Por Alfredo Vargas Ortiz
Orgullosamente abogado y docente de la Universidad Surcolombiana. Doctor en Derecho,
Universidad Nacional de Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante el persistente bloqueo del Senado de la República a las reformas propuestas en favor del pueblo, ha decidido acudir a la Consulta Popular como mecanismo legítimo de participación ciudadana. Esta figura, consagrada en la Constitución y regulada por la Ley 134 de 1994, establece en su artículo 8º:
“La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.”
Finaliza dicho artículo afirmando que “en todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”.
Es cierto que la Consulta Popular conlleva costos elevados. Sin embargo, esta decisión no surge del capricho presidencial, sino de la sistemática negativa de un Congreso que, en un acto descaradamente antidemocrático, decidió hundir la reforma laboral con una sonrisa en el rostro y sin el más mínimo pudor de estar traicionando a quienes dice representar. Lo hicieron con arrogancia, rechazando una iniciativa cuyo único objetivo era mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores colombianos.
Hoy, cuando las críticas arrecian en plena época preelectoral, algunos congresistas ahora fingen estar dispuestos a dar el debate. Esperamos que el pueblo, con memoria y dignidad, les pase la cuenta de cobro en las urnas.
El Congreso se ufana de ejercer el poder, de frenar el cambio, de preservar el statu quo. Partidos como el Centro Democrático —con Josué Alirio Barrera Rodríguez y Honorio Miguel Henríquez Pinedo—, la Alianza Social Independiente (ASI), con Sor Berenice Bedoya Pérez, el MIRA con Ana Paola Agudelo García, el Partido Conservador con Nadya Georgette Blel Scaff y la huilense Esperanza Andrade Serrano, Colombia Justa Libres con Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, y el Partido Liberal con el senador Miguel Ángel Pinto Hernández, se alinearon para decirle no a la reforma. No quisieron debatir y ahora pretenden que el pueblo acepte en silencio esta afrenta, como si sufriéramos del síndrome de Estocolmo. Pero no será así. Las críticas continuarán hasta que los “representantes del pueblo” empiecen, de una vez por todas, a actuar como tales.
No obstante, y con toda claridad lo digo, no comparto ni justifico los exabruptos verbales del presidente Petro contra el presidente del Senado. Aunque a muchos de estos congresistas los calificativos les quedan cortos, el Presidente de la República es el símbolo de unidad nacional y debe actuar con respeto por la diferencia. La dignidad de su investidura exige mesura, prudencia y ejemplaridad. En tiempos en los que necesitamos una pedagogía del amor y del cambio, no podemos combatir la grosería con más grosería, ni la violencia verbal con insultos. Al contrario, es desde la serenidad, la razón y la dignidad donde se construye la verdadera transformación.
