Por: Mario Solano
El anuncio del presidente sobre la posibilidad de convocar una consulta popular porque unos senadores de la comisión séptima no se dejaron negociar y, aprobar las reformas laboral y de salud deja en evidencia un hecho contundente: Las da por hundidas en el Congreso antes de que finalice su trámite legislativo y aun podemos confiar en el senado. Este reconocimiento implícito revela, un cálculo político estratégico que merece ser analizado. Desde un punto de vista numérico, la viabilidad de la consulta es prácticamente nula. En su mejor momento electoral, el presidente obtuvo algo más de 11 millones de votos para llegar al poder.
Sin embargo, para que esta consulta popular sea válida, se requieren más de 13 millones de sufragios afirmativos, una cifra inalcanzable en su actual fase de desgaste político. Resulta paradójico, entonces, que se plantee una consulta cuando las probabilidades de éxito son mínimas. No obstante, el verdadero propósito de esta maniobra no parece ser la aprobación de las reformas, sino el inicio prematuro de la campaña presidencial.
A través de la consulta, se activaría un escenario de propaganda política financiado con recursos públicos, permitiendo posicionar al oficialismo de cara a las próximas elecciones. La estrategia es evidente: vincular la consulta popular sobre las reformas, con la interconsulta del Pacto Histórico, alineando intereses políticos y destinando una suma colosal de 700 mil millones de pesos en un momento en el que el gobierno expresa falta de recursos para medicamentos, subsidios de energía, educación y, en general, para el bienestar de los ciudadanos.
Esta incoherencia no solo erosiona aún más la popularidad del gobierno, sino que también plantea una contradicción fundamental: ¿cómo es posible que un ejecutivo que enfrenta serias dificultades económicas para garantizar derechos básicos, sí disponga de los fondos para impulsar una consulta política? Queda claro que el interés no radica en el bienestar general, sino en la conveniencia de un reducido círculo político. Históricamente, los gobiernos han gobernado con su base, pero para toda la nación.
Ahora, por primera vez, presenciamos un gobierno que gobierna con su gente, pero ademas, exclusivamente para su gente, dejando al margen al 70 % de la población. Así las cosas, resulta difícil creer que esta consulta pueda prosperar en términos electorales. Pero es innegable que servirá como plataforma para hacer política –o politiquería– a un alto costo para los colombianos. Al final, lo que menos parece importar es el bien común.
