La reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que se declaró responsable al antiguo secretariado de las FARC por el secuestro de más de 21.000 colombianos, ha generado un fuerte debate nacional.
Aunque se trata de una de las decisiones más relevantes desde la creación de la justicia transicional, el fallo no incluyó penas de prisión, sino sanciones restaurativas de ocho años, como trabajos comunitarios y proyectos en beneficio de las víctimas.
La medida ha sido cuestionada por sectores de la oposición y por víctimas, que consideran la decisión como una señal de impunidad.
En el departamento del Huila, el excongresista Jaime Felipe Lozada, quien fue secuestrado por las FARC durante tres años, expresó su inconformidad.
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“A nosotros nos dijeron siempre que en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno Santos las víctimas íbamos a ser el centro y el núcleo de dicho acuerdo. Con la decisión de la JEP, lo que se ratifica es que nunca fuimos el centro del acuerdo, y que el centro del acuerdo fueron nuestros victimarios”, puntualizó.
Lozada recordó la tragedia que vivió su familia:
“Permanecí tres años secuestrado por la guerrilla de las FARC, mi hermano Juan Sebastián igualmente permaneció secuestrado el mismo tiempo, a mi mamá Gloria Polanco la secuestraron durante casi ocho años y a mi papá Jaime Lozada el mismo grupo guerrillero lo asesinó en el año 2005, en cuyo atentado resulté herido. Lo digo sin rencor pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente”.
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