Juzgado de Neiva absolvió al Hospital San Antonio de Padua (La Plata, Huila). Familiares alegan irregularidades. Apelaron la decisión y en segunda instancia resolverá el Tribunal Administrativo del Huila.
Diario del Huila, Investigación
Carlos Andrés Pérez Trujillo
En una decisión de primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Edinson Embús Ramos y otros familiares contra la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata (Huila), por la muerte fetal de una bebé durante el parto ocurrido el 12 de junio de 2013.
La decisión de este despacho concluyó que no se probó una falla en el servicio médico que permitiera atribuir responsabilidad al centro hospitalario.
Antecedentes del caso
La demanda fue presentada por los padres de la menor fallecida, Elia Aceneth Gutiérrez López y Edinson Embús Ramos, junto con otros familiares, quienes alegaron que la muerte de la bebé, a quien dieron el nombre póstumo de Isabel Cristina, fue consecuencia de una serie de omisiones y negligencias médicas durante el proceso de parto. Los hechos ocurrieron en el Hospital San Antonio de Padua de La Plata, donde la madre fue atendida tras ingresar en trabajo de parto con 39.6 semanas de gestación.
Los demandantes argumentaron que existió una falla en el control prenatal, omisión de protocolos médicos gineco-obstétricos, y un retardo injustificado en la realización de la cesárea, lo que habría derivado en sufrimiento fetal agudo y posterior muerte intrauterina. También señalaron que no se realizó una transfusión de sangre a la madre, a pesar de que presentaba una hemoglobina baja de 7.9 g/dL, y que no se practicó la necropsia obligatoria para esclarecer la causa del fallecimiento.
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Pretensiones de la demanda
Los demandantes solicitaron que se declarara la responsabilidad administrativa y civil del hospital por los daños morales y materiales sufridos, y exigieron una indemnización que incluía el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) para cada uno de los padres, y 50 smlmv para los hermanos menores y abuelos de la menor fallecida.
La defensa del hospital
El Hospital San Antonio de Padua, a través de su apoderado, se opuso a las pretensiones, argumentando que la atención médica brindada fue adecuada y conforme a los protocolos establecidos. La entidad médica indicó que la cesárea fue ordenada oportunamente, pero que su realización se retrasó debido a la ocupación de los quirófanos por una urgencia de traumatología, situación que calificó como caso fortuito.
Asimismo, la defensa sostuvo que no existía un nexo causal entre la atención prestada y el fallecimiento del feto, y que no se configuraban los elementos necesarios para establecer responsabilidad extracontractual. También se alegó que la paciente había sido atendida previamente en otro centro médico, donde se realizaron los controles prenatales, y que no se detectaron anomalías en las ecografías.
Por su parte, la compañía de seguros La Previsora S.A., llamada en garantía, también se opuso a la demanda, señalando que no existió culpa médica ni relación de causalidad entre la atención prestada y el desenlace fatal. Argumentó además que el acto médico conlleva riesgos inherentes, y que no se configuraron los supuestos para activar la cobertura de la póliza.
Lo que consideró el despacho
El juez Carlos Daniel Cuenca Valenzuela, al analizar el caso, centró su atención en determinar si la atención brindada a la gestante fue adecuada y oportuna, y si existió una falla del servicio médico que pudiera imputarse al hospital.
En su análisis, el juzgado recordó que la responsabilidad del Estado en materia médica se rige por el régimen de falla probada del servicio, lo que implica que corresponde al demandante demostrar el daño, la falla en la prestación del servicio y el nexo causal entre ambos.
Tras examinar las pruebas documentales y testimoniales, el despacho concluyó que no se acreditó una actuación negligente por parte del personal médico. Según el fallo, la paciente fue atendida por un equipo multidisciplinario, se le realizaron controles y exámenes, y se le suministraron los medicamentos necesarios. La cesárea fue ordenada tras constatarse un periodo expulsivo prolongado, y aunque hubo un retraso de aproximadamente 30 a 40 minutos en su realización, este fue considerado razonable dadas las circunstancias.
El fallo también destacó que no se evidenció sufrimiento fetal agudo en los registros clínicos, y que la hemoglobina baja de la paciente no fue determinante en el desenlace, ya que se trataba de una anemia crónica común en la región. Además, se señaló que la macrosomía fetal (peso elevado del feto) y la edad materna (37 años) eran factores de riesgo que pudieron influir en el resultado, sin que ello implicara una falla médica.
Respecto a la falta de necropsia, el juzgado reconoció que, aunque su práctica era obligatoria según la normativa del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, su omisión no fue suficiente para establecer responsabilidad, dado que no se demostró que dicha omisión hubiera impedido esclarecer la causa de la muerte o que hubiera alterado el curso de los hechos.
Validaron las excepciones
En consecuencia, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva declaró probadas las excepciones de “ausencia de los elementos que determinan la responsabilidad” y “ausencia de nexo de causalidad entre el daño y el hecho generador del mismo”, formuladas por el hospital demandado. En virtud de ello, negó las pretensiones de la demanda y ordenó el archivo del expediente una vez ejecutoriada la sentencia.
Muertes fetales en el Huila
Según los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el departamento del Huila ha registrado cifras estables de muertes fetales en los últimos tres años. En el año 2023, se reportaron 327 muertes fetales en el Huila, mientras que en 2022 la cifra fue de 312 casos. Para el año 2021, el total de muertes fetales ascendió a 298, lo que muestra una tendencia levemente ascendente en este indicador de salud pública. Estas cifras corresponden a defunciones ocurridas a partir de la semana 22 de gestación, clasificadas como mortinatos, y son recolectadas a través del sistema RUAF-ND, que consolida los certificados de defunción fetal diligenciados por personal médico autorizado.
Estas estadísticas permiten identificar factores de riesgo asociados a la atención prenatal, condiciones maternas y disponibilidad de servicios médicos en la región. El Huila, con una población mayoritariamente rural y dispersa, enfrenta desafíos en el acceso oportuno a servicios de salud especializados, lo que puede incidir en los desenlaces perinatales.
Las muertes fetales en Colombia
En Colombia, las muertes fetales han sido objeto de seguimiento estadístico por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que consolida esta información a partir de los certificados de defunción diligenciados por personal médico autorizado. Según los datos más recientes, en el año 2023 se registraron 24.862 muertes fetales en el país.
Esta cifra representa una ligera variación respecto a años anteriores y permite identificar factores de riesgo asociados a la edad gestacional, condiciones maternas y calidad de la atención médica.
Para el año 2022, el DANE reportó un total de 23.947 muertes fetales ocurridas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Estas cifras definitivas fueron publicadas en diciembre de 2023 y reflejan una tendencia estable en comparación con años previos. El análisis de estos datos incluye variables como la edad de la madre, el sitio de defunción, el peso del feto, el tiempo de gestación y las causas probables de muerte, lo que permite a las autoridades de salud diseñar estrategias de prevención y mejora en la atención prenatal y perinatal.
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