El sector arrocero en Colombia enfrenta una de sus crisis más profundas en los últimos años. La drástica reducción en los precios que los molineros pagan por la carga de arroz en cáscara ha llevado a los pequeños y medianos productores a una situación límite, poniendo en riesgo su sostenibilidad y la seguridad alimentaria del país.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
Frente a la falta de soluciones por parte del Gobierno, el gremio ha anunciado una movilización indefinida en diversas regiones del país, exigiendo medidas urgentes que garanticen su viabilidad económica.
El precio de la crisis: pérdidas millonarias para los productores
Los arroceros han denunciado que el precio actual de 185.000 pesos por carga de 125 kilogramos no cubre los costos de producción, generando pérdidas de hasta 2 millones de pesos por hectárea. Ante esta situación, exigen la fijación de un precio mínimo de 220.000 pesos por carga, argumentando que la industria molinera impone unilateralmente los precios, sin considerar los costos de los productores.
El problema radica en que el precio del arroz que se paga al agricultor es determinado por la industria y varía según la calidad del producto, los costos de producción y los precios internacionales. Sin embargo, los arroceros aseguran que esta variación no se ha dado de manera justa y que la caída de los precios responde a prácticas que afectan directamente su rentabilidad.
Un llamado de alerta: el riesgo para la seguridad alimentaria
Fedearroz, la principal federación del sector, ha advertido que la actual crisis pone en riesgo la estabilidad de la producción arrocera en Colombia, lo que podría afectar la seguridad alimentaria en el mediano plazo. Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, manifestó que los bajos precios desincentivan la siembra, lo que podría generar un déficit en la producción de arroz en el futuro.
El quinto Censo Nacional Arrocero revela una reducción en el número de productores de arroz en el país, pasando de 16.378 en 2016 a 12.999 en 2023. La mayor parte de estos se concentran en la zona Bajo Cauca (4.874 productores) y la zona Centro (3.670). La disminución de arroceros refleja la difícil situación que enfrenta el sector y la creciente incertidumbre sobre su futuro.
Las exigencias del sector: un pliego de peticiones amplio
Los arroceros en huelga han presentado un pliego de peticiones que va más allá de la exigencia de un precio justo para su producto. También piden al Gobierno medidas para aliviar su situación financiera, como la reprogramación de sus deudas con la banca y la implementación de créditos con tasas preferenciales. Además, reclaman la adopción de salvaguardias comerciales para proteger el arroz colombiano de las importaciones provenientes de Estados Unidos, Ecuador y Perú, que han crecido significativamente en los últimos años.
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Según cifras de Fedearroz, en 2023 las importaciones de arroz crecieron un 52%, pasando de 125.111 toneladas a 190.248 toneladas. Ecuador, en particular, tuvo un incremento considerable en sus exportaciones de arroz hacia Colombia, pasando de 3.942 toneladas en 2022 a 56.674 en 2023. Esta situación ha generado preocupación entre los productores locales, quienes consideran que la entrada de arroz importado en condiciones desiguales está perjudicando la competitividad del sector nacional.
Otro de los reclamos de los arroceros es el restablecimiento del incentivo al almacenamiento, un mecanismo que desde 1997 ha permitido regular el mercado al retirar temporalmente los excedentes de arroz y comercializarlos en el primer semestre del año siguiente, cuando los inventarios disminuyen. También solicitan auxilios para el transporte de la cosecha y la contención de plagas que han afectado los cultivos.
¿Cómo responde el Gobierno?
Ante la creciente crisis, el Ministerio de Agricultura, liderado por Martha Carvajalino, ha señalado que desde finales de 2024 se han desarrollado mesas de trabajo con distintos actores de la cadena arrocera para construir soluciones concertadas. Geidy Ortega, viceministra de Asuntos Agropecuarios, invitó a los productores del Tolima, Huila y Meta a participar en la caracterización del sector que actualmente adelantan en colaboración con las secretarías de Agricultura locales.
No obstante, los arroceros consideran que estas medidas son insuficientes y que el Gobierno debe actuar de manera más rápida y efectiva para evitar la quiebra masiva de los pequeños y medianos productores. Mientras tanto, la Cámara Induarroz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que representa a la industria molinera, aún no ha dado una respuesta oficial sobre las denuncias del gremio arrocero.
El riesgo de la concentración del mercado
Uno de los mayores temores del sector es la consolidación de un mercado dominado por un pequeño grupo de industriales, lo que daría lugar a una estructura monopólica en la comercialización del arroz. Óscar Gutiérrez, presidente de Dignidad Agropecuaria, advierte que la industria molinera ejerce un control desproporcionado sobre los precios, lo que afecta a los productores y pone en peligro la estabilidad del mercado.
“Es grave que esto suceda con el único cultivo semestral que mantiene niveles de siembra que alimentan con producción nacional el consumo de los colombianos”, señaló Gutiérrez. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sido llamada a investigar posibles abusos de posición dominante y prácticas desleales en el sector, pero hasta el momento no se han conocido avances en esta investigación.
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