ALFREDO VARGAS ORTIZ
Abogado y Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
Colombia atraviesa un momento crucial en materia de justicia. El hecho de que el expresidente Álvaro Uribe haya sido judicializado y condenado, al menos en primera instancia, es una muestra clara de que la institucionalidad se está fortaleciendo y envía un mensaje contundente a quienes ejercen el poder público: no son intocables, la justicia llega, y existen jueces comprometidos con el proyecto de consolidar el Estado de Derecho. Y eso, sin duda, es fundamental para cualquier democracia.
Es claro que no existe un bien más importante para el adecuado funcionamiento de una sociedad que la justicia. Así lo afirma el filósofo estadounidense John Bordley Rawls, quien sostiene que una sociedad no puede sobrevivir si la justicia no opera, sin importar el estatus del implicado. Cuando estos “intocables” se someten al imperio de la ley y la justicia dicta su veredicto, quienes somos demócratas liberales no tenemos más camino que salir a defender la justicia frente a las voces oprobiosas y malintencionadas que, con falacias, pretenden desvirtuar lo que resulta evidente: aquí se cometió un delito, y quien lo comete debe asumir las consecuencias legales.
Es natural que quienes han apostado históricamente por la exclusión, la discriminación, el sostenimiento del paraestado y la generación de violencia extrema para someter a la mayoría del pueblo se sientan aludidos y ofendidos. Son ellos quienes están interesados en conservar el statu quo. Como se ha hecho común decir: “la justicia es para los de ruana y no para los de cuello blanco”. Estos últimos suelen evadir sus responsabilidades gracias a que concentran el poder, la tierra y los recursos necesarios para contratar costosos y connotados abogados. Tal como lo plantea el sociólogo Marc Galanter, en estas condiciones, siempre terminan saliendo adelante.
La avalancha de opinadores defendiendo la inocencia del implicado —incluso el connotado presentador de televisión Jorge Barón— es una muestra del profundo abismo ético, moral y de principios en el que se encuentra sumido el país. Repetir la gastada retórica del “Gran Colombiano” y apelar a los supuestos logros de la Seguridad Democrática para defender lo indefendible, revela que, en Colombia, en algunos sectores, persiste un síndrome de Estocolmo colectivo.
Ni siquiera el hecho de que la propia justicia haya demostrado la existencia de los falsos positivos, ni las confesiones ante la JEP de miembros del Ejército sobre quién dio la orden de asesinar a miles de personas inocentes, ha sido suficiente para que los seguidores del innombrable dejen de venerarlo.
Lo realmente importante de este juicio es que marca un punto de quiebre. Esperamos que no haya retrocesos y que la magistratura continúe fortalecida, para que los colombianos recuperemos la confianza en la justicia. Es necesario rodear y respaldar a quienes, desde las instituciones, están dando la batalla por la credibilidad del Estado y por la vigencia plena del Estado Social de Derecho.
