ante la operación policial llevada a cabo el martes en Río de Janeiro (Brasil) contra una organización criminal, en la que según el primer reporte, murieron 64 personas, entre ellas 60 presuntos sospechosos y cuatro agentes de seguridad, además de dejar al menos 11 heridos, incluidos tres civiles. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo del Río de Janeiro, aseguró que los muertos ascienden a 132.
El operativo, dirigido contra el Comando Vermelho, una de las bandas más poderosas del crimen organizado en Brasil, contó con la participación de cerca de 2.500 agentes e incluyó la ejecución de 100 órdenes de arresto en los complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados en el norte de la ciudad, una de las zonas más pobres y conflictivas de Río.
Reacción internacional
Desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, expresó su preocupación por el alto número de víctimas y exigió una investigación independiente y efectiva sobre los hechos.
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“Recordamos a las autoridades sus obligaciones bajo el derecho internacional y urgimos a que se conduzcan investigaciones prontas y efectivas”, señaló el organismo en su cuenta oficial en X (antes Twitter).
La ONU advirtió que esta operación refleja una “tendencia preocupante” en Brasil, donde las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas por su actuación en intervenciones violentas dentro de comunidades marginadas, especialmente en favelas donde viven miles de familias de bajos recursos.
La operación más letal registrada
Según medios locales, se trata del operativo más mortífero en la historia reciente de Río de Janeiro, superando incluso el ocurrido en mayo de 2021 en Jacarezinho, que dejó 28 muertos. Las autoridades brasileñas sostienen que la acción buscaba desarticular una red dedicada al tráfico de drogas y armas, y que los enfrentamientos se produjeron cuando los agentes fueron atacados por miembros de la organización criminal.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han cuestionado el uso de la fuerza y denuncian posibles ejecuciones extrajudiciales.
La Defensoría Pública de Río pidió acceso a las áreas intervenidas para verificar denuncias de abusos y recoger testimonios de los habitantes. Mientras tanto, el Gobierno del estado de Río defendió la actuación policial y afirmó que se trató de un “operativo legítimo y necesario” para recuperar el control territorial.
La ONU reiteró su llamado a Brasil para “revisar las políticas de seguridad pública” y garantizar que las operaciones contra el crimen organizado se realicen bajo los principios de proporcionalidad, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.
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