Por: Yamid Sanabria
Hace unos años leí un maravilloso libro llamado Justicia ¿hacemos lo que debemos? de Michael J. Sandel un famoso profesor de la Universidad de Harvard; una de sus ideas principales era que lastimosamente las injusticias más grandes de la historia provenían de las instituciones creadas para salvaguardar la democracia. Aunque parece difícil hablar en primera persona, trataré de explicar mi salida del Concejo de Neiva.
El régimen de inhabilidades está consagrado en la ley 136 de 1994, y se supone son “taxativas”, eso quiere decir que solo se puede aplicar lo que esté allí contemplado. Pues bien, resulta que desde hace aproximadamente tres años mi hermano es el jefe de talento humano de la Universidad Surcolombiana, donde por la ambigüedad normativa quisieron empezar a escudriñar sobre una supuesta “autoridad” en dos docentes que según el Consejo de Estado los hizo votar por mí y eso hizo que 2.008 personas me llevaran a dicha representación.
Lo curioso del caso, es cómo se dan las cosas, inicia en el año 2023 con la suplantación de mi firma en la Función Pública, donde buscaron un concepto a mis espaldas para impedir que me inscribiera como candidato, concepto que luego de interponer demandas judiciales fue emitido a nuestro favor, aludiendo que no existía ninguna inhabilidad por parte de mi hermano. Aunque lo utilizaron en múltiples páginas falsas para confundir a mis electores.
Seguidamente, demandaron mi inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, y hasta tres días antes de mi elección el CNE dejó en firme que si podía participar en la contienda electoral. Luego logramos gracias a la ciudadanía obtener la primera votación en la lista de un movimiento ciudadano, y allí empezó la siguiente oleada de demandas. En total tres, que luego quedaron dos en firme, y de manera sorpresiva fue emitida una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Huila para suspenderme del cargo, una suspensión que duró alrededor de dos meses.
La apelación de la medida cautelar la instauramos ante el Consejo de Estado, sección quinta, y fue asignada al despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez, donde luego de una revisión jurisprudencial, le indicaron al tribunal que debían devolverme al cargo porque no estaba probado que existiera la inhabilidad. Luego, ante dicha sentencia, el Tribunal Administrativo decide proferir en primera instancia una sentencia favorable, tomando como base lo dicho por el magistrado Álvarez.
En la apelación del fallo de primera instancia sólo uno de los demandantes presentó este recurso de apelación, y para sorpresa de muchos, el señor Luis Alberto Montoya resultó ser un señor de 80 años de edad, con un aparente desconocimiento de todo lo que pasaba y que fue utilizado para demandarme, como lo pueden evidenciar en la página del SAMAI donde reposan todas estas evidencias, de no creer.
Finalmente, el viernes 13 de diciembre el mismo magistrado Álvarez contradice todo lo dicho antes y falla en nuestra contra para sacarnos del Concejo de Neiva, omitiendo la sentencia SU 207 – 2022 de la corte constitucional que habla de la incidencia. Las grandes preguntas de mis noches son: ¿Cómo dos personas pueden incidir en 2008 electores?; y ¿por qué el mismo magistrado cambió sus argumentos de la pasada sentencia?
Ahora creo que el libro del profesor Sandels no solo plantea conceptos y teorías, sino el cambio de la pregunta ¿para qué la justicia? por ¿para quién la justicia?. Seguiremos en la búsqueda de respuestas ante la corte constitucional y la corte interamericana de derechos humanos. Y por supuesto con la firme convicción que siempre se hizo lo correcto y los planes de Dios son perfectos.
