La sociedad colombiana se encuentra en una completa incertidumbre por la suerte que pueda correr la reforma a la salud, que el gobierno nacional ha querido implementar a la fuerza y por decreto, sin tener en cuenta la opinión de los demás actores que tienen la responsabilidad de manejar el Sistema Nacional de salud. Es una lástima que no se haya elegido el camino de construir sobre lo construido, sino el del cambio que nos lanza a la inseguridad para el futuro del bienestar de las familias colombianas. De nada han servido, las decisiones arbitrarias para buscar soluciones a los grandes problemas que padecen los pacientes cuando acuden a los centros hospitalarios en busca de una atención medica más especializada y humana, así los afectos del presidente al República digan lo contrario. Es desconsolador ver como los usuarios deben hace colas interminables, bajos las inclemencias del clima buscando autorizaciones o en su defecto para recibir los medicamentos que no se encuentran disponibles. Ni mucho menos si se necesita un especialista o un tratamiento operatorio.
De nada han servido las intervenciones de manera unilateral contra todas las EPS, cuyo objetivo es acabarlas. En menos de un año, la gestión de los interventores designados por el gobierno nacional ha sido un desastre. En tan solo 6 meses las deudas hacia los hospitales y clínicas del país agremiados en la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) han aumentado en más de 2,1 billones de pesos. Eso, según datos del estudio de cartera número 52 ACHC, publicado este miércoles y donde se evidencia que, con corte a junio de 2024, a 225 instituciones prestadoras de servicios de salud que reportaron información, les adeudan un total aproximado de 18.9 billones de pesos, lo que representa un incremento de 12,8%, en el monto de cartera respecto a diciembre de 2023. Han sido un fracaso. Y así quieren persistir con el nuevo Proyecto de Ley que busca reformar el Sistema Nacional de Salud, que se encuentra para la consideración del legislativo.
El gobierno nacional les adeuda solamente durante este periodo en mención: las EPS del régimen contributivo que concentran cerca del 50 % de la deuda total, lo que corresponde a 9.4 billones de pesos, seguido por las EPS del régimen subsidiado con 25 % del total de la deuda, lo que se traduce en 4,7 billones de pesos. En tercer lugar, se encuentran los deudores agrupados en la categoría Estado que reportan 9,2 % del total de la deuda, que son 1.7 billones de pesos, incluyendo la deuda de los entes territoriales, la Adres y el extinto Fosyga. Es una lástima, insistimos, que el Gobierno no haya preferido la conciliación. Ahora le corresponde al Congreso dar un debate profundo, informado y de altura, pero en vísperas de elecciones territoriales es difícil sentir esperanza.
