En el marco de una Actuación Especial de Fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionadas con la adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI).
Los hallazgos fiscales ascienden a $160 mil millones, comprometiendo el uso adecuado de los recursos públicos destinados a comunidades campesinas y étnicas beneficiarias.
La auditoría, llevada a cabo por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, analizó el período comprendido entre 2022 y el 30 de abril de 2024. Se detectaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 presentan posible incidencia disciplinaria y 6 podrían tener alcance fiscal. Adicionalmente, se solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio debido a inconsistencias en la información suministrada por la ANT.
Principales irregularidades identificadas
1. Compra de predios con suelos inadecuados
Se evidenció que varios terrenos adquiridos por la ANT presentan suelos de clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones. Más del 50% de la superficie de algunos predios comprados cuenta con estas características, incumpliendo la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíben la compra de terrenos con más del 20% de su área en suelos de clase VII y VIII.
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Así mismo, algunos predios presentan humedales en el 30% de su superficie, lo que agrava su viabilidad para proyectos productivos. Esta irregularidad representa un riesgo en el uso de los recursos públicos, con un impacto estimado de $43.306 millones de pesos.
2. Ocupaciones ilegales de predios adquiridos
La auditoría determinó que varios terrenos destinados a comunidades campesinas han sido invadidos debido a la falta de control y custodia de la ANT. La ausencia de un proceso adecuado de recepción material de los predios ha generado un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones de pesos, afectando a las poblaciones sujetas al ordenamiento social de la propiedad.
3. Retrasos en la entrega de predios a comunidades campesinas y étnicas
Se detectaron demoras significativas en la entrega de los predios adquiridos, lo que ha obstaculizado la implementación de proyectos productivos rurales. Solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido oficialmente transferidos y registrados en el folio de matrícula.
De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% han sido entregados a población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y solo el 1% a comunidades negras. Esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales para la ANT por el mantenimiento de tierras ya adquiridas, pero no entregadas. Se estima un posible detrimento patrimonial de $110.322 millones de pesos.
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