Carlos Yepes A.
La difícil situación que atraviesa el sector arrocero en el Huila y en el país entero es un grito de alerta que no podemos seguir ignorando. La que alguna vez fue una actividad sólida y estratégica para nuestra seguridad alimentaria, hoy enfrenta un panorama sombrío: precios por debajo de los costos de producción, importaciones masivas y competencia desleal que están desplazando al arroz nacional de las mesas colombianas.
Las cifras son contundentes: mientras nuestros agricultores luchan con insumos dolarizados, créditos asfixiantes y una infraestructura deficiente, en los anaqueles de los supermercados proliferan arroces importados. Esta es la consecuencia directa de una apertura comercial que nunca fue acompañada de políticas efectivas de defensa de la producción nacional. Las importaciones, principalmente de países con subsidios agrícolas fuertes, han minado la competitividad de los arroceros colombianos, sin que el Estado haya implementado salvaguardias efectivas para proteger el mercado interno.
En el Huila, el golpe es doblemente doloroso. Somos una de las regiones con mayor tradición arrocera, donde esta actividad no solo genera empleo, sino que mantiene viva la economía de municipios completos como es el caso de Campoalegre. Hoy, sin precios de sustentación ni incentivos al almacenamiento, nuestros agricultores están vendiendo por debajo de lo que les cuesta producir. Cada bulto vendido es una pérdida que ahonda el endeudamiento con el sistema bancario, mientras se ven atrapados en una cadena de intermediarios y especulación.
Por eso, la crisis reclama acciones inmediatas y decididas: Primero, establecer precios de sustentación que garanticen que el productor reciba un valor justo por su arroz, cubriendo al menos sus costos de producción y permitiendo un margen de ganancia digno. Segundo, incentivar el almacenamiento mediante apoyos estatales que permitan conservar la producción en tiempos de sobreoferta, evitando la caída drástica de los precios en las cosechas. Tercero, aplicar salvaguardias comerciales que restrinjan temporalmente las importaciones cuando se demuestre que afectan al mercado interno, como ya lo permite la legislación y los acuerdos internacionales. Cuarto, controlar el precio de los insumos, el costo de los fertilizantes, agroquímicos y maquinaria, deben ser regulados o subsidiados, porque es insostenible seguir produciendo con insumos dolarizados y precios finales deprimidos. Quinto, alivios financieros para deudores agropecuarios, reestructuración de deudas y acceso a créditos blandos para evitar la quiebra definitiva de quienes aún sostienen la producción. Y por último lo más importante, una política pública integral para el arroz que no solo atienda la coyuntura sino que piense el futuro del sector desde la sostenibilidad, la productividad y la innovación tecnológica.
El campo, nuestros campesinos colombianos, no pueden seguir siendo una variable de ajuste en la economía nacional. La crisis arrocera es el reflejo de un modelo que prioriza el comercio por encima de la producción local y, con ello, pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
Desde el Huila hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a todos los actores del sistema productivo pues no podemos permitir que el cultivo de arroz en Colombia desaparezca como una actividad económica rentable. Defender al sector arrocero es defender el trabajo, la economía regional y la capacidad de Colombia para alimentarse a sí misma.
cyepes@hotmail.com
