La reciente incautación de bienes avaluados en más de 6.000 millones de pesos, pertenecientes a la estructura criminal liderada por el fallecido Arnold David Cuéllar, alias ‘Chatarra’, es un duro recordatorio de cómo el crimen organizado se infiltra en las instituciones y opera con impunidad durante años. Más allá de la aprehensión de inmuebles, taxis y vehículos de alta gama, este caso expone un problema estructural: la corrupción dentro de la institucionalidad que permitió a esta organización criminal consolidar su imperio sin mayores trabas durante más de una década.
Las revelaciones sobre la complicidad de algunos miembros de la Policía y agentes de tránsito en el encubrimiento de los delitos de ‘Chatarra’ no pueden quedar solo en palabras y declaraciones oficiales. Si bien la Administración Municipal ha indicado que se han tomado medidas como la rotación y desvinculación de algunos funcionarios, es imperativo que los responsables enfrenten la justicia y no queden protegidos bajo un manto de impunidad. La comunidad neivana tiene derecho a saber quiénes facilitaron el crecimiento de este grupo delincuencial y qué acciones concretas se tomarán para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
La operación que permitió el decomiso de bienes y la captura de varios integrantes de ‘Los Capitalistas’ es un avance, pero no es suficiente. El crimen organizado no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también distorsiona la economía local, genera temor en la población y mina la confianza en las autoridades. La lucha contra estas estructuras criminales debe ser constante y no limitarse a golpes aislados.
Además, el proceso de extinción de dominio sobre los bienes incautados debe ser transparente y eficaz. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene la responsabilidad de garantizar que estos recursos sean utilizados en beneficio de la comunidad y no terminen enredados en trámites burocráticos que permitan su deterioro o, peor aún, que regresen a manos de testaferros.
Este caso también deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La infiltración del crimen organizado en estas entidades es un problema nacional que requiere acciones concretas y coordinadas a nivel local y nacional.
Finalmente, la participación ciudadana es clave en la lucha contra la delincuencia. La denuncia y el seguimiento a las acciones de las autoridades son fundamentales para evitar que estructuras como ‘Los Capitalistas’ vuelvan a operar en la ciudad. Neiva no puede seguir siendo testigo de cómo la ilegalidad se impone sobre la legalidad. Es momento de que el Estado, en todos sus niveles, actúe con determinación y contundencia para recuperar la confianza de la comunidad y garantizar una seguridad real y sostenible.
