A raíz de los cuestionamientos y críticas dirigidas al significativo número de proyectos de infraestructura paralizados y afectados por fallas en la estructuración y consultorías, por parte de los diputados del Huila, Diario del Huila habló con el contralor departamental para conocer su postura frente a un fenómeno administrativo que afecta los recursos de los huilenses.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
Por: Francy Villarreal Ruiz
Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila, en entrevista con este medio de comunicación, se refirió a las obras inconclusas que reporta la región, las cuales, sin duda, son la consecuencia latente de fallas en los procesos de estructuración de proyectos, que terminan afectando los recursos de los huilenses y dejando obras inconclusas para las comunidades.
Un vivo ejemplo de esta problemática ha sido abordado por Diario del Huila, en obras como la Villa Deportiva de los municipios de Suaza e Isnos, que se encuentran desde hace varios meses paralizadas. En el caso de Suaza, porque se debieron hacer modificaciones a los diseños, y en el de Isnos, porque la obra fue estructurada en una zona de alto riesgo de inundación, donde vale más la obra de mitigación que la construcción del escenario deportivo.
A esto se suman los denominados ‘Colegios de la Felicidad’, un proyecto que lleva cerca de siete años paralizado por múltiples situaciones. Para buscar una alternativa de solución, se contrató una consultoría por alrededor de 441 millones de pesos. Recientemente se supo que, de los seis colegios, solo cinco tendrán resultados, porque nuevamente la obra en Isnos presenta riesgos para la edificación.
Frente a estos casos, Vanegas señaló que varios de estos proyectos se encuentran en análisis profundo para determinar si se continúan ejecutando o, por el contrario, se toma la decisión de no realizarlos ante los múltiples problemas administrativos que representan para el gobierno.
“Definitivamente en el Departamento del Huila hay un número considerable de obras inconclusas, que han sido registradas como tal en el Registro Nacional de Obras Inconclusas; base de datos que es administrada por la Contraloría General de la República, y sobre esa base o información, trabajamos aquí desde la regional”.
Según el titular del ente de control, para lograr resolver los impases que se reportan en cada uno de estos proyectos, se han realizado mesas técnicas tanto con el departamento como con los municipios, con el fin de establecer compromisos y tomar decisiones.
Obras ‘desenredadas’
De acuerdo con el contralor regional, se han hecho esfuerzos importantes para recuperar varios proyectos que estaban en riesgo de no ser culminados y que habían trascendido de gobierno en gobierno sin soluciones.
“Hemos tenido en esta materia un resultado muy positivo, para lo cual se contó con el auspicio del gobierno departamental y las administraciones municipales de Nátaga y Oporapa. Luego de realizarse estas mesas técnicas, las administraciones gestionaron en sus presupuestos, y con el gobierno departamental, para poder culminar estas obras”.
En este caso se incluye la Institución Educativa San José, que hoy en día alberga algo más de 400 estudiantes y presta el servicio de educación. Igualmente, unas pavimentaciones urbanas que se desarrollaban en el municipio de Nátaga fueron culminadas y hoy prestan servicio a la comunidad.
También en el municipio de Elías, donde se encuentra el puente La Palma sobre el río Timaná —que no estaba registrado como una obra inconclusa— se realizó una mesa técnica con el departamento, el municipio, contratistas e interventores, debido a circunstancias que habían demorado su ejecución. Hoy, el gobierno departamental entregó esta obra en servicio a la comunidad.
Asimismo, se ha puesto la lupa sobre obras de infraestructura en los municipios de Oporapa, Saladoblanco y en la nueva torre de la ESE Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Garzón, donde, de primera mano, entre la gerencia, la firma contratista y la firma interventora, se conocen avances en el proceso.
Las consultorías
El contralor también se refirió al preocupante panorama de las consultorías, contratadas para definir el futuro de los proyectos ‘enredados’ durante años, y donde se han invertido millonarios recursos públicos. Es el caso de los ‘Colegios de la Felicidad’, iniciados en seis municipios del Huila.
“Hemos recibido información de primera mano del gobierno departamental, no solamente respecto de los ‘Colegios de la Felicidad’, sino también de unas obras viales en el municipio de Garzón. En el caso de los colegios, esperamos poder conocer el avance real de obra y también el costo real de un nuevo presupuesto, que se hace necesario por el paso del tiempo y la desactualización de precios. Adicional a ello, como es sabido, los materiales de construcción cada día aumentan su valor, lo cual también será cubierto por la consultoría”.
Cabe recordar que solo hasta mediados de septiembre, el contratista de la consultoría se comprometió ante la Asamblea del Huila a entregar dicho informe, que incluirá únicamente cinco de los seis colegios.
El déficit fiscal
Diario del Huila también consultó al contralor sobre el panorama fiscal del departamento y los municipios de su jurisdicción, en especial sobre cuáles llaman la atención en cuanto al manejo de los recursos.
