Por: EDWIN FERNANDO PISSO ESCALANTE
La falta de idoneidad en los contratistas de prestación de servicios en las administraciones públicas es un problema grave que afecta directamente el cumplimiento de los planes de desarrollo y el avance de las comunidades. Este fenómeno se ha convertido en un cáncer que carcome a las Alcaldías, Gobernaciones y al Gobierno Nacional, impidiendo la materialización de los objetivos y metas propuestas. La contratación de personas no idóneas para desempeñar roles cruciales en el aparato estatal tiene consecuencias nefastas para la sociedad, ya que puede dar lugar a proyectos mal diseñados, ejecutados de manera ineficiente o, en el peor de los casos, abandonados. Esto no solo genera un desperdicio de recursos valiosos, sino que también alimenta la desconfianza en las instituciones públicas.
En este contexto, el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la creación de los «gestores de convivencia» resuena con una mezcla de esperanza y preocupación. Este programa busca promover la convivencia pacífica en las comunidades, pero su éxito depende en gran medida de la idoneidad de quienes serán responsables de su implementación. Si no se garantiza que estos contratistas posean las competencias y el compromiso necesarios, existe el riesgo inminente de que el programa se convierta en otro fracaso más en la larga lista de iniciativas fallidas.
Es fundamental que aprendamos de los errores del pasado y pongamos en práctica medidas concretas y efectivas para evitar que la situación se repita. La contratación de personas sin la capacidad adecuada no solo es irresponsable, sino que también puede tener repercusiones graves para la cohesión social y el desarrollo comunitario. Por ello, es urgente priorizar la idoneidad y la transparencia en el proceso de selección de contratistas. Las administraciones públicas deben implementar mecanismos rigurosos de selección y evaluación que aseguren que solo las personas más capacitadas y comprometidas sean elegidas para prestar servicios públicos.
El desafío es grande, pero no insuperable. Las administraciones públicas tienen, en sus manos, la capacidad de cambiar la narrativa. Una política clara y transparente para la selección y evaluación de contratistas no solo servirá para combatir la corrupción, sino que también asegurará que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Para lograr esto, se necesitan procedimientos bien estructurados, criterios claros de idoneidad y un enfoque decidido hacia la rendición de cuentas.
Las comunidades merecen más que promesas vacías; merecen acciones concretas y efectivas que les permitan avanzar en su desarrollo. El camino hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones y la construcción de una sociedad más justa y equitativa comienza con la elección de los mejores profesionales para desempeñar roles críticos en el gobierno. Solo así podremos garantizar un futuro donde los recursos, en lugar de ser derrochados, se utilicen para el bienestar común y la mejora continua de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Es momento de actuar con responsabilidad y determinación; el desarrollo de nuestras comunidades depende de ello.
