Alvaro Hernando Cardona González
En una publicación de EFEverde, del pasado 27 de agosto de 2025, encontramos los resultados de un estudio que sostiene que la exposición prolongada a contaminantes atmosféricos, como el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión, no solo afecta a la salud física, causando especialmente afecciones respiratorias, sino a la salud mental, acelerando el deterioro cognitivo natural al aumentar la edad.
El estudio de la Universidad de León (España) hizo el seguimiento al comportamiento y la salud de ciudadanos británicos nacidos desde 1946, tomando muestras “en adultos de mediana edad (45–64 años) y evaluando su exposición a dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión”, y comparando estos resultados “cuando los participantes tenían entre 69 y 71 años”, deteniéndose en el análisis de “su rendimiento cognitivo y la estructura cerebral mediante pruebas de memoria, velocidad de procesamiento y resonancia magnética”.
Gracias al uso combinado de datos ambientales y neuroimágenes obtenidas por resonancia magnética, concluyó que una mayor exposición al dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión durante la mediana edad está asociado con un procesamiento mental más lento y con “un deterioro de la función cognitiva en la etapa final de seguimiento”.
Esta investigación se suma a las evidencias de que la contaminación atmosférica tiene efectos duraderos sobre la salud física y el cerebro humano. Lo que resaltamos es que, de la mano de esta nueva información científica, surge la necesidad de avanzar en políticas públicas ambientales que incluyan estrategias y acciones para reducir las emisiones, no solo por ser esencial a la salud pública, sino para mejorar el ambiente atmosférico que tiene seguramente incidencias en otras formas de vida (animal y vegetal).
Ya es hora de modernizar, ordenar y sistematizar las políticas ambientales en Colombia. Porque aunque estas surgen con el Decreto Ley 2811 de 1974 (artículos 1 y 2, Código de Recursos Naturales), se fortalece con la Constitución de 1991 y se consolida con la Ley 99 de 1993, solo se plasmaron con los documentos CONPES 2544 de 1991 que estableció los lineamientos de política ambiental (antecedente directo de la Ley 99); el CONPES 2750 de 1994 que adoptó la Estrategia Nacional Ambiental; el CONPES 3100 de 2001 que adoptó la Política Nacional de Biodiversidad y el CONPES 3700 de 2011 sobre Política de Producción y Consumo Sostenible. Necesitamos políticas a no menos de 20 años y acordando que sean los órganos de control mancomunadamente las que las evalúen.
La salud, la vida y la mente sana también abogan por un medio natural adecuado.
