Carlos Yepes A.
El Gobierno Nacional ha radicado en el Congreso una ambiciosa ley de financiamiento, también llamada reforma tributaria, con la que busca recaudar $26,3 billones para equilibrar las cuentas del Estado. La cifra, inédita en la historia reciente del país, supera con creces las reformas aprobadas en la última década y, por lo mismo, ha despertado un debate intenso sobre su viabilidad y conveniencia.
El proyecto incluye mas de 90 artículos que plantean cambios sustanciales en materia de impuestos. Veamos algunos: IVA: se amplía la base, manteniendo las tarifas del 5 % y 19 %, pero incluyendo nuevos bienes y servicios. Algunos alimentos e insumos agrícolas como café, arroz industrial, trigo y aceites entrarían a pagar un IVA del 5 %; Impuestos a licores, tabaco y cervezas: aumentan las tarifas, lo que afectará las rentas departamentales, pues en el Huila una parte importante del presupuesto para salud y deporte proviene precisamente de estos recursos; Ganancias ocasionales: la tarifa para loterías, rifas y apuestas sube al 30 %; Gasolina y ACPM: pasarán de un IVA del 5 % al 10 % en 2026 y al 19 % en 2027; Patrimonio: más personas deberán pagar este impuesto, bajando la base de $3.600 millones a $2.000 millones; Sector financiero: tendrá una sobretasa de 15 puntos, alcanzando una tarifa del 50%.
El Gobierno insiste en que la canasta familiar no será gravada, pero lo cierto es que el impacto se sentirá en otros productos y servicios de consumo diario, desde combustibles hasta espectáculos y hospedajes para extranjeros. Aterrizando el tema a nuestra región podemos preguntarnos ¿qué significa esto para el Huila? Nuestro departamento, con una economía basada en la agroindustria, la ganadería y el comercio, podría verse golpeado en varios frentes:
1. Agro: productos clave como el arroz y el café de uso industrial entrarían a pagar IVA, encareciendo costos para productores y generando presión sobre la competitividad de la región.
2. Empleo y MIPYMES: en una economía regional ya golpeada por la incertidumbre y la falta de ejecución presupuestal, nuevos impuestos pueden frenar la inversión y limitar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de sostener el empleo.
3. Rentas departamentales: el aumento en los impuestos a licores y cigarrillos afecta directamente los ingresos con los que el Huila financia programas de salud, cultura y deporte.
4. Transporte y conectividad: con más gravámenes al combustible y sin la ejecución plena de proyectos como la Ruta 45, la competitividad del departamento se debilita aún más.
En conclusión, la ley de financiamiento que plantea el Gobierno puede convertirse en un golpe al bolsillo de los colombianos y, en especial, a las regiones. El Huila requiere certidumbre, inversión y apoyo para sectores estratégicos, no más cargas que profundicen el estancamiento. La discusión que se abre en el Congreso debe ser seria, técnica y con una visión territorial: no se trata solo de cuadrar las cuentas nacionales, sino de garantizar que departamentos como el nuestro no sigan pagando las consecuencias de decisiones tomadas desde Bogotá sin mirar la realidad regional.
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