Por: Ernesto Cardoso Camacho
Con lo ocurrido en el debate del Senado en relación con el tema de la Consulta Popular es evidente que el desgaste institucional ha sido considerable por el alto grado de polarización política que ha enfrentado al gobierno con la oposición.
Pero sin duda ello ha servido para que los colombianos entendamos una vez más la calidad de dirigentes que tenemos, pues privilegian sus intereses personales y políticos sobre los de todos los ciudadanos y en general sobre los del país.
Cerca de un año dedicados a tramitar una reforma laboral como iniciativa del ejecutivo que pretende reivindicar beneficios salariales y prestacionales de los millones de trabajadores formales e informales; luego hundida por la mayoría de integrantes de la Comisión Séptima del Senado, decisión apelada que demoraron deliberadamente en resolver durante dos meses; para sostener el pulso político con el gobierno una vez éste apela a la soberanía popular del constituyente primario que convoca a la Consulta, para terminar resolviendo ambos asuntos en una misma sesión caracterizada por la tensión auspiciada por los grandes medios de comunicación, pero sobre todo estimulando las bajas pasiones de la polarización en las redes sociales.
En una democracia seria, con partidos políticos que asuman el disenso para de allí construir acuerdos y consensos; este show mediático no hubiese podido presentarse. Pero la lamentable realidad es que estamos todavía con rezagos de la patria boba en donde se promueve la confrontación y se estimulan las pasiones banderizas, en vez de que quien gobierna gobierne y los opositores ejerzan su derecho democrático a disentir. En este aspecto es necesario reconocer que el sistema vigente, según el cual existen partidos de gobierno, de oposición e independientes, ha hecho metástasis porque con ello lo que se ha incrementado es la corrupción estimulada desde el ejecutivo para obtener apoyos en el legislativo.
Pues bien. Los hechos son tozudos. El pulso político en el Senado lo ha ganado la oposición al hundir la convocatoria de la Consulta, pero también ha ganado el gobierno porque se aprobó la apelación que deja incólume el proyecto de reforma el cual deberá ser aprobado antes del 20 de junio; pues de no llegar a su aprobación así sea con modificaciones producto del consenso; regresaríamos de nuevo a la situación en que estábamos y quizá con una ventaja estratégica en favor del presidente Petro, pues en ésta circunstancia eventual, le otorgarían la razón política en el sentido de que es un congreso indolente frente a los derechos de la población trabajadora.
Por otra parte, estamos en presencia de lo que han llamado la judicialización de la política y su antinomia, la politización de la justicia.
Sigue vigente en el escenario nacional el juicio político contra el expresidente Uribe; la decisión pendiente del Consejo de Estado de declarar o no la pérdida de investidura de 28 congresistas, la mayoría del partido de gobierno; la denuncia de dos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que salvaron sus votos en la imputación y captura de los dos expresidentes del congreso, denuncia instaurada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra los 4 compañeros de Sala que adoptaron esa decisión; las investigaciones en curso contra los ministros Benedeti y Sanguino; las que están también en curso contra exministros y altos funcionarios del gobierno Petro; en fin, un galimatías de denuncias e investigaciones en las que la justicia acostumbra a fallar tarde y permite la prescripción como modalidad de impunidad.
En este panorama es indudable que el desgaste institucional es muy alto y peligroso para la democracia. Lo curioso o paradójico es que, unos y otros, dicen defender esa democracia institucional que ambos sectores están destruyendo. Y mientras tanto, el ciudadano cada vez más incrédulo y desconfiado con los políticos que administran un Estado ineficiente que no garantiza los servicios que le señala la constitución.