“A modo de conclusión, podemos determinar que el mayor número de hallazgos fiscales que hemos encontrado durante nuestro periodo, en el desarrollo de los planes de vigilancia y control fiscal territorial, corresponde a la falta de planeación en el ejercicio de la actividad contractual por parte de los entes territoriales”, afirmó Vanegas.
Esto se ve reflejado en adiciones presupuestales, suspensiones e interrupciones en la ejecución contractual, hasta tanto se solventen los problemas o se logren adiciones que permitan alcanzar el objeto contractual.
Igualmente, la Contraloría regional ha detectado deficiencias en las Empresas Sociales del Estado (ESE), donde se ha identificado falta de diligencia en la gestión de cartera. Esto no significa únicamente que no estén facturando, sino que no hay cuidado en el proceso, y se facturan procedimientos no autorizados por las EPS o que no corresponden al diagnóstico del paciente.
“Pero también encontramos errores no solo en la pertinencia de la facturación, sino en la oportunidad de la presentación y gestión de cobro. Como es de conocimiento público, las EPS están siendo intervenidas, y producto de esas intervenciones concluyen en liquidaciones”.
Ante este panorama, tristemente se ha encontrado que muchas ESE del Huila no han radicado esas acreencias dentro de los tiempos establecidos por los agentes liquidadores, quedando por fuera, y, en consecuencia, esas obligaciones pasan a ser incobrables.
Sin actualización de estatutos tributarios
Por otro lado, la Contraloría ha evidenciado que los entes territoriales no están actualizando debidamente sus estatutos tributarios ni gestionando adecuadamente los tributos en municipios donde los recursos propios son escasos y dependen mayormente de las transferencias del Gobierno Nacional.
“Encontramos estatutos tributarios donde aún se incluyen tributos que ya han sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional y otros que ya no existen en el orden nacional. También, en lo que respecta a Industria y Comercio, se evidencian carteras muy altas sin una adecuada gestión de cobro. En cuanto a la actualización catastral, creemos que se maneja con una óptica política”.
Según Vanegas, esta situación evidencia una gestión inadecuada que genera detrimento patrimonial y mantiene a las administraciones operando con presupuestos desactualizados.
Sin actualización de tarifas
En lo que respecta a las empresas de servicios públicos, el contralor señaló que no están actualizando las tarifas conforme a los reajustes emitidos periódicamente por las comisiones de regulación.
“Hoy estas empresas están operando con tarifas antiguas, pero adquiriendo insumos a precios de 2025. Están facturando con tarifas de 2021 o 2022, lo cual es ilógico, ya que son empresas con ánimo de lucro que deben ser autosostenibles”.
La no actualización de tarifas suma también una afectación patrimonial, pues se ha dejado de facturar lo que corresponde legalmente.
“El llamado es que, producto de estos procesos auditores, se tomen los informes definitivos como herramientas de gerencia y, con base en los hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales, se adopten medidas correctivas y de mejora”.
Informes fiscales
Según el contralor, en este momento se estructuran los informes preliminares del primero y segundo ciclo de auditorías en modalidad de cumplimiento financiero, de gestión y resultados, realizadas dentro del plan de vigilancia y control fiscal territorial.
“Hasta ahora no se han encontrado hallazgos con connotación penal. Esperamos que los sujetos de control ejerzan su derecho de contradicción y, a partir de ello, estructurar los informes definitivos que podrán ser conocidos por la opinión pública. Básicamente, se auditó en los municipios de Baraya, Tello, Villavieja, Aipe, y actualmente en el segundo ciclo, en Garzón y Pitalito”.
Para el tercer ciclo, de acuerdo con Vanegas, se incluirán hospitales como los de La Plata, Tarqui y San Agustín, así como las Empresas Públicas de Biorgánicos del Sur.
Control fiscal al gobierno “Huila Crece”
En cuanto a la gobernación y entidades descentralizadas del orden departamental, el contralor resaltó que se están atendiendo denuncias presentadas sobre el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, específicamente sobre un bloque que al parecer fue demolido.
“Se está tramitando la denuncia correspondiente y estamos pendientes de fijar fecha para la realización de una audiencia pública participativa. Igualmente, en el caso del Inderhuila, hay casi 20 contratos sin culminar, algunos de ellos datan del gobierno de Carlos Julio González y aún no se han terminado”.
Frente a estos procesos, se busca fijar una fecha para que contratistas, interventores y el Inderhuila informen a la ciudadanía sobre las causas de las demoras en la ejecución y finalización de estos contratos.
“Se trata de unidades deportivas, polideportivos, cubiertas, placas y otras infraestructuras que aún están en ejecución. Queremos saber con certeza qué ha sucedido y a qué se atribuyen estas demoras”.
