Con una condena en primera instancia y la apelación en curso, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, considera regresar al Congreso. Su posible candidatura al Senado en la lista cerrada del partido agita el tablero político, reviviendo el debate sobre su influencia y los escenarios jurídicos que definirán su futuro en la política colombiana.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
En un movimiento que sacude el tablero político nacional, el Centro Democrático confirma que su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, contempla seriamente un regreso al Congreso de la República en las elecciones de 2026. A sus 73 años y pendiente de la apelación de una condena, la posible candidatura de Uribe como el número 25 en la lista cerrada de su partido abre un abanico de escenarios jurídicos y políticos que definirá el futuro de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.
Un retorno estratégico en medio de la tormenta judicial
La noticia, confirmada por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, ha encendido el debate: si los problemas judiciales del exmandatario se lo permiten, Uribe será el número 25 en la lista cerrada al Senado. Esta posición, lejos de la cabeza de lista que lideró en 2014, busca replicar el mismo efecto «jalonador» de votos que ya demostró en elecciones pasadas. En 2014, cuando Uribe encabezó la lista, su partido logró 20 curules. En 2018, con él de nuevo en la lista, obtuvieron 19. Sin su participación en 2022, el Centro Democrático vio su bancada reducirse a 13 senadores. Este dato no es menor, pues evidencia la influencia que aún tiene su figura en el electorado. La estrategia es clara: aprovechar el peso político de Uribe para revitalizar al partido y recuperar terreno en el Congreso.
Además, esta movida ocurre en un momento crucial. Con el presidente Gustavo Petro promoviendo abiertamente la continuidad de su proyecto político y agitando la bandera de una constituyente, la oposición busca un líder que pueda aglutinar fuerzas. Para una parte de la población, Uribe sigue siendo la figura que puede hacer un contrapeso significativo en la contienda. El pulso entre Uribe y Petro, a pesar de sus respectivos problemas jurídicos, sigue siendo el eje de la política colombiana.
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El dilema jurídico: una carrera contra el tiempo
La viabilidad de esta candidatura, sin embargo, pende de un hilo judicial. Uribe fue condenado a 12 años de casa por cárcel en primera instancia por dos delitos, una decisión que sus abogados apelaron. La crucial decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la apelación se espera para mediados de octubre. Este plazo es vital, ya que, si no se falla a tiempo, el proceso podría prescribir, aunque Uribe renunció públicamente a esa posibilidad. Los magistrados del caso tienen dedicación exclusiva para resolver el expediente y evitar cualquier mora atribuida a la justicia.
Juristas como Saúl León, Francisco Bernate e Iván Cancino coinciden en que, mientras la condena no esté en firme, Uribe mantiene intactos sus derechos políticos a ser elegido. “A pesar de haber sido condenado en primera instancia, es totalmente viable, legal y constitucionalmente”, afirma el abogado Saúl León. La presunción de inocencia de Uribe se mantiene mientras la sentencia condenatoria no haya cobrado firmeza. Incluso si el Tribunal confirma la condena y se interpone un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la elección de Uribe seguiría siendo viable. En este último escenario, si la Corte Suprema ratifica la condena, el expresidente enfrentaría una inhabilidad sobreviniente que lo obligaría a dejar su curul.
No obstante, esta interpretación no es unánime. Otros juristas sostienen que la casación no suspende los efectos de una condena penal, lo que significaría la pérdida inmediata del derecho a ser elegido. Esta disparidad de criterios añade incertidumbre a la situación, demostrando que el regreso de Uribe es tanto una jugada política audaz como una apuesta de alto riesgo legal.
Un futuro en la cuerda floja
El costo político y personal de una condena penal en firme es una incógnita que rodea el posible regreso de Uribe a la arena política. Aunque el expresidente no ha tomado una decisión definitiva sobre la inclusión formal de su nombre en la lista, su intención de seguir haciendo campaña en contra del petrismo es clara.
El historial político de Uribe en el Congreso es notable. Tras sus dos periodos presidenciales, regresó al Senado liderando una lista cerrada que obtuvo 2,113,347 votos en 2014. En 2018, con una lista abierta, se convirtió en el senador más votado de la historia del país, con 872,000 votos. Esta trayectoria evidencia un capital político que podría ser decisivo para las elecciones de 2026.
La inclusión de Uribe en la lista cerrada no solo busca jalonar votos, sino también definir el liderazgo del partido. Con figuras visibles del Centro Democrático en la disputa por la candidatura presidencial, la presencia de Uribe en la lista podría ser una forma de cohesión y orden. El exmandatario se convierte así en un símbolo de unidad y una fuerza para la oposición, capaz de aglutinar a quienes buscan un contrapeso al actual gobierno.
En este contexto, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en octubre no solo definirá el futuro de Álvaro Uribe, sino que también marcará el camino de la oposición y podría cambiar el rumbo de la política colombiana en los próximos años.
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